Diputados del Congreso de la ciudad de México coincidieron en fortalecer la protección del patrimonio de la población, especialmente de los adultos mayores, mediante asesoría jurídica y acciones coordinadas para combatir el delito de despojo.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El Congreso de la ciudad de México abrió un nuevo debate sobre el combate al despojo de inmuebles, al coincidir en la necesidad de fortalecer la protección legal del patrimonio de la población, especialmente de las personas adultas mayores, uno de los sectores más afectados por este delito.

Durante los posicionamientos de distintos grupos parlamentarios, legisladores plantearon ampliar la asesoría jurídica gratuita, fortalecer la coordinación con el Gobierno de la ciudad de México y endurecer las acciones contra quienes participan en redes dedicadas al despojo de propiedades mediante la falsificación de documentos.

Las propuestas surgieron en un contexto en el que, de acuerdo con cifras expuestas en tribuna, la capital del país acumula más de 25 mil denuncias por despojo desde 2020, mientras que menos del dos por ciento de los casos han obtenido una resolución judicial.

Proponen asesoría jurídica en módulos legislativos

La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Xóchitl Bravo Espinosa, propuso que los 66 Módulos Legislativos de Atención Ciudadana del Congreso capitalino ofrezcan asesoría jurídica y acompañamiento a personas afectadas por el despojo de inmuebles.

La legisladora también convocó a las 16 alcaldías a participar de manera coordinada en la atención de estos casos, al considerar que son el primer contacto entre el gobierno y la ciudadanía.

Indicó que las demarcaciones de Benito Juárez y Cuauhtémoc concentran un número importante de denuncias relacionadas con este delito, por lo que consideró necesaria una estrategia conjunta entre autoridades y representantes populares.

En el mismo sentido, el diputado Paulo García González respaldó la propuesta de brindar asistencia jurídica desde los módulos legislativos, en coordinación con el Gobierno de la ciudad de México, para evitar la impunidad de servidores públicos, notarios o particulares involucrados en la falsificación de documentos utilizados para despojar a propietarios de sus bienes.

Piden agilizar investigaciones y procesos judiciales

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Lizzette Salgado Viramontes, recordó que durante el año pasado el Congreso local aprobó reformas para fortalecer el combate al despojo y que posteriormente el gobierno capitalino instaló un gabinete especializado para atender este fenómeno.

No obstante, señaló que las cifras reflejan que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente, al referir que más de 25 mil casos de despojo se han registrado en la ciudad de México desde 2020 y que menos del dos por ciento han concluido con una resolución judicial.

Ante este panorama, solicitó a las autoridades de seguridad y procuración de justicia reforzar las investigaciones y acelerar la atención de las denuncias presentadas por las víctimas.

Por su parte, la diputada Olivia Garza afirmó que el incremento de este delito ha afectado principalmente a personas adultas mayores, por lo que pidió agilizar los procedimientos legales iniciados por ciudadanos para recuperar sus propiedades.

Buscan fortalecer el marco legal

El diputado Mario Enrique Sánchez propuso que el Gabinete de Despojos de la ciudad de México mantenga comunicación permanente con los módulos legislativos y las alcaldías para dar seguimiento a los casos que reciben atención ciudadana.

Asimismo, planteó revisar el marco jurídico vigente para fortalecer las herramientas legales de las instituciones encargadas de investigar y sancionar este delito, además de endurecer las penas contra quienes participen en el despojo de inmuebles.

El delito de despojo se ha convertido en una de las principales preocupaciones en materia patrimonial en la ciudad de México, debido a la operación de grupos que presuntamente utilizan documentos falsificados, procedimientos irregulares y vacíos legales para apropiarse de viviendas y otros bienes inmuebles, situación que ha impulsado diversas reformas legales y estrategias institucionales para atender este fenómeno. –sn–

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