Efraín Zúñiga-García admitió su participación en una organización internacional dedicada al tráfico de personas que obtuvo ganancias de hasta 30 millones de dólares.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Un ciudadano mexicano extraditado a Estados Unidos se declaró culpable de participar en una organización internacional dedicada al tráfico de personas que introdujo ilegalmente a miles de migrantes de distintos países a territorio estadounidense a cambio de pagos millonarios.

De acuerdo con documentos judiciales, Efraín Zúñiga-García, de 38 años, admitió los delitos de conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro, tráfico de personas y complicidad.

La organización operó durante casi tres años

Las investigaciones señalan que la red criminal operó entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023, facilitando el ingreso irregular de personas originarias de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador.

La organización utilizaba casas de seguridad en Monterrey y Piedras Negras, desde donde coordinaba el traslado de los migrantes hacia la frontera con Estados Unidos.

Según el expediente, la estructura criminal era encabezada por el hondureño Enil Edil Mejía-Zúñiga, quien coordinaba el traslado de los migrantes y pagaba a operadores, conductores y «coyotes» encargados de cruzarlos por el río Bravo.

Ingresaron hasta tres mil migrantes

Mejía-Zúñiga declaró previamente que la organización introdujo entre 2,500 y 3,000 personas a Estados Unidos en un periodo de dos años.

Las autoridades estadounidenses estiman que la red cobraba entre 6,500 y 12,000 dólares por cada migrante, lo que generó ganancias ilícitas estimadas entre 16 y 30 millones de dólares.

El líder de la organización fue sentenciado en julio de 2025 a 10 años de prisión, mientras que otra integrante, Mónica Hernández-Palma, recibió una condena de 41 meses de prisión en mayo de 2026.

Operaba una casa de seguridad en Monterrey

Según la investigación, Zúñiga-García administraba una casa de seguridad en Monterrey, donde recibía a los migrantes antes de coordinar su traslado hacia la frontera.

Posteriormente, los extranjeros eran entregados a guías que los conducían ilegalmente hacia territorio estadounidense.

Tras declararse culpable, el mexicano permanece a la espera de sentencia y enfrenta una pena mínima obligatoria de tres años de prisión, aunque la condena definitiva será determinada por un juez federal.

Investigación binacional

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el caso fue investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades mexicanas, con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Las autoridades destacaron que la captura y extradición del acusado fue posible gracias a la cooperación entre ambos países dentro del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), creado para combatir redes internacionales de tráfico y trata de personas. –sn–

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