SN Redacción
A pesar de que en la solicitud de la orden de aprehensión contra Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna se consignan datos de inteligencia sobre «la ejecución» de quienes denunciaron los delitos de la organización criminal que encabezan los sobrinos del almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) evitó señalar públicamente a los dos hermanos por la muerte de tres marinos y una extrabajadora de la FGR en Colima.
En dos acciones diferentes, agentes federales y de la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) detuvieron a dos peces gordos, uno de ellos David «N», alias El Deivid y/o El Chino, identificado como presunto nuevo líder de La Chokiza, quien sorprendido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El segundo personaje se trata de Mauricio «N», alias El Mauri, presunto integrante de la organización AMOS, fue aprehendido por la FGJEM por su probable participación en delitos de extorsión y despojo, dentro de la Operación Restitución.
A pesar de que en la solicitud de la orden de aprehensión contra Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna se consignan datos de inteligencia sobre «la ejecución» de quienes denunciaron los delitos de la organización criminal que encabezan los sobrinos del almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) evitó señalar públicamente a los dos hermanos por la muerte de tres marinos y una extrabajadora de la FGR en Colima.
Fernando Farías Laguna solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina que se le otorgue asilo político por razones humanitarias, a fin de evitar su extradición a México, donde existe una orden de aprehensión en su contra por huachicol fiscal y delincuencia organizada; así lo informaron fuentes allegadas a la defensa del ex contralmirante identificado como uno de los líderes de una organización que ingresaba ilegalmente a México millones de litros de diésel adquiridos en Estados Unidos.
Imputado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el senador morenista Enrique Inzunza reapareció ayer en el Country Club de la capital sinaloense, Culiacán, sentado a la mesa con su compañero de escaño Javier Corral. El senador Corral confirmó en su cuenta de X que la foto que comenzó a circular en redes era verídica, en la cual —aunque fuera de foco—, aparecían conversando cara a cara. Desde que comenzó la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, en septiembre de 2024, la amistad entre el sinaloense y el chihuahuense se ha afianzado, sobre todo, por la naturaleza de las comisiones que presiden: Estudios Legislativos el primero y Justicia el segundo, con la confluencia de posiciones de carácter jurídico y constitucional.
Un Juez federal vinculó a proceso a ocho presuntos integrantes de la organización criminal de “Los Linos”, entre ellos a su líder Rodolfo Adame Sotelo “Don Ramón”, la cual operaba en Cuernavaca y otros tres municipios de Morelos. “Don Ramón”, así como Erick Marcial Ortiz Ocampo, Carlos Adame Sotelo, Leonel Salgado Adame, Guillermo Rojas Adame y José Rodolfo Adame Alía fueron procesados por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio, y portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
En Cuautla y municipios del oriente de la entidad, grupos criminales usan hasta brigadas de adultos mayores en bicicleta para entregar amenazas de muerte y cobrar derecho de piso a comerciantes, quienes pagan por miedo a ataques armados o incendios. La Fiscalía General del Estado reporta 279 denuncias por este delito en lo que va del año.
El dueño del crematorio Plenitud —en Ciudad Juárez—, José Luis Arellano Cuarón, quien estaba en prisión y fue vinculado a proceso penal desde junio de 2025 por ocultar 386 cadáveres, fue declarado prófugo de la justicia y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua solicitará una nueva orden de aprehensión en su contra. El hombre no acudió a una audiencia el pasado jueves, en la que el Ministerio Público pretendía reactivar la causa penal en su contra por los delitos de inhumación, exhumación y conservación indebidas de 386 cuerpos, luego que el 13 de febrero obtuvo la libertad gracias a un amparo.
A tres semanas del arranque del Mundial de Futbol 2026, el sistema de salud de Jalisco activó y homologó protocolos de vigilancia epidemiológica, inteligencia en salud y comunicación de riesgos ante enfermedades emergentes como el ébola. Esta alerta ocurre antes del encuentro entre las selecciones de Congo y Colombia, el próximo 23 de junio en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara).
Un juez federal dictó la prisión preventiva de oficio y ordenó el traslado al penal federal de Sonora a 5 de los alcaldes, ex candidatos y funcionarios detenidos el miércoles en Morelos como parte de la «Operación Enjambre», por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
El lunes se llevará a cabo la audiencia intermedia en el caso de Paola Moreno, joven de 23 años víctima de feminicidio en agosto de 2025. La defensa de la familia y la Fiscalía buscarán que el juez valide cuatro testimoniales y cinco periciales clave para llevar a juicio al presunto responsable, Eriberto «N». Los asesores jurídicos de las víctimas explicaron que la audiencia funcionará como un «tamiz» para depurar las pruebas idóneas.
20 años de un exilio obligado, Lydia Cacho pisa suelo mexicano con el corazón intacto y una historia urgente entre manos: una novela que, desde la ficción, rescata la memoria de las luchas feministas en medio de represión, machismo y silencios impuestos. «Ha sido toda una odisea», dice Cacho, que para venir tuvo convencer a la Interpol y al gobierno español que estaría segura al volver a su país. “Yo sigo testificando contra ellos 20 años después. Por eso es que estoy en el exilio… porque me quieren matar”.
El Castillo de Moctezuma, uno de los principales vestigios arqueológicos de la ciudad de Tuxtepec y de la Cuenca del Papaloapan, en la zona norte del estado, ha carecido durante años de una declaratoria específica que establezca mecanismos integrales de protección, conservación y manejo, a pesar de su relevancia histórica y cultural. A partir de lo anterior, la activista indígena chinanteca Reyna Felipe Jiménez obtuvo un amparo federal para que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias encaminadas a la emisión de la declaratoria de protección de la zona arqueológica El Castillo de Moctezuma.
Representantes de ambas etnias se manifestaron este viernes en la Universidad del Pueblo Yaqui, en Vícam, Sonora, durante la visita del ministro Hugo Aguilar Ortiz, para solicitar atención a distintos planteamientos relacionados con justicia, consulta indígena y obras pendientes en comunidades del sur de Sonora. En entrevista Héctor Zaira Enríquez, gobernador tradicional de la comunidad de Macoragui, informó que integrantes de ambas etnias han buscado reuniones con autoridades judiciales y federales para plantear asuntos relacionados con infraestructura, vivienda, servicios básicos y seguimiento a acuerdos establecidos para pueblos originarios.
La presidente Claudia Sheinbaum afirmó ayer que será la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que deberá resolver la contradicción que existe en la reforma judicial sobre el mecanismo para definir futuras presidencias del máximo tribunal. Luego de ser cuestionada sobre el tema durantesu tradicional conferencia de prensa, la mandataria consideró que no corresponde al Ejecutivo impulsar una nueva modificación constitucional tras la primera elección judicial y sostuvo que la definición debe recaer en los ministros. Actualmente, Hugo Aguilar Ortiz preside la Suprema Corte tras haber obtenido la mayor votación en la elección judicial de 2025. Sin embargo, la reforma judicial dejó abiertos dos criterios distintos para definir futuras presidencias.
Con gran celeridad avanzan los preparativos para el periodo extraordinario de sesiones que se iniciará el próximo martes y en el que se discutirán cuatro reformas político-electorales, que deben estar aprobadas y promulgadas antes del 1° de junio, a fin de que puedan aplicarse en los comicios de 2027. La parte medular de esa propuesta es crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, dentro del Instituto Federal Electoral (INE), misma que mantendrá coordinación e intercambio con los partidos políticos e instancias del Estado vinculadas con seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.
A pesar de los compromisos asumidos en el marco del T-MEC, trabajadores mexicanos continúan percibiendo ingresos por debajo de los estándares salariales de Estados Unidos y Canadá, situación que mantiene una competencia desigual en el mercado laboral en la región, advirtieron expertos. Asimismo, expresaron su preocupación por la falta de presupuesto que enfrentan los tribunales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), creados con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, lo que pone en riesgo su consolidación.
En ocho años, jueces capitalinos han emitido 335 fallos por juicios civiles de extinción de dominio en bienes muebles e inmuebles asegurados en investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ); 92 por ciento de los casos, es decir 311 resoluciones, correspondieron a confiscaciones por delitos cometidos por células criminales o bandas locales, según datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) obtenidos vía transparencia.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya ejerció acción penal por el delito de fraude contra la «cabeza» de Capital Tech Financial (CTF), Rogelio de los Santos, y otros directivos de la financiera que arrojó un quebranto de 815 millones de pesos contra inversionistas, reveló Roberto Canto, del despacho Guerrero Canto Abogados y representante de seis de los 135 afectados. Adelantó que la Fiscalía les fijó audiencias de imputación para los próximos 17, 27 y 31 de julio, de las que derivaría su posible vinculación a proceso y la detención de De los Santos quien, además, presidía el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tec de Monterrey y su festival de emprendimiento IncMTY cuando afloró el quebranto en agosto pasado.
La estrategia de Estados Unidos hacia Cuba entró en una nueva etapa. Ya no se trata únicamente de sanciones económicas o restricciones comerciales, ahora Washington busca criminalizar al liderazgo histórico cubano como parte de una ofensiva política y simbólica contra el régimen de La Habana. Así lo afirmó Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien considera que las recientes acciones impulsadas desde Washington forman parte de un sistema de presión mucho más amplio contra la cúpula gobernante cubana.
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