La ONU alertó sobre una nueva ley rusa que restringe derechos civiles de ciudadanos exiliados y la calificó como una forma grave de represión transnacional contra críticos y voces pacifistas.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Rusia, Mariana Katzarova, advirtió que una nueva ley rusa impone severas restricciones a ciudadanos exiliados y amplía la persecución contra críticos del gobierno de Vladimir Putin.

La medida permite aplicar restricciones a rusos que se encuentran fuera del país y que, según las autoridades, evaden el cumplimiento de condenas penales o determinadas sanciones administrativas. Katzarova sostuvo que la disposición coloca a los afectados en una situación de extrema vulnerabilidad.

El 4 de agosto, Putin firmó la Ley Federal número 284-FZ, denominada sobre medidas restrictivas temporales respecto de personas que se encuentran fuera de la Federación Rusa y evaden la ejecución de una pena, junto con una legislación complementaria.

Según la relatora especial, el nuevo mecanismo puede afectar a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas pacifistas que abandonaron Rusia y fueron sancionados bajo disposiciones utilizadas por las autoridades contra la disidencia.

Restricciones para los exiliados

El Ministerio de Justicia ruso mantendrá una lista pública de ciudadanos que se encuentren fuera del territorio nacional y tengan condenas pendientes o determinadas sanciones administrativas.

Una vez incorporadas a esa relación, las personas podrán enfrentar 14 categorías de restricciones que afectan actividades financieras, administrativas, laborales, patrimoniales y consulares.

Entre las medidas figuran la congelación de fondos y bienes, la suspensión de diversos servicios consulares y la imposibilidad de obtener o renovar pasaportes, además de restricciones para registrar matrimonios o cambios de nombre.

También contempla la suspensión de servicios estatales digitales, licencias y acreditaciones, así como la anulación de firmas electrónicas y limitaciones para conducir, registrar vehículos y efectuar operaciones inmobiliarias.

Ley alcanza a críticos

La legislación también contempla infracciones administrativas vinculadas con las normas rusas sobre “agentes extranjeros”, “organizaciones indeseables” y las disposiciones conocidas como leyes de “censura de guerra”.

Estas normas han sido utilizadas desde 2022 contra personas acusadas de desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas, difundir información considerada falsa sobre el ejército, promover sanciones contra Rusia o cuestionar su integridad territorial.

Katzarova señaló que los tribunales rusos han empleado esas disposiciones contra periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas contrarios a la guerra.

La preocupación de la ONU se relaciona con un proceso más amplio de restricciones contra organizaciones y personas consideradas opositoras por las autoridades rusas. Organizaciones especializadas también han documentado la ampliación de la legislación sobre “agentes extranjeros” hacia personas ubicadas fuera de Rusia.

Sin revisión judicial previa

Uno de los principales cuestionamientos de la relatora especial es que la incorporación a la lista no dependería de una decisión judicial individual.

La persona afectada tampoco sería notificada ni escuchada antes de la aplicación de las medidas, mientras que la legislación denomina “temporales” a las restricciones sin establecer, según Katzarova, un plazo concreto para su terminación.

La relatora sostuvo que el mecanismo puede convertir la vida cotidiana de los exiliados en una situación insostenible, al conservar sus obligaciones como ciudadanos rusos mientras pierden una parte considerable de sus derechos civiles.

Katzarova calificó el esquema como una forma de represión transnacional y pidió a las autoridades rusas derogar la legislación y revisar las condenas dictadas en ausencia cuando tengan motivaciones políticas.

ONU pide proteger a exiliados

La relatora especial también llamó a los Estados que reciben a ciudadanos rusos en situación de riesgo a garantizar su acceso a documentos de identidad y viaje, residencia, servicios bancarios y empleo.

Pidió además que esos países eviten devolver por la fuerza a personas en riesgo y que no otorguen validez jurídica a las designaciones efectuadas conforme a la nueva legislación rusa.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado previamente preocupaciones sobre la persecución de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas en Rusia. Katzarova presentó en 2025 un informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país. –sn–

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