Rigoberto Brown Cantú se entregó en Houston ante autoridades de Estados Unidos y obtuvo libertad bajo fianza. En México, su hermano Roberto es investigado por huachicol fiscal y enfrenta una orden de aprehensión relacionada con Mefra Fletes.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

Rigoberto Blanco Cantú, también identificado como Rigoberto Brown Cantú, se entregó voluntariamente ante autoridades federales de Estados Unidos y quedó en libertad después de pagar una fianza de un millón de dólares, mientras en México su hermano Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal vinculada con la empresa Mefra Fletes.

La situación de ambos hermanos se desarrolla en investigaciones distintas pero relacionadas por antecedentes familiares, empresas de transporte y pesquisas sobre operaciones ilícitas de hidrocarburos. Rigoberto enfrenta en Estados Unidos un proceso por presuntos delitos financieros y su relación con una organización criminal investigada en Texas, mientras Roberto es señalado en México por presuntamente participar en una estructura que habría introducido combustible de contrabando al país mediante operaciones empresariales y documentación irregular.

El caso adquiere relevancia porque Mefra Fletes aparece en las investigaciones mexicanas como una de las empresas utilizadas para transportar y distribuir hidrocarburos cuyo ingreso al país es objeto de investigación federal. La FGR mantiene una causa penal en la que se indagan operaciones de la compañía y de varios de sus socios y operadores.

Rigoberto Brown se entrega en Houston

Rigoberto Brown Cantú se presentó voluntariamente ante autoridades federales estadounidenses en Houston, Texas, de acuerdo con reportes publicados este jueves. Tras depositar una fianza de un millón de dólares, enfrentará su proceso en libertad.

Su nombre aparece en una investigación judicial estadounidense iniciada en 2022 contra una organización encabezada por Carlos Fabián Martínez, identificado por autoridades estadounidenses como integrante de una estructura vinculada con el Cártel del Golfo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene un expediente penal denominado United States v. Carlos Favian Martinez, et al., en el que figura Rigoberto Brown Cantú Jr. entre los acusados. El caso contempla cargos relacionados con lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, además de otras conductas anticompetitivas investigadas por las autoridades estadounidenses.

Reportes sobre el expediente señalan que la organización investigada operaba en la frontera entre Texas y Tamaulipas y que sus actividades incluían presunta extorsión a agencias aduanales y operaciones para ocultar recursos obtenidos ilícitamente.

La entrega de Rigoberto representa un cambio respecto de reportes anteriores que lo ubicaban con una orden de arresto vigente en Texas. En documentos legislativos mexicanos publicados en marzo de 2026 todavía aparecía como una persona señalada dentro de esa investigación estadounidense.

Roberto Blanco, bajo investigación en México

El caso de Roberto Blanco Cantú es distinto. La FGR lo investiga por su presunta participación en una red de huachicol fiscal y desde septiembre de 2025 existe una orden de aprehensión en su contra relacionada con el transporte y almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

La investigación se fortaleció después del aseguramiento de millones de litros de combustible en Baja California y Tamaulipas. En el predio de Ensenada donde fueron asegurados más de ocho millones de litros de combustible se localizaron tractocamiones y pipas vinculados con Mefra Fletes y otras empresas relacionadas con el caso.

De acuerdo con las investigaciones citadas por autoridades y medios, Mefra Fletes habría participado en el traslado de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos que ingresaron a México mediante operaciones que presuntamente utilizaron documentación alterada o clasificaciones distintas a la naturaleza real de la mercancía.

Una investigación periodística de N+ documentó que una red de más de 15 empresas habría realizado más de 15 mil operaciones aduanales para introducir combustible desde Estados Unidos, utilizando, entre otros mecanismos, registros que presentaban diésel como aditivo para aceites y lubricantes.

Mefra Fletes, pieza central de la investigación

Mefra Fletes fue constituida en 2015 en Guadalajara, Jalisco. En 2019, Roberto Blanco Cantú y José René Tijerina Mendoza se convirtieron en socios de la empresa, que posteriormente amplió sus operaciones a entidades como Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas, además de abrir oficinas en McAllen, Texas.

Las autoridades han identificado a Mefra Fletes como una de las compañías relevantes dentro de la investigación sobre el contrabando de combustibles. También aparecen en las pesquisas Autolíneas Roca y otras empresas de transporte relacionadas con el movimiento del hidrocarburo.

La dimensión de la estructura es uno de los elementos que explica el interés de las autoridades federales. Las investigaciones han relacionado a empresas transportistas, operadores aduanales, funcionarios y particulares con distintas etapas del ingreso, almacenamiento y distribución del combustible.

En septiembre de 2025, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra Roberto Blanco Cantú y varios de sus presuntos operadores por delitos relacionados con el transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Entre los detenidos de esa investigación estuvo Anuar González Hemadi, quien había fungido como apoderado legal de Mefra Fletes.

El aseguramiento que puso a Mefra bajo la lupa

Uno de los episodios centrales de la investigación ocurrió en marzo de 2025, cuando autoridades aseguraron aproximadamente 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, después de que el combustible había sido transportado en un buque tanque.

La carga había sido declarada como un producto distinto del diésel, de acuerdo con las investigaciones difundidas posteriormente. El caso permitió a las autoridades reconstruir una ruta que involucraba transporte marítimo, empresas de autotransporte y almacenamiento terrestre.

Otro aseguramiento relevante ocurrió en Ensenada, Baja California, donde fueron localizados más de ocho millones de litros de combustible. La FGR vinculó este operativo con la investigación que posteriormente derivó en la orden de aprehensión contra Roberto Blanco Cantú.

Estos decomisos fueron fundamentales para la construcción de las investigaciones federales sobre el denominado huachicol fiscal, una modalidad que no depende del robo directo de combustible de ductos, sino del ingreso, traslado o comercialización irregular de hidrocarburos mediante operaciones comerciales y aduaneras presuntamente simuladas.

¿Qué papel tiene el amparo de Roberto?

Roberto Blanco Cantú ha utilizado recursos de amparo para intentar frenar posibles actos de autoridad. En febrero de 2026, un juez federal admitió una nueva demanda de amparo promovida por el empresario. Sin embargo, el juzgado que recibió el asunto inicialmente declinó competencia y lo remitió a otro órgano jurisdiccional.

Un punto importante es que la admisión del amparo no equivale por sí misma a la suspensión de la orden de aprehensión. En la resolución reportada en febrero, el juzgado que recibió el expediente confirmó la admisión, pero no se había pronunciado sobre la suspensión de los actos reclamados.

Por ello, la situación jurídica de Roberto debe distinguirse de una cancelación o anulación de la orden de captura. Reportes posteriores de mayo de 2026 continuaban señalándolo como prófugo y confirmaban que la FGR mantenía vigente la búsqueda en su contra.

La investigación rebasa a una sola empresa

El expediente mexicano forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el huachicol fiscal y posibles redes de corrupción en aduanas y puertos.

Las autoridades han identificado la participación de empresarios, transportistas, funcionarios aduanales, integrantes de la Secretaría de Marina y otros operadores. En septiembre de 2025 fueron detenidas 14 personas vinculadas con una de las investigaciones, entre ellas empresarios, marinos en activo, un marino retirado y exfuncionarios de aduanas.

En este contexto también fueron investigados los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, exmandos de la Secretaría de Marina, por su presunta participación en otra estructura relacionada con el contrabando de combustibles. El caso se convirtió en una de las principales investigaciones federales contra redes de huachicol fiscal en México.

Las autoridades han sostenido que el fenómeno involucra rutas marítimas y terrestres, empresas de transporte y mecanismos para ocultar el verdadero origen o naturaleza de los hidrocarburos.

Dos hermanos, dos procesos judiciales

La entrega de Rigoberto en Estados Unidos y la situación de Roberto en México colocan a los hermanos Blanco Cantú en dos investigaciones que se desarrollan en jurisdicciones distintas.

En el caso estadounidense, Rigoberto Brown enfrenta un proceso federal y obtuvo libertad bajo fianza después de presentarse voluntariamente ante las autoridades. Su expediente se relaciona con una investigación sobre una organización criminal que operaba en la frontera entre Texas y Tamaulipas. –sn–

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