La serie Los años heridos recibió 84.1 millones de pesos de recursos públicos mediante adjudicaciones directas. Una investigación periodística señala vínculos entre su asesor general, Jesús Ramírez Cuevas, la productora y funcionarios.

Por Gustavo García | Reportero                                                                              

La producción de la serie «Los años heridos», dedicada a la Guerra Sucia en México, recibió 84 millones 118 mil pesos de recursos públicos mediante contratos por adjudicación directa, mientras que Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la Presidencia, aparece como asesor general en los créditos de sus ocho episodios.

Una investigación publicada por la revista Proceso documentó relaciones entre el funcionario, el autor del libro en que se basa la producción y directivos vinculados con la empresa Gravedad Cero Films, encargada de realizarla. El reportaje también identifica posibles irregularidades en las contrataciones, los costos y los plazos de entrega.

Los recursos provinieron de tres instituciones públicas: Capital 21, Canal Once y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De esta forma, los señalamientos abren cuestionamientos sobre la transparencia del gasto, los procedimientos de contratación y posibles conflictos de interés, cuya existencia y eventual responsabilidad deberán determinar las autoridades competentes.

¿Cómo se distribuyeron los 84 millones de pesos?

De acuerdo con la investigación de Proceso, el financiamiento de la serie se repartió de la siguiente manera:

• Capital 21: 12 millones 760 mil pesos, mediante un contrato firmado en abril de 2024.
• Canal Once: 11 millones 358 mil pesos, por la producción de un capítulo.
• CNDH: 60 millones de pesos para financiar las seis entregas restantes.

Los tres contratos fueron asignados directamente a Gravedad Cero Films, bajo el argumento de que la compañía contaba con los derechos exclusivos de la obra de Fritz Glockner.

El reportaje señala que no hubo una licitación pública para comparar propuestas y determinar qué empresa ofrecía las mejores condiciones para realizar la producción.

Jesús Ramírez Cuevas aparece como asesor general

Uno de los puntos centrales de la investigación es la participación de Ramírez Cuevas en el proyecto audiovisual.

El funcionario aparece como asesor general y encabeza los agradecimientos especiales en los créditos de los ocho episodios. Su relación con la producción también tiene antecedentes: en octubre de 2019, cuando era vocero del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el libro Los años heridos, escrito por Fritz Glockner.

Glockner dirigió Educal, la red de librerías del Estado, durante el sexenio anterior. En febrero de 2022, cuando todavía ocupaba un cargo público, acordó con Gravedad Cero Films la cesión de los derechos de la obra, según los documentos revisados por Proceso.

A partir de ese acuerdo, la productora quedó en condiciones de explotar los derechos para desarrollar la adaptación televisiva.

La investigación también identifica una relación entre Gravedad Cero y Erwin Neumaier, quien fundó la empresa y posteriormente ocupó cargos en el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) y los Estudios Churubusco.

Neumaier tuvo responsabilidades en la producción de las conferencias matutinas durante el gobierno de López Obrador, mientras Ramírez Cuevas coordinaba la comunicación presidencial.

Cuestionan costos y condiciones de entrega

Otro aspecto señalado es el costo de la producción. Las ocho entregas suman 534 minutos y representaron un promedio de aproximadamente 157 mil pesos por minuto.

Según la comparación realizada por Proceso, Gravedad Cero había cobrado anteriormente a Canal Once entre 14 mil y 20 mil pesos por minuto por otras producciones.

La diferencia coloca el costo de Los años heridos entre ocho y 11 veces por encima de esas tarifas anteriores, de acuerdo con el análisis de los contratos.

También existen interrogantes sobre el cumplimiento de los plazos establecidos en el convenio con la CNDH.

El documento fijaba el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para concluir y entregar la serie. Sin embargo, los primeros registros públicos de los episodios financiados por la Comisión aparecieron hasta agosto de 2026.

El convenio contemplaba una penalización por retraso o la posibilidad de formalizar una modificación contractual. La investigación señala que no encontró información pública que permitiera confirmar si se aplicó alguna de esas medidas.

Además, el material disponible en el canal de YouTube de la CNDH no incluye los dos primeros capítulos financiados por Capital 21 y Canal Once, mientras que el séptimo episodio aparece dividido en dos partes.

Sin respuestas sobre los señalamientos

La investigación periodística también documentó que Proceso envió el 26 de octubre un cuestionario a Ramírez Cuevas para conocer desde cuándo participa como asesor general, si intervino en las gestiones para conseguir financiamiento público y si recibió algún beneficio económico relacionado con la producción.

El funcionario no respondió las preguntas. La revista también solicitó la postura de Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, y de Sergio Muñoz Güemes, administrador de Gravedad Cero Films, sin obtener respuesta a sus cuestionarios.

El reportaje refiere, además, que el 12 de octubre, durante una conferencia en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum comentó que Ramírez Cuevas le había hablado de la serie. La presidente señaló que todavía no la había visto.

Por su parte, la CNDH justificó la contratación directa al argumentar que la productora contaba con los derechos de la obra y que los recursos utilizados provenían de ahorros del ejercicio fiscal anterior.

Hasta la publicación de la investigación no se había informado de una resolución administrativa o judicial que acreditara responsabilidades de los involucrados. Por ello, los posibles conflictos de interés y las irregularidades señaladas requieren aclaración y, en su caso, investigación por las autoridades correspondientes. –sn–

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