Una fiscalización detectó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 beneficiarios de Becas Benito Juárez sin validación ante el Registro Nacional de Población, además de tarjetas activas que no fueron entregadas.
Por Gustavo García | Reportero
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 beneficiarios de los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez cuyos datos obtuvieron un resultado negativo durante la confronta con el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo).
Los hallazgos corresponden a la fiscalización de los programas de becas de educación básica, media superior y superior, con revisiones correspondientes a 2024 y parte de 2025. La observación se refiere a recursos dispersados pese a que los datos de esos beneficiarios no pudieron ser validados mediante el registro poblacional.
La revisión forma parte del Informe del Resultado de la Fiscalización 2025 de la SABG y también identificó irregularidades en la operación de las tarjetas utilizadas para entregar los apoyos económicos.
Casi 95 mil tarjetas fueron reportadas como activas
Durante 2024, el Banco del Bienestar reportó que 95 mil 960 tarjetas destinadas a beneficiarios de las becas no habían sido entregadas.
De ese universo, 94 mil 251 tarjetas aparecían como activas, pese a que el procedimiento establece que deben activarse después de que la persona beneficiaria recibe el plástico.
La fiscalización identificó además que en mil 78 de esas cuentas se dispersaron 8.6 millones de pesos, aun cuando las tarjetas correspondientes no habían sido entregadas.
El hallazgo plantea una inconsistencia entre la entrega física de los medios de pago y el registro de su activación, por lo que la operación quedó incluida entre las observaciones derivadas de la revisión.
También detectan pagos a alumnos de escuelas no prioritarias
La fiscalización encontró otro grupo de irregularidades relacionado con mil 376 beneficiarios inscritos en escuelas privadas de educación básica, quienes recibieron pagos por 8.5 millones de pesos.
De acuerdo con las reglas aplicables al programa, los apoyos de educación básica debían dirigirse a estudiantes de planteles públicos considerados dentro de los criterios de atención establecidos.
En conjunto, los hallazgos muestran inconsistencias en los procesos de identificación de beneficiarios, validación de información y dispersión de los recursos de los programas de becas. –sn–
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