Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable en Estados Unidos de participar en el lavado de unos 4 millones de dólares del narcotráfico mediante criptomonedas; enfrenta hasta 20 años de prisión.

Por Martín García | Reportero                                      

Carlos Erick Vázquez González, mexicano de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico y transferir esos recursos a México mediante criptomonedas.

De acuerdo con documentos judiciales, Vázquez González recibía en una billetera de criptomonedas bajo su control los recursos obtenidos de actividades de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses. Después transfería rápidamente los activos digitales para ocultar su procedencia.

El dinero era convertido posteriormente en dólares estadounidenses en México y entregado en efectivo al intermediario encargado de coordinar la recolección de las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos. Por su participación en el esquema, Vázquez González habría recibido una comisión de aproximadamente 40 mil dólares.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

Vázquez González se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 17 de diciembre de 2026 ante un tribunal federal del Distrito Este de Kentucky.

El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez federal después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores previstos por la legislación.

El caso fue anunciado por A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos; Jason Parman, fiscal federal para el Distrito Este de Kentucky, y Jim Scott, agente especial a cargo de la División de Campo de Louisville de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Investigación involucró a agencias de EU y México

La investigación estuvo encabezada por la oficina de la DEA en Lexington, con apoyo de las divisiones de campo de Detroit y las Montañas Rocosas, además de oficinas de la agencia en distintas ciudades de Estados Unidos y México.

También participó la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), como parte de las pesquisas financieras relacionadas con el movimiento de los recursos.

El procesamiento está a cargo de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Kentucky.

El caso forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una estructura interinstitucional estadounidense creada para investigar y procesar actividades relacionadas con cárteles, organizaciones criminales transnacionales, tráfico de personas y otras redes delictivas. –sn–

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