Ex funcionarios enfrentan inhabilitación y acusaciones por desvío de recursos

Por Mireya Estrada | Corresponsal

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó la destitución de María de los Ángeles Zuppa y al menos cuatro funcionarios de su administración por presuntos actos de corrupción. La resolución se emitió el pasado 6 de febrero, pero la exalcaldesa intentó mantenerse en el cargo hasta su separación oficial el día 28.

Pese a la sanción, Zuppa continuó ejerciendo funciones, lo que generó críticas de la oposición y organismos ciudadanos. Su salida marca el fin de un periodo señalado por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos.

El caso involucra a figuras clave de su equipo, quienes también fueron inhabilitados. Entre ellos se encuentran Pablo Romero, Leonardo Figueroa Valentín, Ana Laura González González e Ismael Castillo, todos con expedientes abiertos en su contra.

Corrupción en la obra pública

Uno de los principales señalamientos es la construcción de un puente valuado en 230 millones de pesos, iniciado en la gestión de Ángel Zuppa, padre de la exalcaldesa. La obra quedó inconclusa, con apenas un 20% de avance.

Las autoridades no han revelado los detalles de las inhabilitaciones, pero el caso apunta a un posible desvío de recursos. Testimonios de trabajadores y proveedores señalan manejos irregulares en la ejecución del proyecto.

El exdirector de obra, Pablo Romero, enfrenta tres expedientes por presuntas anomalías en contratos. Por su parte, el extesorero Ismael Castillo acumula cuatro procedimientos administrativos en su contra.

Denuncias de opacidad

Las regidoras Cynthia Del Rivero y Beatriz Sandoval, de Morena, denunciaron la falta de transparencia en el manejo de los recursos municipales. Acusaron a Zuppa de encubrir información clave durante su campaña electoral.

"Fue una mentira descarada", señalaron, al referirse a la integración de su equipo de trabajo. Según las regidoras, algunos funcionarios ya estaban inhabilitados cuando fueron nombrados en el gabinete.

Las legisladoras exigen una auditoría inmediata sobre el ejercicio del presupuesto municipal. Aseguran que durante la gestión de Zuppa no se rindieron informes claros sobre la asignación de contratos.

Inhabilitaciones y exigencias de justicia

La sanción contra Zuppa y su equipo es solo la primera fase de las acciones legales en su contra. Otros diez funcionarios del ayuntamiento también están bajo investigación por irregularidades.

El fallo del Tribunal Contencioso Administrativo impide a los implicados ocupar cargos públicos en los próximos años. Sin embargo, ciudadanos y regidores han solicitado que se amplíen las sanciones.

"Queremos justicia y castigos ejemplares. No basta con inhabilitarlos; deben responder ante la ley", afirmaron activistas del municipio.

Impacto en la administración municipal

La salida de Zuppa ha generado incertidumbre sobre el futuro del gobierno local. Autoridades estatales analizan medidas para evitar un vacío de poder en Tepotzotlán.

Mientras tanto, la ciudadanía exige transparencia en la designación de un nuevo alcalde. El Congreso del Estado de México deberá definir en los próximos días el mecanismo para elegir al sustituto.

El escándalo ha provocado un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Organizaciones civiles han insistido en que los gobiernos municipales son los más vulnerables a la corrupción.

El caso podría escalar a instancias federales

La gravedad de las acusaciones ha llamado la atención de organismos nacionales. La Auditoría Superior del Estado de México evalúa iniciar una investigación adicional sobre la gestión de recursos en el municipio.

Además, la Secretaría de la Función Pública podría intervenir en el caso si se confirman desvíos que involucren fondos federales.

Reacciones en el ámbito político

Líderes de Morena han señalado que este caso demuestra la necesidad de una reforma profunda en la fiscalización de gobiernos locales. Piden endurecer las sanciones contra funcionarios que incurran en corrupción.

Por su parte, excolaboradores de Zuppa han defendido su gestión, asegurando que las acusaciones tienen un trasfondo político. Sin embargo, no han presentado pruebas que desmientan los señalamientos en su contra.

El caso sigue en proceso y en los próximos días se definirán las sanciones adicionales que podrían enfrentar los implicados. –sn–