Verónica Martínez García propone tipificar el ecocidio en México con hasta 30 años de prisión, multas de 50 mil días y reparación integral del daño ambiental.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La diputada federal Verónica Martínez García propuso tipificar el ecocidio como delito en el Código Penal Federal, con penas de 15 a 30 años de prisión para quienes provoquen daños graves, extensos o irreversibles a ecosistemas, biodiversidad o servicios ambientales.

La iniciativa plantea además multas de cinco mil a 50 mil días y la obligación de reparar integralmente el daño ocasionado al medio ambiente. La propuesta busca establecer criterios específicos para determinar cuándo una afectación ambiental alcanza la gravedad necesaria para constituir ecocidio.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) planteó incorporar el artículo 416 Bis al Código Penal Federal, con el propósito de establecer una definición legal del delito y diferenciarlo de otras conductas contra el medio ambiente.

Así funcionaría el delito de ecocidio

La propuesta contempla sancionar conductas realizadas de manera dolosa, ya sea por acción u omisión, cuando produzcan un impacto grave, extenso o irreversible en los ecosistemas, la biodiversidad o los servicios ambientales.

De acuerdo con el planteamiento legislativo, las penas podrían incrementarse hasta en una mitad cuando el daño ocurra en áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera o sitios Ramsar.

También se considerarían agravantes los casos que afecten especies en peligro de extinción, comprometan el suministro de agua para consumo humano o involucren a servidores públicos.

Martínez García sostuvo que el artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, pero señaló que persisten afectaciones relacionadas con actividades industriales irregulares, deforestación, contaminación de cuencas hidrológicas y otros daños ambientales.

Empresas también enfrentarían sanciones

La iniciativa contempla medidas específicas para las personas morales involucradas en la comisión del delito, además de las responsabilidades penales correspondientes a quienes participen directamente en las conductas sancionadas.

Entre las medidas propuestas se encuentran la suspensión de actividades hasta por diez años y la clausura definitiva de establecimientos relacionados con la comisión del ilícito.

El proyecto también plantea la prohibición para operar, la cancelación de concesiones y, en determinados casos, la disolución de la persona moral cuando haya sido utilizada para cometer el delito ambiental.

La propuesta establece así un esquema que no se limitaría a sancionar a personas físicas, sino que buscaría generar consecuencias jurídicas para empresas involucradas en daños ambientales considerados graves. –sn–

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