Condenan a García Luna y esposa; Estado mexicano recupera millones por corrupción.

Por Gabriela Díaz | Reportera

El Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Miami Dade dictó sentencia este jueves. La resolución se originó por la demanda civil presentada por el gobierno federal mexicano en 2021.

La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso la acción legal contra la red de corrupción. La estructura operó bajo el mando de Genaro García Luna, exfuncionario de seguridad federal.

Lisa Walsh, juez de la causa, resolvió en favor del Estado mexicano. El fallo incluyó montos millonarios como indemnización por los daños financieros ocasionados. El exsecretario fue condenado a pagar más de 748 millones de dólares al gobierno federal. Su esposa, Linda Cristina Pereyra, deberá cubrir una cifra aún mayor en concepto de reclamo.

Multas millonarias por fraude

La cantidad asignada a Pereyra asciende a mil setecientos cuarenta millones de dólares. Según la Ley de Florida, se triplicó la demanda original por tratarse de un acto doloso. El tribunal validó siete resoluciones previas de culpabilidad contra los acusados y sus empresas. Los fallos ocurrieron tras la inasistencia de los demandados al proceso judicial.

Uno de los dictámenes ya ejecutados involucró a la firma Delta Integrator LLC. Dicha empresa pertenece a García Luna y su esposa, según los registros oficiales. La ejecución permitió al Estado recuperar más de 1.9 millones de dólares en activos. Además, se transfirió un inmueble valuado en más de medio millón de dólares.

Recuperación de activos ilícitos

También se recuperaron 275 mil dólares por vencimiento de una hipoteca de Delta Integrator. Los recursos fueron ingresados a la Tesorería de la Federación inmediatamente después. El bien inmueble quedó bajo administración del gobierno federal para su futura venta. No se encontraron más propiedades a nombre directo de los acusados ni sus empresas.

Las entidades investigadas incluyeron OGGI CAFFE LLC y GLAC Security, entre otras. Pese a ello, la UIF informó que se continuará con la localización de activos.
El fallo autoriza al Estado mexicano a ejecutar futuras confiscaciones si se detectan bienes. El proceso judicial permitió exponer el alcance de la red de lavado construida por el exfuncionario.

Procedimiento continuará en México

La sentencia representa un precedente para el combate transnacional a la corrupción. También refuerza las acciones bilaterales para la recuperación de activos ilícitos. La UIF buscará la ejecución de la resolución en jurisdicciones donde existan propiedades. Los bienes bajo nombres simulados podrán ser reclamados si se demuestra su vínculo con los acusados.

El caso contra García Luna es uno de los más relevantes en la lucha anticorrupción.
Las autoridades estadounidenses y mexicanas colaboraron estrechamente durante la investigación. La recuperación económica representa un avance para el patrimonio de la nación. La demanda civil fue una estrategia complementaria al proceso penal que se sigue en Nueva York. –sn–