Empresarios de Isla Mujeres denuncian presuntas extorsiones y cobros irregulares que, aseguran, encarecen la construcción y afectan al comercio. Los señalamientos apuntan a funcionarios municipales, entre ellos William Conrado Alarcón.

Por Martín García | Reportero                                      

Empresarios de Isla Mujeres, Quintana Roo, denunciaron una presunta red de corrupción y extorsión que, según sus testimonios, habría afectado durante años a comerciantes y encarecido actividades como la construcción en el municipio. Los señalamientos involucran a funcionarios del área de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, entre ellos William Conrado Alarcón.

Los empresarios aseguran que las presuntas exigencias económicas estarían vinculadas con trámites, permisos y actuaciones administrativas que pueden afectar directamente la operación de negocios y proyectos de construcción. Uno de los casos señalados corresponde a un empresario que afirmó haber sido clausurado después de negarse a entregar dinero a funcionarios.

Los señalamientos se producen en un municipio donde el desarrollo urbano y la infraestructura tienen un peso relevante debido al crecimiento turístico y de la zona continental. El propio gobierno municipal identifica a Conrado Alarcón como coordinador del Subcomité Sectorial de Desarrollo Urbano y Conservación Ambiental dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Empresarios denuncian cobros y clausuras

Uno de los empresarios que habló sobre el tema solicitó mantener su identidad bajo reserva y afirmó que algunos funcionarios estarían aprovechando sus posiciones para obtener beneficios particulares.

Otro empresario, identificado como Arturo, aseguró haber enfrentado una situación similar y señaló que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) después de que, según su testimonio, se negó a pagar una presunta “mordida” y posteriormente su establecimiento fue clausurado.

Estas acusaciones no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal. Para establecer si existieron actos de extorsión, corrupción o abuso de autoridad corresponde a las autoridades ministeriales investigar las denuncias, recabar pruebas y determinar si existen elementos para ejercer acción penal.

William Conrado Alarcón, con trayectoria en infraestructura

William Conrado Alarcón ha ocupado cargos relacionados con infraestructura y obra pública en Quintana Roo. En 2018, como titular de la entonces Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), informó sobre trabajos de construcción de calles en Isla Mujeres.

En 2020 también compareció ante el Congreso de Quintana Roo como titular de la Secretaría de Obras Públicas para presentar información relacionada con programas y proyectos de infraestructura estatal.

Actualmente, documentos oficiales del municipio lo identifican como coordinador del Subcomité Sectorial de Desarrollo Urbano y Conservación Ambiental del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Antecedentes de denuncias sobre trámites y obras

Los señalamientos de empresarios se producen en un contexto de cuestionamientos públicos sobre la actuación municipal en materia de trámites, clausuras, obras y transparencia.

En junio de 2026, comerciantes de Isla Mujeres denunciaron ante medios locales un incremento de inspecciones y clausuras, mientras el ayuntamiento promovía una campaña para regularizar establecimientos.

También existen antecedentes de cuestionamientos públicos relacionados con la transparencia de contratos de obra durante la actual administración municipal. En 2025, un medio local reportó señalamientos sobre la falta de publicación de contratos y adjudicaciones de obras y servicios. Esos señalamientos fueron dirigidos contra la administración municipal y no constituyen por sí mismos una resolución de autoridad que acredite corrupción.

La dimensión de las acusaciones, por tanto, deberá establecerse a partir de las denuncias formales, investigaciones ministeriales y eventuales resoluciones de las autoridades competentes. Hasta que esos procesos concluyan, los señalamientos contra funcionarios deben mantenerse como acusaciones y no como hechos acreditados. –sn–

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