La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió al Congreso de Nuevo León informar, en un plazo de 10 días, los avances en la armonización de la reforma en materia de transparencia y advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas para los diputados.
Por Martín García | Reportero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió al Congreso de Nuevo León informar, en un plazo de 10 días, los avances realizados para concretar la reforma constitucional en materia de transparencia, al advertir que el incumplimiento podría derivar en multas para los integrantes del Poder Legislativo estatal.
El requerimiento busca conocer las acciones emprendidas por el Congreso para armonizar la legislación local con las modificaciones aprobadas a nivel federal.
Corte exige avances en la armonización
De acuerdo con la determinación de la SCJN, el Congreso de Nuevo León deberá informar las medidas adoptadas para cumplir con la reforma en materia de transparencia y acceso a la información.
En caso de no atender el requerimiento dentro del plazo establecido, los diputados podrían ser acreedores a sanciones económicas conforme a las facultades del máximo tribunal del país.
Reforma federal sigue pendiente en el estado
La reforma constitucional en materia de transparencia entró en vigor el 21 de diciembre de 2024, mientras que las leyes generales derivadas de esos cambios fueron expedidas el 20 de marzo de 2025.
Sin embargo, el proceso de armonización de la legislación en Nuevo León permanece pendiente, motivo por el cual la Suprema Corte solicitó un informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de esta obligación.
Buscan garantizar el cumplimiento constitucional
La armonización legislativa permite que las entidades federativas adecuen sus normas locales a las reformas constitucionales y legales aprobadas por el Congreso de la Unión.
Con este requerimiento, la SCJN busca verificar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Congreso de Nuevo León y conocer el avance de los trabajos para adecuar el marco jurídico estatal en materia de transparencia. –sn–


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