La industria contra incendios pidió una regulación nacional homologada ante más de 95 mil siniestros anuales y pérdidas superiores a 34 mil millones de pesos.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

México registra más de 95 mil incendios urbanos y no urbanos al año, equivalentes a unos 260 siniestros diarios, mientras las pérdidas económicas acumuladas superaron los 34 mil millones de pesos en los últimos cuatro años. Ante este escenario, especialistas exigieron una regulación nacional homologada, moderna y susceptible de inspección.

La Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI) y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (CONAPCI) advirtieron que la falta de una regulación integral incrementa los riesgos para viviendas, empresas e infraestructura estratégica. Datos difundidos por ambas organizaciones también señalan que más de 6 mil personas murieron en México durante la última década por hechos relacionados con fuego no controlado.

El problema adquiere mayor relevancia por la transformación de la infraestructura industrial, que incorpora baterías de ion-litio, electromovilidad, centros de datos, edificios de gran altura, nuevos sistemas de almacenamiento y procesos de manufactura con riesgos específicos. AMRACI y CONAPCI plantearon que la prevención debe considerarse un componente de seguridad y continuidad operativa, no únicamente un costo.

Incendios golpean a hogares y empresas

Las organizaciones señalaron que los incendios tienen efectos que van más allá de la pérdida de inmuebles, pues afectan empleos, cadenas de suministro, inversiones, patrimonio familiar y capacidad productiva.

Según las cifras presentadas por el sector, las empresas aseguradoras pagaron durante 2024 alrededor de 33 millones de pesos diarios por daños derivados de incendios entre sus clientes, mientras las indemnizaciones por coberturas de fuego directo superaron los 12 mil millones de pesos anuales.

Uno de los principales problemas es el subaseguramiento. Menos de 5 por ciento de las viviendas tendría un seguro voluntario contra daños, mientras que menos de 20 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas contaría con protección de este tipo.

Las cifras sobre siniestros y daños económicos ya habían sido documentadas por organismos empresariales y fuentes legislativas. Un documento de la Cámara de Diputados consignó pérdidas superiores a 34 mil millones de pesos por incendios urbanos desde 2020 y señaló que los costos sociales, médicos y ambientales no estaban incluidos en esa estimación.

Quemaduras dejan secuelas

El impacto también alcanza al sistema de salud. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) reportó 124 mil 132 quemaduras no fatales en México, cifra que corresponde a los datos disponibles de 2012 y que continúa siendo utilizada por organismos especializados debido a la falta de una medición nacional más reciente con características comparables.

Por cada persona que fallece por estas lesiones, alrededor de 220 sobreviven con secuelas que pueden afectar su funcionamiento físico, apariencia y vida social. La atención requiere tratamientos especializados y procesos prolongados de rehabilitación.

La Secretaría de Salud documentó que, en la última década analizada en uno de sus materiales de prevención, fallecieron 6 mil 815 personas por quemaduras y que 3 mil 61 de esas muertes ocurrieron en el hogar. El mismo documento reportó 124 mil 132 lesiones no fatales anuales.

Niños y adultos mayores permanecen entre los grupos más vulnerables. Los datos difundidos por CONAPCI señalan que los incendios constituyen uno de los fenómenos destructivos más frecuentes y que su impacto suele quedar disperso entre miles de incidentes, lo que dificulta dimensionar el costo acumulado para la sociedad.

Tecnología exige nuevas reglas

AMRACI y CONAPCI señalaron que la expansión del nearshoring y la construcción de infraestructura industrial moderna exige actualizar los criterios de protección contra incendios.

Los riesgos asociados con baterías de litio, centros de datos, almacenamiento, manufactura avanzada y electromovilidad requieren soluciones especializadas de detección, alarma, supresión y protección estructural.

AMRACI informó que trabaja con autoridades federales, estatales y municipales, así como con cuerpos de bomberos, en la revisión y creación de reglamentación acorde con parámetros nacionales e internacionales y con las tecnologías disponibles para prevenir incendios.

La asociación y CONAPCI también han impulsado la adopción de códigos y estándares internacionales como parte de una estrategia para elevar las condiciones de seguridad de edificios e instalaciones. La discusión busca avanzar hacia reglas nacionales claras, integrales, aplicables e inspeccionables. –sn–

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