Claudia Sheinbaum respondió al CCE sobre la independencia del INE y pidió investigar presuntas irregularidades en contratos de materiales electorales mediante auditorías que abarquen administraciones anteriores.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo defendió la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), pero sostuvo que el organismo debe responder a la voluntad popular y no a los intereses de grupos políticos o económicos, en respuesta al llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para garantizar su independencia.
Durante la conferencia matutina de este martes 3 de noviembre, en Palacio Nacional, Sheinbaum también cuestionó la integración y las atribuciones que recibió el instituto con la reforma electoral de 2014, mientras reiteró que las presuntas irregularidades en contratos de materiales electorales deben investigarse.
El posicionamiento ocurrió en medio de las exigencias de transparencia sobre las contrataciones del organismo electoral y de la próxima renovación de su presidencia, en un contexto marcado por la preparación de las elecciones de 2027.
Sheinbaum responde al CCE
Al responder sobre el pronunciamiento empresarial, Sheinbaum afirmó que México necesita un instituto electoral autónomo que represente a la ciudadanía y garantice el respeto a la soberanía popular.
“Por supuesto que queremos un Instituto Nacional Electoral que responda a la voluntad del pueblo, a la verdadera democracia, no a la democracia de la élite, no a la democracia de este grupo que se apoderó del INE y que se sienten dueños de la democracia”, expresó.
El Consejo Coordinador Empresarial solicitó un procedimiento abierto, transparente y verificable para designar a la nueva presidencia del organismo electoral, con perfiles que cuenten con experiencia técnica, independencia y probidad.
El organismo empresarial también planteó preservar los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad en la función electoral.
En respuesta, Sheinbaum cuestionó a quienes se presentan como defensores de la democracia y sostuvo que ningún grupo político o económico puede atribuirse su representación.
“Ellos no son dueños de la democracia. La democracia es la representación del pueblo, es la voluntad popular, es la soberanía y esa es la que tiene que defender el Instituto Nacional Electoral con su autonomía”, señaló.
Cuestiona reforma electoral de 2014
La presidente también cuestionó los cambios electorales aprobados en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, al considerar que concentraron facultades en el INE, particularmente en la designación de integrantes de los organismos públicos locales electorales (OPLE).
Según su interpretación, esa modificación derivó de los acuerdos políticos del Pacto por México y no de las movilizaciones ciudadanas que impulsaron reformas electorales anteriores.
“La verdadera concentración de poder en el Instituto Nacional Electoral se dio en el 2014”, afirmó.
La discusión sobre las atribuciones del organismo ocurre mientras se aproxima el proceso electoral de 2027, cuando se renovarán diversos cargos de representación popular en el país.
Sheinbaum también acusó a sus adversarios políticos de intentar desacreditar anticipadamente esos comicios y cuestionó sus señalamientos sobre el funcionamiento de las instituciones electorales.
ASF revisará contratos del INE
En otro momento de la conferencia, Sheinbaum abordó las presuntas irregularidades en las contrataciones del INE y confirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza revisiones correspondientes al periodo de 2023 a la fecha, además de que se examinarán ejercicios anteriores.
La revisión incluye contratos relacionados con la adquisición de materiales y documentación electoral, así como la participación de empresas proveedoras que, según la presidente, han concentrado ese mercado durante más de dos décadas.
La mandataria indicó que los resultados de las auditorías determinarán si existen elementos para iniciar procedimientos por posibles responsabilidades penales o administrativas. –sn–
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