Fiscalías de México acordaron fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, los registros forenses, la investigación de extorsiones y la capacitación ministerial.

Por Martín García | Reportero                                      

Las fiscalías del país acordaron fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de extorsiones y las capacidades forenses durante la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), celebrada en Nayarit.

Entre los acuerdos figura actualizar el Protocolo Homologado de Investigación sobre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, además de establecer acciones de capacitación y certificación para personal ministerial, pericial y policial.

Las instituciones también prevén recursos específicos en los presupuestos de 2027 para fortalecer las fiscalías especializadas, mejorar su infraestructura y garantizar condiciones suficientes para atender las investigaciones y a las familias de las víctimas.

Búsqueda de desaparecidos

El encuentro reunió a las fiscalías y procuradurías del país para revisar estrategias relacionadas con personas desaparecidas, materia en la que la coordinación entre autoridades federales y estatales constituye uno de los principales retos institucionales.

La actualización del protocolo deberá acompañarse de acciones para su difusión, capacitación y certificación, con el propósito de homologar criterios de actuación entre agentes ministeriales, policías y especialistas forenses.

Los acuerdos también contemplan fortalecer el Banco Nacional de Datos Forenses, mejorar la calidad de sus registros y facilitar el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.

La participación de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México permitió incorporar una perspectiva centrada en los derechos de las víctimas y sus familias, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR).

Más recursos para fiscalías

La asignación de recursos específicos para 2027 busca atender una de las condiciones necesarias para mejorar la capacidad institucional: contar con personal, infraestructura y herramientas suficientes para investigar delitos y buscar a personas desaparecidas.

En materia forense, las autoridades acordaron dar seguimiento a las capacidades existentes en las fiscalías y procuradurías, así como fortalecer los mecanismos que permiten compartir información para identificar y procesar datos relacionados con personas desaparecidas.

El acuerdo adquiere relevancia en Nayarit, donde la fiscal general estatal Elvia Ludmila Heredia Verdugo ha participado en reuniones nacionales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

La CNPJ también conoció un manual para la operación de fiscalías y unidades especializadas encargadas de recibir denuncias, investigar y perseguir el delito de extorsión, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer capacidades.

Capacitación contra extorsión

La profesionalización del personal quedó incorporada entre las prioridades de la reunión, con énfasis en la capacitación relacionada con investigación y persecución de la extorsión.

Para ello, se acordó difundir la oferta educativa del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), con especial atención en programas vinculados con el combate a este delito.

Las fiscalías también analizaron propuestas de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales orientadas a agilizar y fortalecer las investigaciones, aunque su eventual aprobación dependerá del proceso legislativo correspondiente.

En materia de feminicidio, los integrantes de la CNPJ conocieron la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio, presentada por el Ejecutivo federal y turnada al Congreso para su análisis.

Acuerdos sobre feminicidio

La propuesta busca homologar en todo el país los criterios para investigar y sancionar el feminicidio, además de establecer mecanismos de coordinación, atención a víctimas y reparación integral del daño.

El proyecto plantea un tipo penal homologado, penas de 50 a 70 años de prisión y agravantes vinculadas con circunstancias de vulnerabilidad de las víctimas, entre otros elementos.

La iniciativa permanecía en trámite legislativo al cierre de esta información, luego de que la Comisión Permanente recibiera la propuesta y la turnara para su análisis en comisiones del Congreso de la Unión.

La Asamblea Plenaria concluyó con el compromiso de trasladar los acuerdos a acciones institucionales concretas, entre ellas la aplicación de protocolos, el fortalecimiento de investigaciones y la atención a víctimas y familiares.

La reunión fue encabezada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la CNPJ, y se realizó en Nayarit como sede de la 54 Asamblea Plenaria, fuera de la Cdmx.

Para la Fiscalía General de la República, la coordinación con las fiscalías estatales forma parte de la estrategia para fortalecer las capacidades de investigación y mejorar la respuesta institucional frente a delitos de alto impacto.

Los acuerdos alcanzados colocan la búsqueda de personas desaparecidas, la capacidad forense, la extorsión y el feminicidio entre los asuntos prioritarios de coordinación nacional en materia de procuración de justicia.

El reto para las instituciones será convertir las decisiones adoptadas en recursos, capacitación, protocolos aplicados y mejores resultados para las víctimas, especialmente en investigaciones que requieren coordinación entre distintos niveles de gobierno. –sn–

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