Elecciones 2021

Se requiere una nueva Constitución en el estado de México: Max Correa

SN Redacción

Necesitamos una nueva Constitución para que el estado de México deje de tener leyes que desde hace 90 años reproducen un sistema de saqueo a los ciudadanos, afirmó Max Correa Hernández, candidato a diputado local por el Distrito 18.

El candidato de la Coalición “Juntos hacemos historia” argumentó que los mexiquenses requieren una Constitución que se adapte a las actuales necesidades de la gente, y que provea a la sociedad de nuevos derechos e instituciones.

“Que sea más inclusiva y favorezca a todos, porque si cruzamos a la Ciudad de México se nota el cambio: el transporte público tiene mucho menor costo, es seguro y eficiente, mientras que en el Estado de México existe el pulpo camionero que sólo está al servicio de los señores del poder, y no de los usuarios. Ellos representan el pasado, es pan con lo mismo”.

En su segundo día de campaña, el candidato de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (NA), recordó que la CDMX tiene una nueva Constitución y nuevos derechos, como los apoyos a los adultos mayores que fue instituido por el actual Presidente de la República cuando gobernó la ciudad.

Durante su recorrido por las colonias San Rafael, El Rosario y la Unidad Ferrocarrilera de los Reyes Ixtacala, Max Correa Hernández recordó que con nuevas leyes también podemos garantizar que se respeten los derechos de las mujeres para que tengan una vida libre de violencia.

“En el estado de México una gran cantidad de mujeres son jefas de familia, encabezan los hogares y tienen la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos, sin embargo es nuestro estado donde se comenten el mayor número de feminicidios y casos de violencia contra ellas.

Asimismo, el candidato por el Distrito local 18 con cabecera en Tlalnepantla, propuso a los vecinos de las unidades habitacionales participar en la creación de la nueva Constitución para que los gobiernos dejen de ver a los ciudadanos sólo como un negocio.

“Necesitamos leyes para que el acceso al agua sea visto como un derecho humano y no como una mercancía que aliente a los gobiernos a cobrar altas tarifas que no garantizan un buen servicio o el suministro del líquido”. –sn–