La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una declaración sobre la situación en Nicaragua, en la que expresó preocupación por el deterioro democrático.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una declaración durante su quincuagésimo sexto periodo ordinario de sesiones, celebrado en Panamá, en la que manifestó preocupación por la situación política y de derechos humanos en Nicaragua.

El documento señala un presunto socavamiento sistemático del orden democrático y de las instituciones, caracterizado por la eliminación de la separación de poderes y la reducción del espacio cívico en el país centroamericano.

La resolución también condena las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de derechos humanos documentados por organismos internacionales, incluidos mecanismos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Exigen libertades fundamentales

La OEA instó al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, así como a cooperar con los organismos regionales e internacionales encargados de supervisar estas garantías.

Asimismo, condenó el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura, y pidió la liberación inmediata de las personas detenidas injustamente, además de garantizar condiciones compatibles con los estándares internacionales.

La declaración también expresó preocupación por la muerte reciente de Brooklyn Rivera bajo custodia estatal y por las denuncias de represalias contra integrantes de su familia y comunidad.

Llamado a la participación política

El organismo hemisférico reiteró la importancia de proteger las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, así como garantizar la participación de la sociedad civil y el funcionamiento independiente de los medios de comunicación.

Además, exhortó a las autoridades nicaragüenses a respetar la libertad religiosa y a cesar cualquier acto de persecución o restricción indebida contra líderes religiosos y comunidades de fe.

La resolución también solicita al gobierno de Nicaragua restituir derechos relacionados con la nacionalidad y facilitar el retorno seguro de personas exiliadas, además de promover condiciones para una participación política amplia y efectiva. –sn–

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