La CIDH reconoció las medidas de Uruguay para facilitar la residencia permanente por arraigo y reconocer la nacionalidad de ciudadanos legales; pidió garantizar los derechos de migrantes y evitar riesgos de apatridia.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció las nuevas medidas de Uruguay para facilitar la regularización migratoria y garantizar el reconocimiento de la nacionalidad a ciudadanos legales, aunque pidió proteger a quienes soliciten residencia por arraigo y evitar riesgos de apatridia.
En un pronunciamiento publicado el 30 de octubre de 2026, el organismo regional valoró dos iniciativas del Estado uruguayo: un mecanismo especial para obtener residencia permanente por arraigo y un proyecto de ley interpretativa de la Constitución sobre nacionalidad.
La Comisión pidió que la renuncia a una solicitud de refugio, necesaria para acceder a una de las modalidades de regularización, no implique perder la protección internacional cuando todavía existan necesidades de asilo, particularmente frente al riesgo de devolución.
Residencia permanente por arraigo
El mecanismo fue establecido mediante el Decreto 239/026, aprobado el 8 de octubre de 2026. La disposición está dirigida a personas extranjeras que ingresaron a Uruguay antes del 1 de enero de 2026 y que se encuentran en determinadas circunstancias relacionadas con solicitudes de refugio.
La normativa contempla dos supuestos: personas que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiadas y manifiesten expresamente su voluntad de renunciar a ese procedimiento para acogerse a la residencia por arraigo, así como quienes recibieron una resolución firme que rechazó su solicitud de asilo.
El acceso también está sujeto a requisitos legales y documentales. Entre ellos figuran el ingreso regular a Uruguay, no tener impedimentos para permanecer en el país, carecer de otras vías de regularización migratoria y acreditar medios de vida propios o del núcleo familiar residente.
La solicitud deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Migración dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la disposición. La autoridad migratoria podrá conceder una prórroga de hasta otros 12 meses, por única ocasión.
El mecanismo da continuidad al Programa de Residencia por Arraigo creado en 2024. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la nueva medida podría beneficiar a más de 27 mil personas que ingresaron al territorio uruguayo antes de la fecha establecida.
Proyecto sobre nacionalidad uruguaya
La segunda medida reconocida por la CIDH corresponde a una iniciativa legislativa que busca resolver las dificultades que enfrentan los ciudadanos legales para obtener el reconocimiento de su nacionalidad uruguaya.
El proyecto de ley interpretativa plantea establecer que tanto los ciudadanos naturales como los legales sean considerados nacionales de Uruguay, conforme a las categorías previstas en la Constitución de la República.
La propuesta también contempla que menores de edad puedan acceder a la carta de ciudadanía mediante sus representantes legales, con la posibilidad de ratificar el procedimiento cuando alcancen la mayoría de edad.
El gobierno uruguayo explicó que la iniciativa responde a problemas prácticos relacionados con la documentación y expedición de pasaportes. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, señaló que algunos ciudadanos legales enfrentan dificultades para ser reconocidos como nacionales, incluso cuando deben acreditar su identidad ante autoridades de otros países.
La propuesta fue presentada públicamente el 9 de octubre y registrada como proyecto de ley el 14 de octubre de 2026. Su propósito es eliminar diferencias de reconocimiento que pueden afectar el ejercicio de derechos y generar situaciones de vulnerabilidad jurídica. –sn–
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