Nacional

Cobarde asesinato del joven José Eduardo Ravelo en Yucatán: PRD

Por Fausto Hernández | Reportero

Además de condenar el cobarde asesinato, tortura y violación del joven veracruzano José Eduardo Ravelo y exigir todo el peso de la ley para los responsables, el grupo parlamentario del PRD exigió a todo nivel y orden de gobierno emprender campañas de prevención para evitar más crímenes semejantes.

El joven de 23 años murió luego de ser golpeado y abusado sexualmente presuntamente por policías municipales de la ciudad de Mérida, Yucatán, quienes lo detuvieron al considerarlo “sospechoso” mientras caminaba por un parque de la ciudad.

Te pude interesar: Penoso y lamentable el papel de Ignacio Mier y Morena: PRD

Una vez en instalaciones de la Fiscalía Estatal, lo volvieron a torturar y violar, lo cual constató el médico que lo revisó luego de que, cuando rendía su declaración, el malestar físico le impidió continuar, pues a causa de los golpes le produjeron daño cerebral y perforación de un pulmón.

En el hospital al que lo trasladaron le diagnosticaron infección por Covid 19 y finalmente falleció en el área de atención para contagiados por dicha enfermedad.

Independientemente de lo que resulte sobre la responsabilidad de los presuntos policías asesinos, el GPPRD no ignora que muchos de estos supuestos servidores públicos son en realidad auténticos delincuentes que deben ser erradicados de las filas policiacas, pues a diario agravian a la sociedad en lugar de protegerla.

El grupo parlamentario del PRD tampoco desconoce que muchos elementos cumplen su deber, a riesgo de su seguridad y su vida misma, en la protección de la ciudadanía a pesar de sueldos escasos, por lo cual les hace un amplio reconocimiento y compromete sus esfuerzos por lograr que sus condiciones de vida y trabajo mejoren, cualquiera sea el nivel de gobierno en el que participen.

Te pude interesar: Juárez Piña pide investigar denuncias de normalistas en Chiapas

Sin embargo, la bancada del Partido del Sol Azteca también considera necesario emprender campañas para prevenir que incurran en prácticas indebidas, sea por inducción de la delincuencia o sea por omisión e ignorancia de sus facultades, deberes y obligaciones, ya que muchos, como algunos ciudadanos, carecen de una cultura de la legalidad.

Esa ignorancia es mucho más grave en el caso de quienes se ostentan como funcionarios o servidores públicos, para quienes la normatividad sobre respeto a los Derechos Humanos, por ejemplo, es letra muerta o inexistente. –sn–