La American Society of Mexico cuestionó la reforma de nacionalidad única aprobada por el Senado con 86 votos y pidió escuchar a mexicanos con doble nacionalidad antes de continuar el proceso constitucional.
Por Gustavo García | Reportero
La American Society of Mexico (AmSoc) cuestionó la reforma constitucional de nacionalidad única aprobada por el Senado, al considerar que restringe derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad y reclamó mayor participación de las personas potencialmente afectadas en el proceso legislativo.
El Senado aprobó el 29 de septiembre la modificación de los artículos 82, 116 y 122 constitucionales con 86 votos a favor y 42 en contra. La reforma establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad.
El proyecto no elimina de manera general la doble nacionalidad para los mexicanos. Su alcance se concentra en los requisitos para acceder a esos cargos ejecutivos: quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro, de acuerdo con las disposiciones aprobadas. La minuta fue enviada a los congresos estatales para continuar el procedimiento constitucional.
AmSoc pide escuchar a mexicanos con doble nacionalidad
En un pronunciamiento difundido tras la votación, AmSoc expresó su preocupación por la aprobación de la reforma y cuestionó que, desde su perspectiva, los millones de mexicanos potencialmente afectados no hayan sido consultados durante la deliberación.
La organización también señaló que no se abrió un espacio de parlamento abierto para escuchar los argumentos de las personas con doble nacionalidad y sostuvo que las diferencias de nacionalidad no deberían utilizarse, de manera generalizada, para presumir una falta de lealtad hacia México.
“La doble nacionalidad no cancela la identidad mexicana, la lealtad al país ni la participación de sus ciudadanos en la vida pública”, sostuvo AmSoc en su posicionamiento.
La organización pidió a autoridades y legisladores escuchar a las personas que podrían resultar afectadas y planteó que las medidas relacionadas con derechos fundamentales deben sustentarse en deliberación pública, evidencia y análisis de sus consecuencias. –sn–
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