El desempeño de Laura Velázquez al frente de Protección Civil ha sido cuestionado por el rescate de El Pinabete, la respuesta ante Otis y el sistema de alertas celulares y ha dejado enentredicho a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por Deyanira Vázquez y Martín García | Reporteros
La gestión de Velázquez Alzúa al frente de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha dejado una estela de cuestionamientos del actuar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que hoy dirige Omar García Harfuch, ante las emergencias más graves ocurridas durante su participación en los dos últimos sexenios en el país, entre las más relevantes, la inundación de la mina «El Pinabete», en Coahuila, y el impacto del huracán Otis en Acapulco, Guerrero.
En ambos casos, familiares de víctimas, legisladores, especialistas y sectores de la opinión pública han señalado deficiencias graves en la prevención, comunicación de riesgos y respuesta institucional, que se ha traducido en pérdida de vidas y violaciones graves a los derechos humanos de la población. Los cuestionamientos se concentran en, si las autoridades han actuado con oportunidad y si la información proporcionada a la población y a los familiares correspondió con la evolución real de las emergencias.
Velázquez Alzúa asumió la coordinación nacional en agosto de 2020, después de desempeñarse en cargos políticos y administrativos, entre ellos la entonces jefatura delegacional de Azcapotzalco y la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno capitalino. Su formación académica está vinculada con la historia del arte, de acuerdo a información oficial.
El Pinabete, una promesa fallida de rescate inmediato
El 3 de agosto de 2022, diez trabajadores quedaron atrapados tras la inundación de la mina El Pinabete, ubicada en Sabinas, Coahuila. La emergencia se convirtió en una operación de rescate que se prolongó durante meses y posteriormente derivó en trabajos de recuperación de los cuerpos.
Durante los primeras horas de la tragedia, la historiadora del arte Laura Velázquez informó desde la conferencia de prensa presidencial que seactuaba con un plan de ingeniería para avanzar en el rescate con vida de las víctimas.
El viernes 12 de agosto –a solo 9 días de la inundación en el socavón de la mina El Pinabete»– Velázquez Alzúa reportó al presidente López Obrador en su tradicional conferencia de prensa que, las brigadas de militares estarían por ingresar y realizar el rescate con vida de los diez mineros ese mismo día.
«Ya tenemos todas las condiciones para bajar el día de hoy. Toda la madrugada retiraron (los militares) material para ingresar, ya en estos momentos, a la búsqueda y el rescate«, dijo Velázquez Alzúa al presidente López Obrador desde la conferencia de prensa.
En octubre de 2022, documentos legislativos retomaron declaraciones de la funcionaria de la SSPC, quien había señalado que los resultados preliminares permitían identificar una posible comunicación entre El Pinabete y la mina Conchas Norte. La expectativa generada entonces contrastó con la prolongación de los trabajos y la imposibilidad de concretar un rescate inmediato.
La tragedia también abrió cuestionamientos sobre la supervisión de las condiciones de seguridad en la minería de carbón, la acumulación de agua en yacimientos abandonados y la coordinación entre las dependencias responsables de la actividad minera y la protección de los trabajadores.
Los trabajos continuaron durante los años siguientes. En 2023, la Comisión Federal de Electricidad, quien se integró al proceso de rescate ante la fallida actuación de la historiadora Velazquez Alzúa, informó avances en las obras de rescate y reuniones periódicas con las familias de los mineros, quienes de manera recurrente anunciaban falta de atención y de comunicación . La recuperación de restos se convirtió en el objetivo central de una operación cuya duración superó ampliamente las expectativas iniciales.
«Otis», la alerta que no llegó a tiempo
El huracán Otis impactó Acapulco durante la madrugada del 25 de octubre de 2023, después de experimentar una intensificación extraordinariamente rápida frente a las costas de Guerrero, que dejó incomunicada esta zona del país por más de 24 horas.
La respuesta gubernamental fue cuestionada ante la impericia de generar alertas oportunas para evacuar a los pobladores y turistas; además, este fenómeno dejó en descubierto la fastla de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales antes del impacto.
Después del desastre, quedó en evidencia que la información pública sobre la evolución del fenómeno no se tradujo en una alerta suficientemente contundente para una población que enfrentaba un huracán cuya intensidad aumentó en pocas horas. También fueron objeto de cuestionamiento los mecanismos de comunicación y la preparación de los operativos de auxilio, desde la misma silla presidencial.
El propio Andrés Manuel López Obrador reconoció que había recibido información sobre la intensificación de Otis y que consideró enviar un mensaje más contundente antes del impacto. La discusión pública posterior incluyó la actuación de Protección Civil y la responsabilidad de las autoridades encargadas de advertir a la población sobre el riesgo.
La dimensión de la tragedia dejó en evidencia la importancia de contar con sistemas de alerta temprana capaces de comunicar riesgos extremos de manera rápida, clara y comprensible, particularmente en zonas costeras expuestas a ciclones tropicales.
La alerta en celulares y una atribución que requiere precisión
Otro de los episodios que ha generado controversia, ha sido la discusión sobre el sistema de alerta mediante teléfonos celulares.
Apenas ayer jueves 17 de septiembre, Velazquez Alzúa afirmó desde al atril presidencial, «ustedes saben que por instrucción de la presidente de México, el alertamiento (sic) por celular es una realidad en nuestro país».
Sin embargo esta afirmación no correponde con la verdad. Se sabe que el Congreso de la Unión aprobó en 2015 modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establecieron obligaciones para los concesionarios respecto a la difusión de mensajes de emergencia, en coordinación con las autoridades competentes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El Sistema de Información Legislativa registra que el dictamen correspondiente contemplaba la transmisión de mensajes relacionados con situaciones de emergencia del diputado panista Juan Pablo Adame; asunto que fue discutido y aprobado durante el periodo legislativo 2014-2015.
Por ello, atribuir el origen legislativo de esta herramienta exclusivamente a una decisión presidencial posterior resulta impreciso y falta a la verdad. La implementación tecnológica y operativa del sistema puede corresponder a administraciones distintas, pero el antecedente jurídico fue establecido previamente por el Poder Legislativo.
Una trayectoria política antes de Protección Civil
Antes de encabezar la CNPC de la SSPC, Laura Velázquez desarrolló una trayectoria principalmente política y administrativa de cerca de López Obrador a su paso por la jefatura de gobierno capitalina. Su paso por Azcapotzalco y por áreas de gobierno de la ciudad de México precedió a su incorporación a la estructura federal de protección civil.
La discusión sobre su perfil no se limita a su formación profesional, sino a la necesidad de que una dependencia encargada de enfrentar terremotos, huracanes, inundaciones, accidentes industriales y emergencias nacionales cuente con capacidades técnicas, protocolos de actuación y mecanismos de rendición de cuentas, que de manera clara no tenía como antecedente o experiencia.
El debate pendiente
Los casos de El Pinabete y Otis sólo son una muestra de dos dimensiones distintas de la protección civil, la respuesta ante una emergencia prolongada y la prevención frente a un fenómeno meteorológico de rápida evolución.
En ambos episodios, el desempeño institucional ha sido objeto de críticas y pérdida de vidas al actuar cuestionado de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudaana, las dependencias sectoriales, los gobiernos estatales y municipales, así como las decisiones operativas tomadas antes, durante y después de cada emergencia. –sn–
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