¿Será que el virus de la gripa, que mantienen a la mandataria Sheinbaum Pardo convaleciente, habá sido sinaloense?

Dicen que una gripa puede comenzar con un estornudo y terminar en cama. En la política mexicana, algunas gripes tienen síntomas más complejos, aparecen en Sinaloa, viajan hasta Washington, hacen escala en Argentina y terminan en Palacio Nacional.

Rubén Rocha Moya volvió este viernes a la gubernatura de Sinaloa, después de más de tres meses de licencia. Regresó con una acusación estadunidense sobre la espalda y con la defensa de su inocencia como principal argumento.

La historia no comenzó en abril de 2026. En agosto de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada aseguró que acudió a una reunión en Sinaloa porque Joaquín Guzmán López le habló de un encuentro para resolver diferencias entre Rocha y Héctor Melesio Cuén Ojeda. Rocha negó haber participado.

Aquella versión provocó una tormenta política. Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador y Claudia Sheinbaum, entonces presidente electa, también expresó su apoyo. El asunto parecía destinado a convertirse en otra batalla política entre acusaciones y desmentidos.

Pero llegó abril de 2026 y la historia cambió de dimensión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Rocha y a otros funcionarios de Sinaloa de conspiración relacionada con narcotráfico y armas, además de presuntos vínculos con Los Chapitos.

Según la acusación estadunidense, Los Chapitos habrían ayudado a Rocha Moya en su campaña de 2021 y, a cambio, recibido protección política para sus actividades criminales. Es una imputación gravísima, no una sentencia. Rocha la rechaza.

Y aquí aparece el verdadero problema, no basta con creerle a Rocha, ni basta con creerle a Washington. Una acusación de esta magnitud exige pruebas, investigación independiente y resultados judiciales, que aún no se hacen presentes de manera pública.

Uno de los señalados ya enfrentó a la justicia estadunidense. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y armas. El expediente sostiene que recibió pagos de Los Chapitos.

El caso tampoco puede desligarse de la violencia que sacude Sinaloa desde la ruptura entre facciones del Cártel de Sinaloa. Mucho menos del asesinato de Cuén y del secuestro de Zambada, asuntos que todavía arrastran preguntas incómodas.

Claudia Sheinbaum ha optado por una posición institucional, México requiere elementos de prueba antes de proceder contra un gobernador mexicano. Esa postura puede ser defendible desde el derecho, siempre que no se convierta en una excusa para no investigar.

La mandataria ha mantenido además un trato cuidadoso hacia Rocha Moya. No lo ha condenado públicamente ni ha convertido una acusación extranjera en sentencia. Esa prudencia merece atención, porque gobernar también significa resistir la presión para dictar culpabilidades antes que los tribunales.

Pero prudencia no significa inmovilidad. Si existen indicios, deben investigarse. Si no existen pruebas, debe quedar claro. Y si aparecen pruebas suficientes, nadie puede estar por encima de la justicia, tenga o no fuero.

La pregunta que queda para México es incómoda: ¿qué ocurre cuando un gobernador es acusado por Estados Unidos de colaborar con una organización criminal, niega los hechos, México dice no haber recibido pruebas suficientes y, aun así, el político vuelve a gobernar?

Tal vez la verdadera enfermedad no sea una «gripa sinaloense«. Tal vez sea la vieja fiebre mexicana de confundir lealtad política con certeza jurídica. Y esa fiebre sí puede contagiar a todo un país.

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