Al menos siete periodistas han sido asesinados en México durante 2026. Los casos ocurrieron en Veracruz, Nuevo León, Guerrero, Puebla y Oaxaca, en un contexto de violencia, amenazas e investigaciones sobre posibles vínculos con su labor.

Por Martín García | Reportero                                      

México acumula al menos siete periodistas asesinados durante 2026, de acuerdo con registros difundidos por organizaciones defensoras de la libertad de prensa y medios de comunicación. Los casos se concentran en Veracruz, Nuevo León, Guerrero, Puebla y Oaxaca, entidades donde comunicadores habían cubierto temas de seguridad, corrupción, política y denuncias ambientales.

El caso más reciente es el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca. Con su homicidio, los registros consultados elevaron a siete los periodistas asesinados en México durante los primeros siete meses del año. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una investigación y solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Los homicidios forman parte de un escenario de riesgo para la prensa mexicana. ARTICLE 19 México y Centroamérica, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han documentado casos y reclamado investigaciones que consideren la actividad periodística como una posible línea de investigación.

Los periodistas asesinados durante 2026

Carlos Leonardo Ramírez Castro — Veracruz

Ramírez Castro fue asesinado el 8 de enero en Poza Rica, Veracruz. Tenía 26 años, dirigía el portal Código Norte Veracruz y cubría información de seguridad y nota roja.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación y señaló que no descartaba ninguna línea relacionada con el homicidio. El periodista había recibido medidas de protección en 2024, las cuales dejaron de estar vigentes después de que abandonó temporalmente el estado.

Juan David Gámez — Nuevo León

El 18 de marzo fue asesinado Juan David Gámez, director del portal Táctica SS, en el municipio de García, Nuevo León.

Gámez cubría principalmente seguridad, corrupción, narcotráfico, violencia y operativos policiales. La UNESCO condenó el homicidio y pidió una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias y responsabilidades del crimen.

Luis Ángel López Valdés — Veracruz

Luis Ángel López Valdés, reportero de Vanguardia de Veracruz especializado en información policiaca, fue asesinado el 11 de junio en Poza Rica.

ARTICLE 19 informó que el comunicador contaba con medidas otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y pidió mantener abierta la línea de investigación relacionada con su trabajo periodístico.

El homicidio convirtió a López Valdés en el segundo periodista asesinado durante 2026 en Poza Rica, después de Ramírez Castro.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez — Veracruz

Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital, Veracruz. La periodista era directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

El 3 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó mediante pruebas periciales que los restos localizados durante las investigaciones correspondían a la comunicadora. Para entonces se habían ejecutado ocho órdenes de aprehensión por el caso.

La investigación adquirió una dimensión adicional debido a que entre los detenidos se encontraban policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. El 6 de agosto, el Congreso de Veracruz retiró la inmunidad procesal al alcalde de ese municipio, Raúl González Martínez, lo que permitió avanzar hacia un proceso penal en su contra por su presunta participación en el crimen.

Manuel Alejandro Moreno Serna, Alex Serna — Guerrero

Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, era comunicador y activista ambiental en Guerrero. Fue reportado como desaparecido el 20 de junio y posteriormente localizado sin vida en la región de Zihuatanejo.

Serna difundía denuncias sobre afectaciones ambientales, obras sin permisos y posibles irregularidades en la zona. Antes de su desaparición había publicado amenazas recibidas a través de redes sociales, en las que le exigían dejar de realizar publicaciones.

Su muerte provocó protestas de periodistas en Chilpancingo, quienes reclamaron el esclarecimiento del caso y una investigación que determine si su actividad informativa estuvo relacionada con el homicidio.

Josué Martínez Contreras — Puebla

Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado el 16 de julio en Puebla.

El periodista, abogado y docente fue atacado a unos metros de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que investigaría el homicidio bajo el protocolo de protección a periodistas y comunicadores para determinar si existía relación con su actividad profesional.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar — Oaxaca

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, mientras se encontraba en un establecimiento de alimentos.

El periodista era autor de la columna y espacio audiovisual El Zumbido del Moscardón y había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que procesó la escena, revisó registros de videovigilancia y abrió todas las líneas de investigación.

ARTICLE 19 pidió mantener como línea prioritaria la posible relación entre el homicidio y la labor periodística de Leyva Aguilar. La organización señaló que el asesinato ocurrió después de otros cuatro homicidios de periodistas documentados durante las seis semanas previas.

¿Por qué las cifras pueden variar?

El número de periodistas asesinados puede variar entre organizaciones debido a sus criterios para determinar cuándo un homicidio tiene una posible relación con el ejercicio periodístico.

Algunas organizaciones incluyen casos cuando existen indicios de que el crimen pudo estar relacionado con la actividad profesional de la víctima, mientras otras mantienen determinados expedientes en revisión hasta contar con mayores elementos.

Por ello, resulta relevante diferenciar entre el homicidio de una persona que ejercía el periodismo y aquellos casos en los que existen elementos para considerar que el crimen pudo estar motivado por su trabajo. La determinación del móvil corresponde a las autoridades ministeriales mediante investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales.

Veracruz concentra varios de los casos

Veracruz concentra tres de los siete homicidios incluidos en los registros consultados: Carlos Leonardo Ramírez Castro, Luis Ángel López Valdés y Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

La entidad arrastra además un historial de violencia contra periodistas. ARTICLE 19 ha documentado decenas de asesinatos de comunicadores en Veracruz desde el año 2000 y mantiene al estado entre los territorios con mayores riesgos para el ejercicio periodístico.

La situación de 2026 también muestra que la violencia contra la prensa no se limita a una sola región. Los casos documentados se distribuyen entre cinco entidades y abarcan coberturas relacionadas con seguridad, política, corrupción, medio ambiente y asuntos comunitarios.

Investigación y protección, los principales reclamos

Los organismos defensores de la libertad de expresión han insistido en que los homicidios de periodistas deben investigarse sin descartar desde el inicio la relación con su actividad profesional.

La UNESCO ha señalado que los asesinatos de periodistas afectan no sólo a las víctimas y sus familias, sino también el derecho de la población a recibir información. El CPJ, por su parte, mantiene registros individuales de periodistas asesinados y documenta las circunstancias de cada caso.

En este contexto, el esclarecimiento de los siete homicidios registrados durante 2026 y la identificación de los responsables serán determinantes para establecer si las investigaciones logran agotar las líneas vinculadas con el ejercicio periodístico y evitar que los casos permanezcan impunes. –sn–

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