La FGR obtuvo una sentencia de tres años contra un exservidor público que presentó una cédula profesional y un título de licenciatura falsos.

Por Martín García | Reportero                                      

Un servidor público recibió una sentencia de tres años de prisión por utilizar documentos académicos falsos ante la Fiscalía General de la República (FGR), informó la propia institución.

El caso se originó en noviembre de 2025, cuando Carlos “N” presentó una cédula profesional y una copia de un título de licenciatura ante el Centro de Evaluación de Control de Confianza de la FGR.

La documentación fue sometida a verificación y se determinó que carecía de validez oficial. La universidad señalada como emisora negó haber expedido los documentos, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que no existía registro relacionado con ellos.

La sentencia fue dictada mediante procedimiento abreviado por el delito de uso de documento público falso, luego de que el Ministerio Público de la Federación aportó elementos de prueba ante la autoridad judicial.

Documentos fueron detectados durante evaluación

El procedimiento tuvo como punto de partida la revisión de la documentación presentada por Carlos “N” durante su proceso ante el Centro de Evaluación de Control de Confianza de la FGR.

La cédula profesional y la copia del título de licenciatura fueron contrastadas con las instituciones que presuntamente habían intervenido en su expedición.

La universidad informó que los documentos no habían sido emitidos por esa institución, mientras que la SEP señaló que no contaba con registro de los estudios referidos.

Con esas verificaciones, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), integró los elementos de prueba utilizados durante el proceso penal.

Juez impone tres años de prisión

La autoridad judicial resolvió el caso mediante procedimiento abreviado y estableció una pena de tres años de prisión contra el sentenciado por el uso de documento público falso.

Además de la pena privativa de libertad, el juez concedió el beneficio de la condena condicional y determinó una amonestación pública.

La resolución también contempló la suspensión de los derechos políticos y civiles del sentenciado, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR.

El caso se suma a otros procedimientos en los que la FGR ha obtenido sentencias por el uso de documentación académica falsa durante procesos de evaluación o acreditación. –sn–

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