El diputado del PAN, Mario Sánchez Flores, planteó reformar el Código Penal de la Ciudad de México para considerar permanente el despojo mientras la víctima continúe privada de su inmueble y cerrar vacíos que dificultan la recuperación del patrimonio.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Cerrar los vacíos legales que, según su planteamiento, permiten que una invasión de vivienda o inmueble se prolongue mientras avanza el tiempo es el objetivo de una iniciativa presentada por el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Sánchez Flores, para reformar el Código Penal de la Ciudad de México y ampliar la clasificación jurídica del delito de despojo.

La propuesta busca que el despojo sea considerado un delito de carácter continuo o permanente mientras la persona afectada permanezca privada de la posesión o del uso de su patrimonio. El planteamiento pretende modificar el momento a partir del cual se considera consumado el ilícito y, con ello, evitar que el paso del tiempo favorezca a quienes mantienen ocupado un inmueble de manera ilícita.

La iniciativa se integra a la estrategia legislativa denominada “Patrimonio Seguro”, impulsada por la bancada panista para combatir el despojo inmobiliario mediante reformas en distintas áreas del marco jurídico capitalino. El paquete contempla medidas relacionadas con la propiedad, el ámbito fiscal, la actividad notarial y los servicios inmobiliarios.

¿Qué propone cambiar Mario Sánchez?

El planteamiento parte de una discusión jurídica que durante años ha acompañado al delito de despojo: determinar si se trata de un ilícito de consumación instantánea o si sus efectos deben considerarse permanentes mientras continúe la ocupación indebida del inmueble.

La propuesta de Sánchez busca que la conducta permanezca jurídicamente vigente mientras la víctima siga privada de su patrimonio. Con ello, la invasión no quedaría limitada al momento inicial en que una persona ocupa el inmueble, sino que se mantendría mientras persista la afectación.

El objetivo planteado por el legislador es cerrar un espacio que, desde su perspectiva, puede dificultar la recuperación de viviendas, terrenos y otros bienes inmuebles cuando los procedimientos se prolongan durante años.

La discusión no es nueva en el ámbito jurídico capitalino. Documentos del propio Congreso de la Ciudad de México han registrado posiciones encontradas sobre la naturaleza del delito y los efectos que tendría considerarlo permanente.

El problema: cuando el tiempo juega a favor del invasor

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que una persona que ocupa ilegalmente un inmueble puede permanecer durante un periodo prolongado mientras la víctima enfrenta procedimientos judiciales para recuperar la propiedad o posesión.

El planteamiento de Sánchez pretende modificar esa dinámica: mientras subsista la ocupación ilícita y la víctima continúe privada de su patrimonio, el delito conservaría su carácter permanente.

La propuesta debe analizarse, sin embargo, dentro de los procedimientos legislativos y judiciales correspondientes. Presentar una iniciativa no modifica por sí mismo el Código Penal ni cambia automáticamente los criterios de los tribunales.

El antecedente jurídico de la controversia

La naturaleza del despojo ha sido objeto de análisis dentro del Congreso capitalino. Un documento legislativo explica que existe jurisprudencia y discusión jurídica respecto de si el delito se consuma en el momento en que una persona invade y toma posesión indebida del inmueble o si puede considerarse permanente mientras continúa la ocupación.

La diferencia tiene consecuencias prácticas.

Si se considera un delito instantáneo, el momento de consumación ocurre cuando se realiza la conducta que configura el despojo. Si se reconoce como permanente, la afectación jurídica puede prolongarse mientras continúe la conducta ilícita.

En estudios legislativos previos del Congreso capitalino se han documentado modelos de otras entidades donde el despojo tiene expresamente la calidad de permanente mientras subsiste la detentación material del inmueble por quien comete el ilícito.

El despojo y la recuperación de viviendas

La discusión tiene una dimensión directamente relacionada con las víctimas. Una persona que pierde la posesión de su vivienda o terreno puede enfrentar simultáneamente un procedimiento penal y controversias civiles para acreditar su derecho sobre el inmueble.

El problema se complica cuando aparecen documentos falsos, contratos simulados, suplantación de identidad, modificaciones registrales o mecanismos utilizados para intentar dar apariencia de legalidad a una ocupación.

Precisamente por ello, la estrategia “Patrimonio Seguro” no se limita a la modificación penal. La primera iniciativa presentada por Sánchez contempla cambios al Código Civil, Código Fiscal, Ley del Notariado y Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios.

Entre las medidas propuestas está impedir que una posesión originada mediante despojo, violencia, fraude, simulación, suplantación de identidad o falsificación documental pueda convertirse en propiedad simplemente por el transcurso del tiempo.

Predial y catastro no acreditarían la propiedad

Otro de los componentes de la estrategia consiste en evitar que documentos fiscales sean utilizados como si fueran títulos de propiedad.

La propuesta plantea precisar que el pago del impuesto predial, la inscripción en una cuenta catastral o la existencia de constancias fiscales no acrediten por sí mismas la propiedad de un inmueble ni sustituyan la escritura correspondiente.

Este punto busca atender uno de los mecanismos que, de acuerdo con los argumentos legislativos, pueden utilizarse para generar una apariencia documental de propiedad.

También plantea controles para notarías e inmobiliarias

La estrategia contempla además mayores controles en las operaciones inmobiliarias.

Para las notarías se propone reforzar la revisión de identidad, poderes, documentos, antecedentes registrales y trazabilidad de los pagos cuando existan elementos objetivos que ameriten una revisión adicional.

En el caso de las empresas y profesionales inmobiliarios, la iniciativa busca incrementar las obligaciones de verificación y documentación de las operaciones en las que intervengan.

El propósito es que una eventual operación irregular pueda ser detectada antes de que llegue a convertirse en una modificación registral o en una operación de compraventa aparentemente válida.

Un problema que acumula miles de investigaciones

La dimensión del problema también forma parte de los argumentos utilizados por el PAN.

De acuerdo con cifras citadas por Sánchez, entre enero de 2020 y abril de 2026 se iniciaron 25 mil 18 carpetas de investigación por despojo en la Ciudad de México. El legislador también ha señalado que sólo una proporción reducida de las carpetas llega a judicialización.

En agosto, Sánchez también había advertido sobre la concentración territorial de los casos. Según cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México citadas por el legislador, Iztapalapa registraba 386 carpetas, Gustavo A. Madero 285, Tlalpan 214 y Álvaro Obregón 205 en el periodo reportado.

Estos datos forman parte de la argumentación política para impulsar una estrategia que no se concentre exclusivamente en aumentar las sanciones, sino que busque prevenir el despojo y facilitar la recuperación de los inmuebles.

La estrategia “Patrimonio Seguro”

La reforma al Código Penal forma parte de una estrategia más amplia anunciada por el PAN capitalino para combatir el despojo inmobiliario.

El paquete legislativo plantea actuar en distintas etapas: prevenir que ocurra la invasión, impedir que una ocupación irregular adquiera apariencia de legalidad, reforzar los controles sobre operaciones inmobiliarias y facilitar la restitución del patrimonio a las víctimas.

La iniciativa también se suma a otras propuestas anunciadas por la bancada para crear mecanismos especializados contra el despojo, mejorar la atención a las víctimas y fortalecer la actuación de autoridades. –sn–

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