Meta descripción: Carlos Manuel Bandala González fue separado del INM en Quintana Roo tras denuncias sobre documentos migratorios irregulares, presunta falsificación y posibles vínculos con una red que habría utilizado registros de menores para facilitar residencias.
Mauricio Ortega | Corresponsal
El almirante Carlos Manuel Bandala González fue separado de la titularidad de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en trámites de regularización migratoria.
Las denuncias señalan un supuesto esquema mediante el cual menores habrían sido registrados como hijos de ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, sin que existiera necesariamente un vínculo familiar real. El mecanismo habría permitido gestionar residencias bajo el criterio de unidad familiar.
De acuerdo con reportes, la investigación también contempla posibles falsificaciones documentales y presuntos vínculos con trata de personas cuando estarían involucrados menores. Hasta el momento, no existe una resolución judicial que atribuya responsabilidad penal a Bandala González.
Investigan trámites migratorios irregulares
Según las denuncias difundidas, el supuesto procedimiento habría utilizado información y documentación falsa para aparentar relaciones de parentesco entre menores y extranjeros que buscaban regularizar su situación migratoria en México.
En algunos casos, los documentos presuntamente habrían incorporado apellidos relacionados con los propios solicitantes para reforzar la apariencia de un vínculo familiar.
Reportes sobre la investigación señalan que habrían sido detectados alrededor de 935 expedientes considerados irregulares, aunque las cifras y el alcance de la indagatoria requieren confirmación oficial por parte de las autoridades responsables.
Las versiones difundidas también refieren pagos por los trámites. Algunas publicaciones hablan de cantidades de entre 10 mil y 15 mil pesos, mientras otras mencionan cobros de hasta 5 mil dólares; por ello, el monto señalado no puede darse por confirmado.
Posibles delitos, bajo investigación
Las irregularidades denunciadas podrían involucrar delitos relacionados con falsificación de documentos, suplantación de identidad y uso indebido de registros públicos, dependiendo de lo que determinen las autoridades ministeriales.
La posible trata de personas representa uno de los señalamientos más delicados debido a la referencia a menores. Sin embargo, las fuentes consultadas no reportan hasta ahora una resolución judicial que establezca que Bandala González haya cometido ese delito.
Tampoco existe, al momento de esta publicación, un pronunciamiento público del INM que explique oficialmente las causas de la separación del funcionario o confirme el alcance de una investigación penal en su contra. El directorio público del instituto consultado todavía lo identificaba como titular de la oficina de Quintana Roo.
Bandala llegó al cargo en 2023
Carlos Manuel Bandala González asumió la titularidad de la Oficina de Representación del INM en Quintana Roo en enero de 2023, cuando el entonces comisionado Francisco Garduño Yáñez le tomó protesta. El relevo formó parte de un programa institucional de rotación de titulares y personal directivo.
Durante su gestión, Bandala González apareció en reuniones oficiales relacionadas con la operación migratoria en el Aeropuerto Internacional de Cancún y con autoridades estatales y consulares.
En abril de 2026, por ejemplo, el Consulado General de Guatemala en Cancún informó sobre una reunión con Bandala para fortalecer la coordinación en materia de atención a ciudadanos guatemaltecos.
Mauricio Patiño asumiría la representación
Los reportes publicados este 19 de agosto señalan que Mauricio Alejandro Patiño Arroyo quedó al frente de la representación del INM en Quintana Roo después de la salida de Bandala González. La dependencia federal no había informado públicamente, al momento de la consulta, los detalles administrativos del relevo.
El caso permanece sujeto a las investigaciones correspondientes. Cualquier responsabilidad administrativa o penal deberá determinarse mediante los procedimientos establecidos y, en su caso, por las autoridades competentes. –sn–


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