Deutsche Bank reservó 20 millones de dólares por una investigación de manipulación de bonos en México. Documentos internos revelan su estrategia legal, el programa de inmunidad y las sanciones que enfrentó.
Por Gustavo García | Reportero
Deutsche Bank reservó 20 millones de dólares para enfrentar una posible sanción por manipular el mercado mexicano de deuda pública, pero la multa inicialmente reportada en 2021 fue de 8.7 millones de pesos.
Documentos internos de la institución financiera alemana, obtenidos mediante una investigación periodística internacional, revelan que el banco clasificó el expediente como un asunto de alto riesgo financiero, regulatorio y reputacional. Su estrategia incluyó colaborar con la autoridad mexicana para obtener beneficios del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones.
La investigación también expone cómo siete instituciones financieras y 11 operadores participaron en acuerdos para alterar las condiciones de compraventa de bonos gubernamentales entre 2010 y 2013, una práctica que afectó operaciones de inversionistas, incluidas las relacionadas con fondos de retiro.
Los 20 millones de dólares reservados
El caso comenzó a tomar forma en abril de 2016, cuando la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) detectó indicios de posibles acuerdos ilegales en el mercado secundario de valores de deuda gubernamental.
En abril de 2017, Deutsche Securities, filial mexicana de Deutsche Bank, recibió un requerimiento de información y documentación sobre sus operaciones. La institución financiera abrió entonces una investigación interna denominada Proyecto Pearl, mediante la cual comenzó a evaluar su exposición legal y económica.
Un documento confidencial de marzo de 2019 estableció que la probabilidad de enfrentar una multa superaba 50 por ciento. Los registros internos identificaron comunicaciones entre operadores que aparentemente involucraban coordinación e intercambio de información comercialmente sensible.
Ante ese escenario, y por recomendación de sus asesores jurídicos, Deutsche Bank constituyó una reserva de 20 millones de dólares, equivalente entonces a aproximadamente 18 millones de euros, para cubrir una eventual sanción en México.
La institución también contrató a la consultora estadounidense Charles River Associates para examinar más de 250 mil transacciones. La revisión encontró dificultades para identificar a las contrapartes de numerosas operaciones, por lo que fue necesario realizar rastreos adicionales y revisar comunicaciones de los operadores.
El programa de inmunidad
La estrategia jurídica del banco contempló colaborar con la COFECE mediante la entrega de información sobre las operaciones investigadas.
El 16 de noviembre de 2017, Deutsche Bank presentó una declaración formal de hechos ante el organismo regulador, en la que expuso conductas irregulares, acuerdos entre operadores e intercambio de información.
Para 2020, los registros internos señalaban que la institución había entregado 280 conversaciones entre operadores y mantenía un calendario para proporcionar más documentación a la autoridad.
Un borrador interno sobre asuntos antimonopolio ubicó al banco en la segunda posición del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones, mecanismo que podía otorgarle una reducción de hasta 50 por ciento sobre la sanción máxima aplicable.
La documentación también revela que Deutsche Bank consideraba probable enfrentar pérdidas económicas por el procedimiento mexicano, pese a su colaboración con la autoridad.
Alejandra Palacios, entonces comisionada presidente de la COFECE, explicó que los participantes que colaboran con este mecanismo pueden ayudar a los investigadores a identificar documentos, comunicaciones y operaciones relevantes para acreditar prácticas anticompetitivas.
Sin embargo, Palacios no confirmó que Deutsche Bank hubiera utilizado el programa en este expediente, debido a las restricciones legales sobre la identidad de sus beneficiarios.
Los acuerdos en el mercado de bonos
La resolución del expediente IO-006-2016 acreditó que siete instituciones financieras y 11 operadores establecieron 142 acuerdos ilegales en determinadas operaciones del mercado secundario de deuda gubernamental.
Los bancos involucrados fueron Barclays, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer y J.P. Morgan.
Las conductas incluyeron pactar precios de compraventa, coordinar recomendaciones para clientes y retirar simultáneamente posturas de compra o venta en plataformas electrónicas utilizadas por intermediarios financieros.
El propósito de estos acuerdos era alterar las condiciones de competencia en operaciones específicas y modificar artificialmente los precios de los instrumentos gubernamentales.
La investigación estimó un daño de aproximadamente 29.3 millones de pesos, correspondiente a las operaciones en las que se acreditaron sobreprecios.
De acuerdo con la resolución, dos operadores de Deutsche Bank mantuvieron una coordinación recurrente con colegas de Barclays y Bank of America. La reiteración de estas conductas llevó a que la institución recibiera una de las sanciones individuales más elevadas del expediente.
Una multa frente a la reserva millonaria
En enero de 2021, la COFECE impuso a Deutsche Bank una multa de 8.7 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 430 mil dólares al tipo de cambio de aquel momento, según la investigación periodística.
La cifra representaba alrededor de 2.2 por ciento de los 20 millones de dólares que la institución había reservado para afrontar el procedimiento.
Es importante distinguir ambos conceptos: los 20 millones correspondían a una estimación interna de riesgo financiero y no al monto de una multa máxima determinada por la autoridad. La reducción prevista en el programa de inmunidad tenía una base jurídica distinta.
En conjunto, las sanciones impuestas por la COFECE a los siete bancos y los 11 operadores ascendieron a aproximadamente 35.1 millones de pesos.
La institución alemana mantuvo, además, una estrategia de defensa compartida con otros bancos investigados. Las entidades argumentaron que las conversaciones en Bloomberg constituían intercambios legítimos de información de mercado y cuestionaron que las operaciones investigadas pudieran alterar las tasas de interés de manera generalizada. –sn–


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