Ciudadanos que promovieron la acción colectiva contra la siembra de maíz genéticamente modificado denunciaron presuntas irregularidades en tribunales federales durante la segunda instancia del juicio y solicitaron al Poder Judicial asegurar que el proceso continúe con imparcialidad y sin retrasos.

Por Martín García | Reportero                                      

Un grupo de ciudadanos que promovió la acción colectiva para impedir la siembra de maíz genéticamente modificado en México denunció una serie de presuntas anomalías procesales durante la segunda instancia del juicio y solicitó al Poder Judicial de la Federación (PJF) garantizar la continuidad del litigio conforme a derecho.

Las organizaciones y personas promoventes señalaron que el proceso de apelación, que se desarrolla desde hace casi tres años, ha registrado actuaciones que, a su juicio, han retrasado la resolución del caso. Las observaciones fueron dadas a conocer en el Informe semestral de la demanda colectiva maíz número 26, fechado el 5 de julio.

El litigio es uno de los procesos ambientales y agrícolas de mayor duración en México, debido a que busca determinar si debe mantenerse la prohibición de la siembra comercial de maíz genéticamente modificado, un tema que involucra la protección de la biodiversidad, la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

Señalan actuaciones de tribunales de apelación

De acuerdo con el informe, las presuntas irregularidades se atribuyen al Primer Tribunal Colegiado de Apelación, al Segundo Tribunal Colegiado de Apelación y al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órganos que han conocido distintos recursos relacionados con el expediente.

Los promoventes solicitaron que el Poder Judicial garantice que el juicio continúe sin nuevos obstáculos procesales y que las resoluciones se emitan con apego a los principios de legalidad, imparcialidad y acceso a la justicia.

Hasta el momento, los tribunales señalados no han emitido una postura pública sobre los señalamientos contenidos en el informe.

Un litigio que se mantiene desde hace más de una década

La acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico fue presentada en 2013 por ciudadanos, científicos, campesinos y organizaciones civiles. Desde entonces, el proceso ha pasado por diversas etapas judiciales y ha dado lugar a medidas cautelares que, en distintos momentos, limitaron la liberación comercial de semillas genéticamente modificadas mientras se resuelve el fondo del asunto.

El caso enfrenta posiciones encontradas entre organizaciones que buscan preservar la diversidad genética del maíz nativo y empresas que promueven el uso de organismos genéticamente modificados para la producción agrícola.

Un caso con impacto nacional

La resolución definitiva del juicio podría influir en la política agrícola y ambiental del país, al definir el alcance de la protección jurídica del maíz nativo y las condiciones bajo las cuales podrían autorizarse cultivos genéticamente modificados en territorio nacional.

El proceso permanece en etapa de segunda instancia y aún no existe una resolución definitiva sobre el fondo del litigio –sn–

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