A 25 años del 11-S, Guantánamo, la pena de muerte y la falta de rendición de cuentas mantienen abierto el debate sobre los derechos humanos en Estados Unidos.

Por Martín García | Reportero                                      

El 11 de septiembre de 2026 marca 25 años de los atentados terroristas que dejaron cerca de 3 mil muertos en Estados Unidos y que desencadenaron una transformación profunda de la política de seguridad del país. Un cuarto de siglo después, el legado de la llamada “guerra contra el terror” continúa asociado a detenciones indefinidas, tortura, procesos militares cuestionados y falta de rendición de cuentas.

La revisión de ese periodo adquiere especial relevancia después de que Estados Unidos celebró el 4 de julio de 2026 el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, cuyo principio de que todas las personas nacen iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad fue reivindicado por el presidente Donald Trump.

La paradoja entre esos principios y algunas de las políticas adoptadas en nombre de la seguridad nacional vuelve a colocar en el centro del debate el cumplimiento de los derechos humanos, particularmente ante la permanencia de detenidos en Guantánamo y el uso de la pena de muerte.

El 11-S y el giro de la política antiterrorista

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush declaró la denominada “guerra contra el terror”. El Congreso aprobó pocos días después la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, con la que amplió las facultades del gobierno para emprender acciones contra los responsables de los ataques y sus organizaciones.

La respuesta estadounidense derivó en operaciones militares en Afganistán e Irak y en un sistema de detenciones que incluyó centros secretos administrados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), interrogatorios coercitivos y personas recluidas durante años sin cargos ni juicio.

Las denuncias sobre tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones al derecho internacional se convirtieron en uno de los aspectos más controvertidos de la política estadounidense posterior al 11-S.

Guantánamo mantiene abierto el capítulo de la “guerra contra el terror”

Veinticinco años después de los atentados, la prisión instalada en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, continúa operando.

De acuerdo con el balance citado por Amnistía Internacional, 15 hombres permanecen detenidos. Algunos llevan más de dos décadas bajo custodia estadounidense y otros enfrentan procesos ante comisiones militares, mientras existen casos de personas sometidas a detención indefinida sin juicio.

La organización ha cuestionado que el sistema de Guantánamo mantenga mecanismos de detención incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos, particularmente por la posibilidad de encarcelamiento indefinido sin cargos ni juicio y por las deficiencias señaladas en los procesos militares.

El caso de Guantánamo también mantiene una dimensión jurídica relacionada con los atentados de 2001: la búsqueda de justicia para las víctimas se ha desarrollado durante décadas en procedimientos cuya legalidad y garantías procesales han sido objeto de controversia.

Pena de muerte: otra contradicción pendiente

El derecho a la vida constituye otro de los puntos de tensión en el debate sobre los derechos humanos en Estados Unidos.

En 2025, el país registró 47 ejecuciones, la cifra más alta en más de 15 años y la mayor desde 2009. El incremento se produjo pese a que el respaldo social a la pena de muerte se encuentra en niveles históricamente bajos.

La situación contrasta con la proclamación presidencial del 250 aniversario, en la que Trump reivindicó el derecho a la vida como uno de los principios fundamentales asociados con la fundación estadounidense.

La pena capital continúa vigente en diversos estados y forma parte también de algunos procedimientos relacionados con detenidos de Guantánamo. La aplicación de esta sanción mantiene abierto un debate internacional sobre su compatibilidad con el derecho a la vida y las garantías judiciales.

Los derechos humanos frente a las crisis de seguridad

La discusión no comenzó con el 11-S. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha enfrentado críticas por restringir libertades civiles durante periodos considerados de emergencia nacional.

El juez de la Corte Suprema William Brennan advirtió en 1987 que, después de cada crisis de seguridad, el país terminaba reconociendo que algunas restricciones a las libertades civiles habían sido innecesarias, pero también señalaba la dificultad de evitar que el patrón se repitiera ante una nueva emergencia.

El 11-S se convirtió precisamente en una de esas coyunturas. La dimensión de los ataques y la conmoción provocada por la muerte de miles de personas generaron una respuesta de seguridad que modificó durante décadas las políticas estadounidenses de inteligencia, detención, operaciones militares y lucha contra el terrorismo.

La promesa de 1776 y la deuda de derechos humanos

El debate adquiere una dimensión simbólica en el año en que Estados Unidos conmemora 250 años de su Declaración de Independencia.

En su proclamación del aniversario, Trump reivindicó la igualdad y los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad como principios fundacionales del país. También presentó la nueva etapa estadounidense como una época de recuperación de la soberanía, defensa de las libertades y fortalecimiento del orden nacional.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que esos principios siguen enfrentando contradicciones dentro y fuera de Estados Unidos.

El cuestionamiento no se limita a la situación de Guantánamo. Incluye la pena de muerte, las condiciones de detención, el uso de la fuerza y la falta de investigaciones y sanciones por abusos cometidos durante la “guerra contra el terror”.

¿Qué deja el 11-S 25 años después?

El cuarto de siglo transcurrido desde los atentados coloca a Estados Unidos ante una revisión de las decisiones adoptadas después de aquella crisis.

El desafío planteado por organizaciones de derechos humanos consiste en determinar si la seguridad nacional puede garantizarse sin abandonar las obligaciones derivadas del derecho internacional y sin convertir las excepciones adoptadas durante una emergencia en prácticas permanentes.

La permanencia de Guantánamo, la continuidad de la pena de muerte y la ausencia de rendición de cuentas por abusos cometidos durante la “guerra contra el terror” muestran que el debate iniciado después del 11-S permanece abierto. –sn–

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