La Suprema Corte de Justicia extiende suspensión de actividades hasta el 12 de septiembre
Por Martín García | Reportero
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó prolongar la suspensión de actividades hasta el jueves 12 de septiembre. La decisión fue tomada durante una sesión privada, donde se mantendrán guardias esenciales, pero sin que corran los plazos procesales.
La votación se realizó con mayoría de votos a favor. Las ministras y ministros que aprobaron la medida son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y la presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
En contraste, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra de la suspensión. La ministra Lenia Batres Guadarrama optó por abstenerse, lo que generó un debate sobre la continuidad de actividades del tribunal.
Discrepancias en la votación
Durante la sesión, se acordó que las Salas podrán decidir si celebran sesiones a distancia. Además, se señaló que solo se atenderán los asuntos urgentes bajo el criterio de las ministras y ministros competentes.
A pesar de la suspensión general, se estableció que el tribunal mantendrá guardias para atender asuntos urgentes. Este mecanismo busca garantizar que, en casos que lo ameriten, la justicia continúe funcionando en tiempo y forma.
La presidenta Norma Lucía Piña Hernández subrayó que la Corte tomará medidas adicionales si la situación lo requiere. El próximo 12 de septiembre, el Pleno volverá a reunirse para reevaluar la situación actual y determinar los pasos a seguir.
Sistema judicial
La prolongación de la suspensión de actividades de la SCJN tiene un impacto considerable en el sistema judicial mexicano. Durante este periodo, los plazos procesales quedan suspendidos, lo que afecta tanto a abogados como a ciudadanos que esperan la resolución de sus casos.
Sin embargo, la Corte ha garantizado que se atenderán las urgencias bajo estrictos lineamientos. La decisión de extender la suspensión responde a la necesidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del tribunal en circunstancias excepcionales.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf manifestaron su desacuerdo durante la votación. Ambas consideran que la suspensión prolongada podría generar un rezago en la atención de los casos que requiere el país. No obstante, la mayoría del Pleno consideró prudente mantener la pausa.
El papel de la presidenta Norma Lucía Piña Hernández ha sido clave en la coordinación de las acciones tomadas por la Corte. Su liderazgo fue respaldado por una mayoría que confía en las decisiones adoptadas para preservar el orden institucional.
Sesiones a distancia como opción
Uno de los puntos más debatidos fue la posibilidad de realizar sesiones a distancia. Las Salas tendrán la facultad de acordar si optan por esta modalidad para dar continuidad a los asuntos en proceso. Esta opción será evaluada caso por caso.
Ministros como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar Morales han mostrado apertura a la implementación de las sesiones a distancia, siempre y cuando se respeten las garantías procesales de las partes involucradas.
El Pleno de la Corte evaluará la situación el próximo 12 de septiembre para determinar si es posible reanudar actividades de manera normal o si se requerirá una nueva prórroga. Todo dependerá de las circunstancias que prevalezcan en ese momento.
Oposición de la Corte
Las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo han expresado que, de ser necesario, se tomarán medidas adicionales para proteger tanto al personal de la Corte como a los ciudadanos que requieren sus servicios.
La decisión de prolongar la suspensión ha generado diversas reacciones en el gremio jurídico. Algunos abogados han manifestado su preocupación por los retrasos que esto pueda generar en la resolución de casos, mientras que otros han señalado que la prioridad debe ser la seguridad.
Sin embargo, la Corte ha dejado claro que los asuntos urgentes no quedarán desatendidos. El compromiso es garantizar que, en los casos que lo ameriten, se otorgue justicia de manera expedita, a pesar de la suspensión general. –sn–

