Con 37 votos a favor, el Congreso de Cdmx aprobó solicitar una condena pública contra Ricardo Rubio por los incidentes violentos registrados durante la consulta del Programa de Ordenación Metropolitana.
Por Fausto Hernández | Reportero
El Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar un pronunciamiento público contra los hechos de violencia registrados durante una consulta ciudadana sobre el ordenamiento metropolitano, en la alcaldía Coyoacán.
Con 37 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, el pleno avaló un Punto de Acuerdo promovido por los diputados Gerardo Villanueva Albarrán y Roberto Alejandro Castillo Cruz, para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que condene los actos atribuidos al legislador panista Ricardo Rubio Torres.
Los incidentes ocurrieron el 10 de noviembre en la Utoía Elena Poniatowska Amor, durante un foro de consulta del proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (Pozmvm), que tuvo que reprogramarse ante la falta de condiciones para continuar.
Tres personas resultaron lesionadas
Durante la discusión legislativa, Villanueva Albarrán expresó su solidaridad con los habitantes de Coyoacán y señaló que tres personas resultaron lesionadas durante los enfrentamientos, dos de ellas adultas mayores.
El legislador de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) sostuvo que el Congreso capitalino tiene la responsabilidad de pronunciarse frente a cualquier acto que afecte la participación ciudadana, particularmente cuando se atribuye a uno de sus integrantes la promoción de conductas violentas.
De acuerdo con lo expuesto por Villanueva, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana identificó a Rubio Torres como responsable de encabezar las agresiones contra los asistentes, situación que obligó a suspender el encuentro para proteger la integridad del público.
El diputado cuestionó que las confrontaciones impidieran a los vecinos expresar sus opiniones y propuestas sobre el programa metropolitano. Sostuvo que las diferencias políticas no deben anteponerse al derecho de la población a participar en los ejercicios de consulta.
«La inconformidad de un diputado jamás puede valer más que la voz de la ciudadanía», afirmó desde la tribuna.
Morena acusa sabotaje a consultas
Los diputados Roberto Castillo Cruz, Martha Ávila, Ángel Tamariz Sánchez y Juan Estuardo Rubio Gualito respaldaron el Punto de Acuerdo y condenaron las agresiones e intimidaciones que, según sus señalamientos, obstaculizaron el ejercicio de participación ciudadana.
Los legisladores coincidieron en que el Congreso debe rechazar cualquier manifestación de violencia en los procesos de consulta pública y garantizar que las diferencias políticas se resuelvan mediante el debate y los argumentos.
Durante su intervención, Castillo Cruz presentó tres grabaciones de declaraciones atribuidas a Ricardo Rubio en asambleas convocadas por el propio legislador panista. Según explicó, en los audios se escuchan descalificaciones contra integrantes de Morena y llamados a interrumpir foros de participación ciudadana.
Villanueva, por su parte, defendió el derecho de los habitantes a expresar libremente sus inconformidades y propuestas, y pidió al Poder Legislativo respaldar a quienes buscan participar en las decisiones relacionadas con el desarrollo urbano de la metrópoli.
PAN cuestiona transparencia del proceso
En respuesta, los diputados panistas Diego Garrido López, Daniela Álvarez Camacho, Federico Chávez Semerena y Lizzette Salgado Viramontes rechazaron los señalamientos y ofrecieron una versión distinta sobre los acontecimientos.
Argumentaron que las protestas de los asistentes se originaron porque algunas personas no pudieron ingresar al foro y señalaron que situaciones similares han ocurrido en otros encuentros organizados por autoridades capitalinas, a los que acuden habitantes de distintas demarcaciones.
También cuestionaron la transparencia de las consultas sobre los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Afirmaron que existen denuncias vecinales por presunta opacidad y presiones para convocar a determinados grupos de personas. –sn–


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