La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la sede del Senado de la República para desahogar los asuntos legislativos del periodo de receso.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Este miércoles 23 se lleva a cabo la sesión en el Senado de la República en el recinto camaral de Insurgentes y Reforma.
Durante la reunión legisladores federales desahogan los asuntos inscritos en el orden del día, entre ellos comunicaciones oficiales, proposiciones, iniciativas y otros temas de competencia legislativa.
Versión estenográfica
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: (11:46 horas) Buenos días, compañeras y compañeros senadores.
Le solicito a la Secretaría que informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las senadoras y los senadores.
La Secretaria Senadora Claudia Tello Espinosa: Honorable Asamblea:
Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 66 ciudadanas senadoras y senadores.
En consecuencia, hay quórum, señor presidente.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias.
Se abre la sesión ordinaria del miércoles 23 de septiembre de 2026, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año del Ejercicio de la LXVI Legislatura.
El Orden del Día se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda.
El acta de la sesión ordinaria de ayer, 22 de septiembre, se encuentra publicada en la Gaceta de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria Senadora Claudia Tello Espinosa: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
Quienes estén, por favor, de acuerdo, levanten la mano.
(La Asamblea asiente)
Gracias.
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes se abstengan, favor de levantar la mano.
Aprobada el acta, señor presidente.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Aprobada el acta de la sesión ordinaria del 22 de septiembre de 2026.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria Senadora Claudia Tello Espinosa: Se recibieron comunicaciones de las siguientes ciudadanas senadoras.
Gina Gerardina Campuzano González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la Legislatura en curso.
Imelda Sanmiguel Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que remite el informe de su participación en la reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se celebró en Panamá, Panamá, los días 3 y 4 de septiembre del año actual.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: La Asamblea ha quedado enterada.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria Senadora Claudia Tello Espinosa: Se recibió un oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que informa de la elección de la Mesa Directiva, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: La Asamblea ha quedado enterada.
Compañeras y compañeros senadores:
Hago de su conocimiento que ayer por la noche recibimos de la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos, Federal y Locales.
Con fundamento en el numeral 2 del artículo 176 del Reglamento del Senado, se turnó éste directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, ayer mismo por la noche.
Permítanme informar a la Asamblea, que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura de Administración, de la Facultad de Contaduría de la UNAM.
Quienes acuden por invitación de la senadora Patricia Guadalupe Ramírez Bazán.
Allá están, allá arriba.
El Poder Legislativo les da la más cordial bienvenida a la casa del federalismo, donde se construyen las leyes que rigen nuestra sociedad.
Bienvenidos.
Muchas gracias por su asistencia.
(Aplausos)
También tenemos la presencia, la visita de un grupo de personas ciudadanas tlaxcaltecas, es decir, del estado de Tlaxcala, quienes acuden por invitación de la senadora Eréndira Olimpia Cova Brindis, para conocer este recinto legislativo.
Bienvenidas y bienvenidos, todas y todos ustedes, a este espacio legislativo.
(Aplausos)
Honorable Asamblea:
El pasado 14 de septiembre aprobamos el acuerdo de la Mesa Directiva por el que se ratificó el similar por el que se concede el uso de la tribuna del Pleno de la Cámara de Senadores para que personas originarias de pueblos y comunidades indígenas emitan un mensaje en su lengua originaria, aprobado el 11 de noviembre de 2025.
Hoy tendremos la participación, por primera ocasión en este año legislativo, de una persona para hacer uso de la palabra y emitir un mensaje en su lengua originaria.
Nuestra invitada de este día es la ciudadana Lucía del Carmen Gómez Díaz.
Su participación será hasta por siete minutos.
La traducción correspondiente será proyectada en las pantallas del pleno y tanto el texto de la intervención como la traducción la encontrarán en el monitor de sus escaños.
La ciudadana Lucía del Carmen Gómez Díaz pertenece al ejido San Salvador, del municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas.
Su lengua es el tzotzil de variante San Andrés Larráiznar.
Ella es investigadora, activista, comunitaria y promotora de derechos colectivos y participación comunitaria con trayectoria en el ámbito
académico, la sociedad civil organizada y el trabajo con comunidades indígenas de Chiapas.
Es licenciada en Gestión y Desarrollo Turístico, maestra en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo y actualmente cursa el doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional en la misma universidad.
Su investigación se centra en la pertinencia cultural, el derecho de acceso a la información pública y su relación con el buen vivir de los pueblos indígenas.
Desde el año 2020 se desempeña como coordinadora de vinculación comunitaria en la organización indígena Kintiltik A.C., espacio desde el que ha acompañado procesos comunitarios relacionados con el derecho de acceso a la información, transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción desde una perspectiva intercultural.
Ha participado en espacios académicos internacionales relacionados con pueblos indígenas, desarrollo, justicia informacional e inteligencia artificial, incluyendo actividades de intercambio académico y espacios de diálogo vinculados con organismos internacionales.
La ciudadana Gómez Díaz viene acompañada de las siguientes personas, Alba Zoraida Maldonado Fonseca y Emiliano Motes de Oca Téllez Rojo.
Démosle una cordial bienvenida a ellos, por favor.
(Aplausos)
Ciudadana Lucía del Carmen Gómez Díaz, tiene el uso de la tribuna para expresar su mensaje en su lengua originaria.
Hasta por siete minutos.
Adelante, Lucía.
La C. Lucía del Carmen Gómez Díaz: (Habló en su lengua originaria)
(Texto en español)
Saludo a todas las personas en este día.
Agradezco la oportunidad de estar en el Senado de la República, un espacio donde se construyen las decisiones legislativas que inciden en la vida de millones de mexicanos, de los pueblos indígenas.
Quiero hablar desde una realidad concreta: los pueblos indígenas de México.
Y quiero hacerlo a partir de una pregunta
¿Qué significa reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y que las instituciones públicas comuniquen sus decisiones con estricto apego a los derechos lingüísticos, las formas de organización y las formas de deliberación propias de los Pueblos Indígenas?
En septiembre de 2024, México dio un paso constitucional muy importante. El artículo 2 de nuestra Constitución reconoció a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y fortaleció derechos relacionados con su libre determinación, sus lenguas, sus sistemas normativos, sus formas de organización, su participación y su desarrollo integral.
Ese reconocimiento cambia la relación que el Estado debe construir con los pueblos indígenas. Ya no hablamos únicamente de población beneficiaria de programas públicos, hablamos de sujetos colectivos de derechos.
Y desde esa perspectiva quiero plantear un tema que puede parecer técnico, pero que tiene profundas implicaciones en la vida comunitaria de los pueblos indígenas, el derecho de acceso a la información pública.
Porque una comunidad que recibe recursos públicos tiene derecho a conocer cuánto recurso llegó, de dónde viene ese recurso, quién lo administra, qué decisiones se tomaron, cuáles son las responsabilidades institucionales y qué mecanismos existen para participar.
Una comunidad que enfrenta problemas de agua tiene derecho a conocer los programas públicos disponibles y las instituciones responsables.
Una mujer indígena que busca acceder a un programa público tiene derecho a comprender los requisitos y las condiciones para ejercer su derecho a salud, educación, territorio, presupuesto, programas sociales, infraestructura.
La información pública, por tanto, tiene impactos concretos en la vida comunitaria.
Hay que preguntarnos sobre la información pública.
¿Para quién está disponible?
¿En qué lengua se comparte?
¿Qué tan contextualizada está?
¿Por qué medio llega?
¿Quién puede interpretarla?
¿En qué espacios puede discutirse?
Y ¿Puede esa información ser utilizada por una comunidad indígena para participar en una decisión que afecta su vida colectiva?
Hay que responder esas preguntas.
Por eso, quiero introducir un concepto fundamental:
La pertinencia cultural que significa reconocer a una comunidad indígena sobre sus formas de organización, su lengua, sus autoridades, sus espacios de deliberación y sus mecanismos de transmisión del conocimiento.
Traducir información a una lengua indígena, escrita, alojada en una plataforma digital no equivale por sí mismo a comunicar con pertinencia cultural.
Una comunidad puede recibir un documento traducido y todavía requerir un espacio comunitario para discutirlo, interpretarlo y relacionarlo con una decisión colectiva.
Y aquí aparece una responsabilidad directa para las instituciones del Estado y para quienes construyen las leyes.
La reforma constitucional de 2024 establece un nuevo punto de partida. Ahora necesitamos traducir ese reconocimiento constitucional en obligaciones institucionales concretas.
Hacer que ese reconocimiento se materialice en la forma en que el Estado informa, comunica, consulta y rinde cuentas.
Y propongo cinco acciones.
Primera. Incorporar la pertinencia cultural como criterio transversal en las políticas de acceso a la información pública dirigidas a pueblos indígenas.
Segunda. Garantizar recursos públicos para producir, traducir y comunicar información gubernamental en lenguas indígenas, considerando las características lingüísticas y organizativas de cada territorio.
Tercera. Fortalecer mecanismos de información comunitaria que articulen plataformas digitales con asambleas, autoridades comunitarias, intérpretes y medios locales.
Cuarta. Generar mecanismos efectivos que permitan saber cuántas comunidades indígenas reciben información pública de manera comprensible, pertinente y oportuna.
Quinta. Garantizar la participación de los pueblos indígenas en el diseño de los mecanismos mediante los cuales el Estado les informa y debe construirse con los pueblos.
Pasar de una lógica donde las instituciones informan a los pueblos indígenas hacia una relación donde las instituciones dialogan con los pueblos indígenas.
Por eso, desde este Senado, quiero dejar una propuesta concreta.
Que construyamos una política nacional de acceso a la información pública con pertinencia cultural para los pueblos indígenas y afromexicanos, con obligaciones institucionales, presupuesto, indicadores y participación directa de los pueblos en su diseño.
En México, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público nos plantea necesariamente una tarea de justicia: construir instituciones capaces de informar desde la diversidad lingüística, cultural y política que constituye nuestro país, porque un pueblo que tiene derecho a decidir necesita condiciones para saber.
Muchas gracias.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DE LA SENADORA
VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias por su mensaje, ciudadana Gómez Díaz.
Por favor, la invitamos a subir al presídium para hacerle entrega de un reconocimiento.
(Entrega de reconocimiento)
(Aplausos)
Senadora Esquivel, ¿con qué objeto?
La Senadora Laura Esquivel Torres: (Desde su escaño) Muchas gracias, presidenta.
Quisiera pedir un minuto de silencio y quisiera levantar la voz por una noticia que apareció hoy, y que creo que debería de estremecernos a todos.
En Zacapu, Michoacán, madres buscadoras denuncian haber encontrado una fosa clandestina con más de mil 600 dientitos de leche; dientes de leche, compañeras y compañeros.
Eso habla de que cientos de niñas y niños fueron víctimas de un horror inimaginable.
Anuncio que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentará un punto de acuerdo para exigir a las autoridades de Michoacán una investigación e información sobre esta nota que no puede quedar en el olvido, porque como bien lo dice el periodista: Si esta nota no es suficiente para incendiar nuestras conciencias, no sólo se están enterrando a esos niños, sino están enterrando también nuestros corazones.
Quisiera pedir un minuto de silencio, presidenta, para las víctimas y para las madres de las víctimas que presuntamente encontraron en Zacapu, Michoacán.
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: A ver, senadora, le voy a pedir, por favor, que nos haga llegar la información, las fuentes que usted tiene.
Y haremos, en caso de la confirmación, que la haremos en estos momentos que tendremos y, de ser confirmada la información, procedemos con la petición que usted hace.
La Senadora Laura Esquivel Torres: (Desde su escaño) Gracias.
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias a usted. Al contrario.
Nuestro siguiente apartado del Orden del Día es la presentación de iniciativas.
En una primera ronda, tiene la palabra la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, en materia de penas a personas servidoras públicas por hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, hasta por cinco minutos.
Permítame un segundo la oradora.
Compañeras, compañeros senadores:
Les ruego que mientras esté la senadora Alejandra Arias Trevilla vamos a hacer algunas adecuaciones al audio, en virtud de que nos han hecho llegar información de que no se escucha y no fue entendible.
Digo, en el caso de lo que comentó la senadora Laura y que ahorita la senadora Alejandra Arias va a estar, lo tenemos en la versión estenográfica que sí se escucha perfectamente a través de las distintas publicaciones donde estamos en vivo.
Pero vamos a estar haciendo unos ajustes de audio dentro del Pleno del Senado de la República, por lo que les pido, por favor, prestar la mayor atención posible a los oradores, en lo que tratamos de solucionar el problema.
Adelante, senadora.
La Senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla: Gracias, presidenta.
Con tu permiso.
Hoy quiero hablar del hostigamiento sexual desde una realidad muy concreta. México ya conoce esta conducta en su legislación, pero reconocer el problema no significa que hayamos terminado de construir las herramientas para enfrentarlo.
Las formas en las que trabajamos, estudiamos y nos comunicamos han cambiado y nuestro marco jurídico tiene que ser capaz de responder a esta realidad, por eso presento esta iniciativa para reformar el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, no para redefinir el hostigamiento sexual, sino para actualizar algunos de los elementos y fortalecer, la respuesta del Estado, frente a una conducta que puede vulnerar, profundamente, la dignidad, la libertad y las oportunidades de una persona.
Uno de los cambios tiene que ver con los medios digitales. Hoy una relación laboral o docente no termina necesariamente cuando salimos de una oficina o cuando concluye una clase, continúa en un teléfono celular, en un correo electrónico o en una plataforma institucional.
Y también, por esos medios, pueden enviarse mensajes, imágenes, insinuaciones o propuestas de naturaleza sexual que una persona no desea recibir.
Por eso resulta necesario que nuestra legislación reconozca, expresamente, estas modalidades.
Otro punto fundamental es eliminar la exigencia de acreditar un perjuicio o daño para que la conducta sea punible; una mujer puede recibir una conducta sexual no deseada de quien tiene autoridad sobre su empleo y guardar silencio para conservar su trabajo.
Un estudiante puede vivir una situación similar y no denunciar el tema para no afectar su trayectoria.
Por eso, la protección penal no debe depender de demostrar que además de la conducta tuvo que producirse un prejuicio adicional.
La dignidad, la libertad y la autonomía de las personas no puede quedar condicionada a que primero se pierde el empleo o una oportunidad o la condición que ya tenía.
Al mismo tiempo, esta iniciativa precisa los elementos que deben considerarse, que se trate de una conducta de naturaleza sexual no deseada por la persona a quien se dirige y que tenga por objeto o efecto intimidar, humillar, degradar, afectar sus condiciones laborales o docentes o generar un ambiente hostil, ofensivo o intimidatorio.
Una legislación responsable debe ser clara para proteger y precisa para establecer qué conducta debe ser sancionada, a su vez la protección de niñas, niños y adolescentes merece una consideración especial.
Cuando una persona menor de edad se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad, no podemos tratarle, trasladarle toda la responsabilidad de denunciar aquello que está viviendo, puede, el menor, no tener las herramientas para identificarlo, no saber a quién acudir o incluso sentir temor frente a quien ejerce autoridad sobre ella.
Por ello propongo que cuando la víctima sea menor de edad o se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad, se proceda de oficio, pues la protección de la infancia debe ser una responsabilidad directa del Estado.
También propongo fortalecer la respuesta cuando el hostigamiento sea cometido por una persona servidora pública, utilizando los medios o circunstancias que le proporciona el cargo.
Quien ocupa una función pública tiene una responsabilidad adicional frente a la sociedad; el poder que se recibe para servir no puede utilizarse para intimidar, condicionar o vulnerar a una persona.
Quiero subrayar la dimensión de esta iniciativa para las mujeres. Hablar de igualdad no significa únicamente garantizar que podamos acceder a los espacios laborales, educativos y profesionales; también significa poder permanecer en ellos, desarrollarnos y construir nuestros proyectos de vida sin que nuestra dignidad sea utilizada como moneda de cambio.
Durante mucho tiempo se nos pidió a las mujeres a aprender a identificar el peligro, evitar determinadas situaciones y guardar silencio; cuando denunciar puede tener consecuencias.
Hoy tenemos que seguir construyendo instituciones que pongan la responsabilidad de quien ejerce la violencia, y no quien la enfrenta.
Para mí ahí está el sentido de esta iniciativa, actualizar nuestra legislación para reconocer que las formas contemporáneas en que puede manifestarse esta conducta, y eliminar los obstáculos para su sanción, reforzar la protección de quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad y establecer consecuencias claras cuando el poder público es utilizado para violentar.
Porque ninguna persona debe de tener que elegir entre su dignidad y la posibilidad de trabajar, estudiar, desarrollarse o construir su propio proyecto de vida.
Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senadora.
La iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
En el lugar que corresponde al grupo parlamentario de Acción Nacional, el senador Agustín Dorantes Lambarri ha solicitado que el proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de tarifa en transporte público para mujeres y jefas de familia se turne directamente.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 172 del Reglamento del Senado se turna a las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos, Segunda.
Honorable Asamblea:
Quiero que demos la bienvenida a un grupo de jóvenes representantes de las Juventudes 2030 del estado de Sinaloa, que se encuentran aquí en el palco superior en este Pleno del Senado de la República.
Quienes están a invitación de la senadora Ana Chiquete, también del estado de Sinaloa.
Bienvenidas y bienvenidos, jóvenes, a la casa del federalismo.
(Aplausos)
Tiene ahora el uso de la palabra el senador Carlos Humberto Suárez Flores, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de seguridad y eficiencia hídrica para las actividades productivas, reúso, recuperación de volúmenes y gestión integrada de cuencas fronterizas, hasta por cinco minutos.
Adelante, senador.
El Senador Carlos Humberto Suárez Flores: Con el permiso de la presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
México enfrenta uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, es decir, garantizar agua suficiente para las familias, para la producción de alimentos, para las ciudades, para ecosistemas y para el desarrollo económico.
Sin embargo, debemos partir de una realidad que muchas veces pasa desapercibida.
La escasez de agua no significa que el agua no exista, significa que la estamos perdiendo por fugas, por infraestructura deteriorada, por falta de almacenamiento, por deficiencias en la medición o por una gestión ineficiente del recurso.
Durante años hemos concentrado la discusión en cómo obtener más agua, nuevas presas, nuevas fuentes de abastecimiento y nuevas obras de infraestructura; pero pocas veces nos preguntamos algo fundamental, ¿cuánta agua estamos perdiendo antes de que llegue a las personas?
La seguridad hídrica no se alcanzará únicamente extrayendo más agua, también exige aprovechar mejor la que ya tenemos.
Permítanme poner un ejemplo cercano, en la zona metropolitana de Monterrey más del 40 % del agua que entra al sistema de distribución no se contabiliza o se pierde por fugas, problemas de medición y deficiencias operativas.
Estamos hablando de alrededor de 18 millones de metros cúbicos al mes, una cantidad suficiente para abastecer acerca de 1.3 millones de viviendas.
Por eso la pregunta es inevitable, antes de buscar nuevas fuentes de abastecimiento, ¿no deberíamos recuperar primero una parte importante del agua que hoy estamos dejando escapar?
Esa es precisamente la lógica de esta iniciativa, una convicción sencilla, antes de extraer más debemos perder menos, antes de buscar más agua, debemos recuperar la que hoy desperdiciamos.
Para lograrlo, proponemos tres acciones fundamentales:
Primero, medir para recuperar.
No podemos corregir aquello que no conocemos.
Por ello, proponemos la creación del diagnóstico nacional de eficiencia física y recuperación de volúmenes de agua, cuyo objetivo será identificar dónde se encuentran las principales pérdidas, que infraestructura requiere rehabilitación y cuanto volumen puede recuperarse.
Cada fuga reparada, cada canal modernizado y cada sistema rehabilitado representa agua que vuelve a estar disponible para las familias, el campo, la industria y los ecosistemas.
Segundo, utilizar el agua con mayor eficiencia, México compite hoy por atraer inversiones en manufactura avanzada, tecnología, semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos y otros sectores estratégicos.
Estas inversiones generan empleo y crecimiento, pero también requiere certeza, y debemos ser claros, la certidumbre hídrica no consiste en prometer agua ilimitada, consiste en administrar responsablemente el recurso disponible.
Por ello la iniciativa establece un plan de gestión eficiente y reúso del agua para proyectos productivos con alta demanda hídrica, promoviendo la eficiencia, la recirculación, el tratamiento y el reúso, no se trata de imponer cargas burocráticas, se trata de impulsar una cultura de responsabilidad, innovación y aprovechamiento eficiente del agua.
Avanzar hacia una economía circular del agua.
Durante décadas hemos operado bajo un modelo lineal, extraer, usar y desechar.
Ese modelo ya no es sostenible.
La iniciativa fortalece las acciones para promover el tratamiento, el reúso y la circulación del agua donde sea técnica, económica y ambientalmente viable.
También reconoce que no basta con tratar el agua, se requiere infraestructura para almacenarla, conducirla y aprovecharla oportunamente.
Existen cuencas donde importantes volúmenes terminan escurriéndose al mar por falta de capacidad de regulación y almacenamiento.
Se ha señalado que nada más en la frontera norte podrían aprovecharse alrededor de 100 millones de metros cúbicos.
Eso equivale acerca de 40 mil albercas olímpicas, como buena referencia.
Ese ejemplo demuestra algo fundamental, el problema no siempre es la falta absoluta de agua, muchas veces es nuestra incapacidad para conservarla, administrarla y aprovecharla oportunamente.
Compañeras y compañeros:
Quier subrayar que esta reforma no crea nuevos derechos de agua, ni modifica el régimen vigente de concesiones y asignaciones.
Tampoco altera la prioridad del uso doméstico y público o urbano, ni afecta la seguridad alimentaria o la protección de los ecosistemas.
Asimismo, mantiene plenamente los compromisos internacionales de México en materia de cuencas transfronterizas.
Lo que buscamos es algo más sencillo, pero también más urgente, administrar mejor, medir mejor, recuperar más, reutilizar más, planear mejor, porque una fuga reparada es agua recuperada.
El futuro hídrico de México no depende solamente de encontrar más agua, depende sobre todo de dejar de perder la que ya tenemos.
Es cuanto.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias, senador.
La iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica y de Estudios Legislativos, Primera.
Informo a esta Honorable Asamblea, que tenemos la visita de integrantes del grupo de Scouts 300 de Naucalpan.
Quienes acuden por invitación del senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
Sean bienvenidas y bienvenidos a esta Senado de la República.
(Aplausos)
Enseguida tiene la palabra la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del grupo parlamentario del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que propone exentar del impuesto a los recursos que recibe un beneficiario designado por un trabajador fallecido, respecto de su Afore, hasta por cinco minutos.
Muchas gracias, senadora.
Adelante.
La Senadora Anabell Ávalos Zempoalteca: Hoy quiero hablar sobre las familias que perdieron un familiar y el gobierno les quiere cobrar impuestos a los recursos que reciben de la Afore.
Por lo que propongo reformar el artículo 93, fracción XXII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que los beneficiarios de un trabajador fallecido no paguen el Impuesto Sobre la Renta cuando reciben los recursos que están en la Afore.
Actualmente conforme al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se prevé la exención del impuesto para el caso de los recursos que reciben los beneficiarios.
Por lo que, ante tal imprevisión legislativa, aunado a la voracidad de la autoridad fiscal de este gobierno morenista que está quebrado y que nos ha endeudado, quiero ponerle un límite a esa voracidad fiscal, a fin de proteger a las familias de un trabajador fallecido.
Con esta iniciativa corregimos ese vacío legal y damos certeza a los familiares beneficiarios de los trabajadores que han pasado por la tragedia del fallecimiento de un familiar y que además han incurrido en últimos gastos como para que además el gobierno quiera cobrarles impuestos.
Otro aspecto a considerar es que en muchas ocasiones el monto de sus ahorros en la Afore es pequeño, por lo que no tiene ningún sentido que, si de por sí es poco lo que recibirán los beneficiarios, para que además se les encaje el colmillo fiscal.
De acuerdo a estimados el saldo promedio general acumulado en las cuentas de las Afores en México, ronda entre los 90 mil y 96 mil pesos, y hay una brecha de género en las cuentas de ahorro para el retiro de las mujeres con promedios de alrededor de 70 mil pesos; es decir, un 25 % menos que el ahorro.
Es inaudito querer cobrar impuesto a lo poquito que dejó una madre trabajadora.
Otro aspecto importante a considerar es que los ingresos del trabajador ya estuvieron sujetos al pago de impuesto. Se trata de recursos devengados en vida por un trabajador a través de su salario y trabajo que están siendo ahorrados para la vejez, pero que al llegar la muerte ya no pudo disfrutarlos.
Es importante que el ahorro de los trabajadores no se grave fiscalmente, ello desincentiva totalmente a que las personas quieran tener una cuenta de ahorro para el retiro como para que al final el gobierno les vaya a cobrar impuestos.
Otra cuestión a considerar es que en México la población está envejeciendo.
El Sistema de Ahorro para el Retiro no garantiza pensiones dignas, por lo que se debe promover el ahorro, no castigarlo.
Además, luego es un viacrucis reclamar esos recursos, se imponen formalismos y se tienen que llevar juicios, lo que en muchas ocasiones impide que los beneficiarios accedan a los recursos del Afore; y al quedar ahí sin disponerse, resulta que posteriormente llega un mal gobierno y se roba los ahorros de los trabajadores.
El problema de cobrar impuestos a los recursos del Afore que recibe un beneficiario no es nuevo.
Hubo jueces que determinaron que estaban exentos y hubo jueces que permitían el cobro fiscal.
Apenas la Suprema Corte resolvió este tema, donde algunas ministras, de esas que llegaron por acordeón bajo una elección amañada, decían que se debía salvaguardar la hacienda pública. Si así defienden al pueblo, mejor que no lo hagan.
Sirva también esta iniciativa para advertir que algunas personas de la cuarta deformación quieren cobrar impuestos a las herencias. Es algo que el PRI no va a permitir.
Que esta propuesta sirva para salvaguardar el patrimonio de miles de familias mexicanas, integradas por personas trabajadoras que en vida no pudieron disponer de los recursos de sus Afores y a los que injustamente el gobierno morenista quiere cobrarles impuestos.
No lo vamos a permitir, y ojalá Morena pueda considerar esta iniciativa.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senadora.
La iniciativa se turna…
Con fundamento en lo dispuesto, perdón.
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción h), del artículo 72 constitucional, la iniciativa se turna a… se remite a la Cámara de Diputados.
Tiene ahora la palabra el senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de prohibición del término recursos humanos o capital humano, en congruencia con una visión humanista del trabajo, hasta por cinco minutos.
Adelante, senador.
El Senador Alejandro González Yáñez: Muchas gracias, senadora presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat.
Estamos presentando dos iniciativas, dos propuestas en la misma dirección.
La primera pretende reformar la Ley Federal del Trabajo; y la segunda, el Reglamento del Senado de la República.
¿En qué consiste centralmente esta propuesta que abarcaría dos reformas?
En sustituir, reemplazar el concepto de recursos humanos por personas trabajadoras.
Es muy relevante, porque las personas trabajadoras sí son seres humanos, pero no recursos humanos.
Son sujetos, pero no objetos.
Son personas, pero no cosas.
Reivindicamos a plenitud la humanización, el humanismo en el mundo laboral, en el mundo del trabajo.
Esta modificación hace énfasis e hincapié en que los seres humanos debemos de trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar.
Es decir, el objetivo del trabajo debe de ser el bienestar, pero no el malestar.
El trabajo debe de ser fuente de producción, fuente de felicidad y realización humana.
En ese tenor, incluso nos pronunciamos en contra del concepto de capital humano.
Este concepto fue creado por el economista estadounidense Gary Becker que, por cierto, le dieron el Premio Nobel de Economía, en 1992.
Él creó el concepto de capital humano, pero es un concepto absolutamente neoliberal, porque ya ni siquiera consideraba el enfoque keynesiano que hablaba de los dos factores de la producción: El capital y el trabajo, sino que ya, en el caso de Becker, absorbía hacia el capital la capacidad humana del trabajo.
El lenguaje no es neutral.
El idioma no es neutral.
Semióticamente hablando, cualquier palabra es un signo y un signo tiene un significado. Y aquí queremos resignificar a los seres humanos como personas trabajadoras, no como recursos, como objetos.
Aquí reivindicamos centralmente que el trabajo es el camino de realización humana.
Hasta dónde llega el lenguaje neoliberal que aquí mismo, en la Cámara de Senadores, se llama Dirección General de Recursos Humanos.
Entonces, en nuestra segunda propuesta estamos sugiriendo el cambio para que sea Dirección General de las Personas Trabajadoras.
Es decir, reivindicar a las y los trabajadores como personas, como seres humanos y no como objeto de lucro o de explotación o incluso de humillación.
Para nosotros, la cuarta transformación debe de contemplar, debe de implicar también la generación de un nuevo lenguaje democrático republicano y humanista que le dé a nuestra patria, que le dé a nuestra nación, que le dé a nuestra República la dignidad por la que tanto hemos luchado y por la que merecemos.
Muchas gracias.
Es cuanto.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias, senador.
Informo a la Asamblea que el senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó dos iniciativas de las cuales daré trámite a cada una de ellas.
La que adiciona la Ley Federal del Trabajo se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.
Y la que reforma el Reglamento del Senado de la República se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.
Ahora, se concede el uso de la tribuna al senador Clemente Castañeda Hoeflich para presentar a nombre propio y de senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, que propone incorporar el mérito deportivo como principio rector del actuar de las asociaciones deportivas nacionales y establecer un mecanismo de promoción de ascenso y descenso en las distintas categorías de las disciplinas deportivas.
Hasta por cinco minutos.
El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Compañeras y compañeros senadores:
Quiero iniciar la presentación de esta iniciativa nombrando a quienes nos han hecho el favor de suscribirla.
Al senador Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva.
Al senador Mauricio Vila, del PAN, vicepresidente de la Mesa Directiva.
Al senador José Carlos Ramírez Marín, también vicepresidente de la Mesa Directiva.
Al senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo.
A la senadora Juanita Guerra, del Partido Verde.
A la bancada de Movimiento Ciudadano, a Alejandra Barrales, la senadora Amalia García, el senador Néstor Camarillo, el senador Daniel Barreda y al senador Luis Donaldo Colosio.
Agradezco también la apertura de la Junta de Coordinación Política, particularmente de su presidente, el senador Ignacio Mier, para llevar a cabo un ejercicio previo que da origen a esta iniciativa que tiene que ver con el deporte en México, inspirada por supuesto en los recientes acontecimientos relacionados con el fútbol.
Empiezo diciendo que el artículo 4 constitucional reconoce expresamente el derecho al deporte como un pilar fundamental para la salud física y mental, para la cuestión social, para la cohesión social, para la educación y para el desarrollo nacional.
Sin lugar a dudas, el deporte ha tomado una gran relevancia a nivel internacional y a nivel nacional por muchas razones, entre otras, por la capacidad de generar ingresos, crear empleos, generar inversiones, es una industria amplísima hoy en el mundo.
Sin embargo, la esencia de esta iniciativa pretende reivindicar algo que no puede soslayarse aun con todo esto que rodea al deporte mundial, particularmente al fútbol.
La idea central de esta iniciativa es reivindicar la justicia deportiva y lo digo por lo siguiente.
El fútbol mexicano, en los últimos años, ha sufrido cambios muy importantes que van en detrimento de la justicia deportiva y del sistema de competencia.
En la temporada 2020, la Federación Mexicana de Fútbol suspendió temporalmente, subrayo, temporalmente el esquema de ascenso y descenso en las distintas categorías del fútbol mexicano.
El problema es que pasados los años esto que era temporal se convirtió en una regla permanente. De tal suerte que de manera unilateral la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga decidieron cancelar el esquema del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano.
Esta regla del ascenso y el descenso es muy sencilla para quienes no siguen al fútbol, lo explicamos.
Quien hace bien las cosas, quien gana un campeonato, puede subir de categoría y quien pierde, quien no tiene un buen desempeño deportivo, tiene una sanción que pudiera ser bajar de categoría. Y esto, en el fútbol, hoy en día, es imprescindible.
Hay muchos argumentos de los cuales han echado mano para tratar de cancelar el esquema del ascenso y el descenso, entre otros, una serie de requisitos que deben de cumplir los clubes para jugar en primera división.
Por supuesto que hay que ocuparse de las condiciones financieras, de infraestructura, de seguridad, de capacidad operativa que tienen los clubes que pretenden jugar en la primera división.
La pregunta es:
¿Qué sucede cuando una vez que todos estos requisitos se cumplen se les impide a los clubes ascender a la primera división cuando tienen resultados importantes, cuando han ganado un campeonato?
Dicho en otras palabras, esta iniciativa lo que dice puntualmente es que el resultado en la cancha debe de importar porque el deporte y el fútbol en general son asuntos de interés público y lo subrayo porque también parte de los argumentos para no entrarle a esta discusión es que son asuntos de carácter privado.
Nosotros lo decimos con todas sus letras que una actividad, sea desarrollada por particulares, no significa que no tenga relevancia pública.
Hay actividades privadas cuyas consecuencias trascienden a quien las realiza y cuando una actividad afecta oportunidades, empleos, inversiones y derechos de comunidades enteras, se convierte en un asunto público, por eso, le compete a este Senado de la República.
Voy a tratar de concluir, presidenta.
Lo que es privado por su propiedad puede ser público por sus consecuencias y el fútbol innegablemente es un asunto público, no sólo por la relevancia económica, sino porque también se convierte en un instrumento de movilidad social.
En un país como el nuestro, donde lo que faltan son oportunidades, el deporte y el fútbol deben de ser la puerta más amplia para que muchas personas puedan acceder a una vida mejor, a una vida profesional y a desarrollarse en el deporte.
Resumo en breve lo que contiene esta iniciativa que modifica la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Primero. Se incorpora expresamente el mérito deportivo entre los principios que deben observar las asociaciones deportivas nacionales.
Segundo. Se establece que cuando existan dos o más divisiones dentro de una misma estructura profesional deberá establecerse un mecanismo permanente que comprenda todas las categorías sin excepción, es decir, se obliga a que se incorpore el ascenso y el descenso.
Tercero. El ascenso, el descenso y la permanencia deben definirse principalmente por los méritos y resultados obtenidos en la competencia.
Voy a terminar, presidenta.
Cuarto. Reglas transparentes.
Las propias asociaciones deportivas nacionales conservarán la facultad de diseñar el sistema de competencia, pero sus reglas deberán ser públicas, objetivas, claras y no podrán modificarse durante su vigencia.
Quinto. Las asociaciones deportivas nacionales deberán presentar anualmente a la Comisión Nacional del Deporte y a las comisiones legislativas en materia deportiva información sobre sus programas, modificaciones reglamentarias, formación deportiva, resultados, calendario, etcétera.
Y, por último, las asociaciones deportivas nacionales deberán asistir a las reuniones de trabajo que sean convocadas por las dependencias de la Administración Pública Federal o por el Congreso de la Unión.
Que quede claro, y con esto concluyo, no buscamos administrar el fútbol ni sustituir a sus autoridades, queremos proponer reglas claras que garanticen la competencia entre todas las categorías del deporte, no sólo en el fútbol.
Buscamos con esta iniciativa encontrar un equilibrio entre las organizaciones deportivas que responde a tres principios esenciales: competencia, mérito y oportunidades.
¡Que viva el deporte mexicano!
¡Que viva el fútbol!
¡Y que vivan las oportunidades para todas y para todos!
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias, senador.
El senador Mauricio Vila ha pedido el uso de la palabra.
¿Con qué objeto, senador?
Sonido en el escaño del senador Mauricio Vila.
El Senador Mauricio Vila Dosal: (Desde su escaño) Gracias, presidenta.
Agradecer al senador Clemente Castañeda, quien nos invitó adherirnos a su iniciativa.
Decirles que, desde el Partido Acción Nacional, coincidimos en la necesidad de hacer este cambio a la forma en que operan las asociaciones.
¿Y por qué lo decimos?
Y me tardo 30 segundos. Porque en el esquema actual que tenemos hoy, por ejemplo, en el fútbol mexicano, solamente existen 13 estados de la República que hoy tienen un equipo de primera división.
Hay 19 estados de la República, donde viven casi 54 millones de mexicanos, que hoy en este esquema no pueden tener la esperanza, no aspiran a poder ver a los mejores equipos del país en su propia ciudad.
Los habitantes de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no tiene cabida en el esquema actual.
Por eso en el Partido Acción Nacional nos adherimos a esta iniciativa, que además cuenta con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senador.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín.
¿Con qué objeto, senador?
El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Muchas gracias, presidenta.
Para anunciar a usted y solicitarle la adhesión de la bancada del Partido Verde a esta iniciativa, que hemos apoyado desde el principio.
Pero también para anunciar que en los próximos días presentaremos iniciativas complementarias a esta materia, como son el número de extranjeros, el impulso a las fuerzas juveniles, el derecho de las audiencias a la transmisión libre de los programas de fútbol y, sobre todo, a que quede perfectamente claro que un deporte de esta naturaleza, siendo de interés público, es absolutamente lógico que sean materia del Senado de la República.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senador.
El senador Máximo García.
Por favor, sonido en su escaño.
¿Con qué objeto, senador?
El Senador José Máximo García López: (Desde su escaño) Gracias, presidenta.
Sólo para solicitarle al senador Clemente Castañeda podernos adherir a su iniciativa y no dejar pasar el reconocimiento a dicha iniciativa.
Creo que es importante esta propuesta que se hace y que creo que debería de discutirse en lo inmediato en las comisiones para aprobarse, ya que es un reclamo social.
Y nuevamente reconocerle este trabajo.
Felicidades, senador.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias.
El senador Cuauhtémoc Ochoa.
El Senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández: (Desde su escaño) Primero que nada, felicitar al senador Clemente Castañeda por esta iniciativa.
Y decirle que Cuauhtémoc Ochoa se suma a este importante suceso, por el bien de México, del fútbol y de los jóvenes que hoy practican este hermoso deporte, como es el fútbol mexicano.
Gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: El senador Manuel Velasco.
Sonido en el escaño, por favor.
El Senador Manuel Velasco Coello: (Desde su escaño) Muchas gracias.
Como ya lo mencionó mi compañero Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde nos sumamos a esta iniciativa que, por supuesto, es necesaria la competencia.
Siendo gobernador de mi estado en el 2018, el equipo de Tapachula, Los Cafetaleros de Tapachula fueron campeones de la Liga de Ascenso y recuerdo que hubo una gran frustración por parte de la afición, que no pudieron ascender a la primera división. Entonces es una iniciativa que fomenta la competencia.
Y lo hemos platicado también con el senador Clemente Castañeda, que también es necesario limitar el número de extranjeros, para que sean más los mexicanos que tengan oportunidades de participar.
Muchas gracias, por su atención.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: El senador González Yáñez, del Partido del Trabajo.
Sonido en el escaño.
¿Con qué objeto, senador?
El Senador Alejandro González Yáñez: (Desde su escaño) Gracias, senadora presidenta Verónica Camino Farjat.
Expresar nuestro reconocimiento a la iniciativa del senador coordinador Clemente Castañeda y manifestar todo y el absoluto apoyo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a dicha iniciativa.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senador.
El senador Homero Davis Castro.
Sonido en su escaño.
El Senador Homero Davis Castro: (Desde su escaño) Gracias, presidenta.
Si nos permite el compañero Clemente, por supuesto, sumarnos a esta iniciativa, la verdad que hace justicia al fútbol femenil y varonil.
Comentarle que en Baja California Sur tenemos un equipo, Atlético La Paz, que se hace un gran esfuerzo, tanto económico como deportivo, y siempre está en la pelea y en el anhelo para los sudcalifornianos que este equipo pueda llegar por la justa deportiva, por el trabajo deportivo, a primera división.
Nos sumamos, Clemente, a esta iniciativa, por supuesto.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senador.
La senadora Margarita Valdez.
La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Sí, gracias, senadora.
Para sumarnos a la iniciativa del senador Clemente, muy buena, pero que ojalá avance, de tal manera que en el fútbol también sean incluidos los equipos de mujeres, que no nada más se vaya por el de primera división varonil, segunda división, derechos de los futbolistas, privilegios para los futbolistas, que aquí se incluyan las y los futbolistas, por favor.
Con mucho gusto.
Gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senadora.
El senador José Cruz.
El Senador José Manuel Cruz Castellanos: (Desde su escaño) Muchas gracias.
Igual, decirle al senador Clemente que, en nombre de nuestro estado y, por supuesto, del mío propio, unirme a la iniciativa tan importante para el fútbol mexicano.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senador.
El senador Sabino Herrera.
El Senador José Sabino Herrera Dagdug: (Desde su escaño) Gracias, presidenta.
Para sumarnos a la iniciativa de nuestro amigo el senador Clemente Castañeda, felicitarlo por esta gran visión.
Y de Tabasco, seguro estoy, mis amigos van a compartir muy grande esta noticia.
Y ojalá lo que hoy inicia pronto lo logremos.
Y felicitarte, Clemente, y cuenta con todo nuestro apoyo.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senador.
De igual manera, se suma a esta iniciativa el senador Adán Augusto López Hernández, su servidora, la senadora Claudia Tello.
Y cualquier senadora o senador que desee sumarse a esta iniciativa, por favor, sírvase levantar la mano o acercarse.
La senadora Verónica Rodríguez también.
Si alguien más adelante desea adherirse, por favor, puede acercarse a Servicios Parlamentarios y a la Secretaría.
Muchas gracias.
Se turna a las Comisiones Unidas de Deporte y de Estudios Legislativos la iniciativa.
Ahora tiene el uso de la tribuna el senador Homero Davis Castro, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo 5 de la Ley de Institutos Nacionales de Salud, y reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de creación del Instituto Nacional de Trasplantes, hasta por cinco minutos.
Adelante, senador.
El Senador Homero Davis Castro: Gracias, presidenta.
Con tu permiso.
Hoy vengo a presentar una iniciativa que nace de una convicción profundamente humana.
En México ninguna persona debería perder la vida o esperanza de vivir cuando existe la posibilidad de salvar la vida.
Hace más de seis décadas, en octubre de 1963, médicos mexicanos realizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social el primer trasplante renal en nuestro país. Desde entonces México ha constituido instituciones, conocimiento y capacidades médicas.
Pero hoy la realidad nos demanda dar un paso más, porque detrás de cada persona que espera un órgano, hay un rostro, hay una familia y hay una historia.
Actualmente, más de 18 mil personas esperan un trasplante en nuestro país y alrededor de 16 mil requieren un riñón.
La donación de órganos es uno de los actos más generosos que puede realizar una persona, dar vida, incluso después de la vida.
Por eso, hoy proponemos fortalecer las instituciones que hacen posible esa voluntad, se convierta en una oportunidad real para quien espera.
Esta iniciativa plantea transformar el Centro Nacional de Trasplantes, el Cenatra, en el Instituto Nacional de Trasplantes, el Inatra.
Quiero ser muy claro, no se trata solamente de cambiar su nombre, se trata de fortalecer el Estado mexicano para enfrentar un desafío de salud pública que requiere mayor capacidad, coordinación y especialización.
El nuevo instituto será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica, operativa y administrativa; tendrá, entre sus responsabilidades fortalecer la investigación científica, formar y capacitar personal especializado, coordinar esfuerzos con los centros estatales de trasplantes y, sobre todo, impulsar una cultura permanente de donación de órganos y tejidos.
Esta propuesta no representa un impacto presupuestal adicional para el Estado, pues se plantea aprovechar las funciones, estructura operativa y recursos que actualmente corresponden al Cenatra; es decir, fortalecer sin cargar más al erario, pero multiplicando las posibilidades de salvar vidas.
Porque un trasplante no es solamente un procedimiento médico, es una segunda oportunidad, es una madre que puede volver a abrazar a sus hijos, es un padre que puede recuperar su vida cotidiana, es una joven o un joven que puede regresar a estudiar, a trabajar y a seguir construyendo sus sueños.
Desde este Senado tenemos la responsabilidad de seguir construyendo un México donde los derechos no sean privilegios, sino realidades para todas y todos.
Hagamos de la donación una cultura solidaria, y del trasplante una política pública más eficaz, coordinada y humana; porque cuando una persona decide donar, no solamente entrega un órgano, entrega una oportunidad,
Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senador.
Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.
En la segunda ronda de presentación de iniciativas, tiene la palabra la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de plena identificación y legibilidad de medios de identificación vehicular, hasta por cinco minutos.
Adelante, senadora.
La Senadora Mariela Gutiérrez Escalante: Gracias, señora presidenta.
Compañeras y compañeros senadores:
Desde finales del siglo XIX, cuando aparecieron las primeras matrículas en el mundo, la placa vehículo nació con una función muy clara, no como un simple trámite ni como un accesorio o adorno vehicular, sino como un escudo de protección ciudadana.
La placa es la forma en que rompemos el anonimato para dar certeza y seguridad a quienes caminan por las banquetas, a quienes andan en bicicleta y a quienes manejan a nuestro lado.
Sin embargo, hoy basta asomarse a cualquier calle o avenida de nuestro país para ver una realidad alarmante, cada vez es más común toparnos con vehículos que circulan en la opacidad, placas cubiertas con cintas de aislar o cinta canela, números raspados o despintados a propósito; micas oscuras o reflejantes, portabicicletas que tapan la matrícula e incluso mecanismos electrónicos para ocultar o voltear la placa con solo apretar un botón.
En muchos casos esto no es una casualidad, no es un descuido fortuito, se trata de actos deliberados de quienes buscan esconderse, quizás para pasarse un alto sin ser captados por las fotomultas, para invadir los carriles del transporte público o para rebasar los límites de velocidad y, en los casos más graves, buscan impunidad tras atropellar a un peatón o después para cometer delitos como asaltos, extorsiones o robos.
El Estado mexicano ha realizado inversiones millonarias en arcos carreteros, cámaras del C-5 y tecnología de vigilancia vial para cuidar a las familias, pero toda tecnología queda anulada si la cámara no puede leer una placa porque alguien decidió ocultarla, en ese momento se rompe la cadena de justicia y se deja a las víctimas en total desamparo.
Esta situación es todavía más delicada en el transporte público, quien opera un taxi, un autobús o una unidad de pasajeros tiene en sus manos la vida de personas y la placa visible es la única herramienta que tiene una mujer o un estudiante, cualquier usuario del transporte para saber si esa unidad es legal, para reportar un cobro indebido o para denunciar un acoso o una agresión.
En el transporte público la opacidad rompe por completo la confianza social. Por estas razones hoy presento una reforma al artículo 49 de la Ley General de Movilidad de Seguridad Vial, estableciendo un piso mínimo para todo el país, que distinga claramente entre el descuido y la opacidad.
Primero. Establecemos como deber elemental, que quien maneja revise sus placas y que su engomado esté limpios y legibles; si alguien usa portabicicletas o portaequipaje, no se le prohíbe usarlo, simplemente tiene el deber de colocar la placa en la parte exterior del aditamento para que siga visible.
Y si la placa se desgastó por los años o el clima, el propietario tiene la obligación de acudir a renovarla ante la autoridad.
Segundo. Prohibimos tajantemente cualquier alteración deliberada, nada de micas oscuras, nada de cintas adhesivas, nada de despintar letras a propósito ni instalar mecanismos para esconder la matrícula.
Tercero. Y esto es fundamental. Aplicamos un criterio de proporcionalidad y justicia, quien cometa una omisión por primera vez, como traer la placa sucia o un desgaste natural se le aplicará una sanción local.
El aseguramiento del vehículo solo procederá en caso de reincidencia, pero para quien actúen con dolo, con trampas usando cintas o dispositivos para esconder su matrícula, la respuesta debe ser firme, retiro inmediato de la circulación y remisión al depósito vehicular desde la primera vez.
Para el transporte pública, quien altere u oculte deliberadamente la matrícula de su unidad, enfrentará el retiro o la revocación definitiva de su concesión o permiso.
Senadoras y senadores:
Esta reforma no busca criminalizar ni perseguir al ciudadano. Al contrario, busca defender el derecho de todas y todos a una movilidad segura, ordenada y en paz; circular con placas visibles no es una carga, es una muestra básica de empatía, corresponsabilidad y respeto a la vida en comunidad.
No debemos olvidar que la propia Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece como una de sus prioridades la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos, bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es prevenible.
Les invito a respaldar esta iniciativa para cerrar la puerta al anonimato y garantizar que en nuestras calles impere la legalidad y la tranquilidad de las familias mexicanas.
Es cuanto.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senadora.
Se turna a las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos.
Honorable Asamblea:
Les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Conin del municipio de San Juan del Río, Querétaro.
Quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarri.
Nos alegra recibirles hoy, jóvenes, en este espacio.
Y sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República.
Muchas gracias.
(Aplausos)
De igual manera, les informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de ciudadanas y ciudadanos provenientes de la Sierra Negra y Sierra Norte del estado de Puebla.
Quienes acuden por invitación de la senadora Lizeth Sánchez García, para conocer el desarrollo de los trabajos legislativos.
De igual manera, sean bienvenidas y bienvenidos a este Senado de la República.
(Aplausos)
Y, por último, también tenemos la visita de un grupo de jóvenes de la Asociación Civil “Virtud Bodet”.
Quienes acuden por invitación del senador Francisco Arturo Pérez Pérez, para conocer el desarrollo de los trabajos legislativos.
Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto legislativo.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Laura Esquivel Torres, para presentar a nombre propio y de las senadoras y senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cadena perpetua irreductible y endurecimiento de penas para los delitos sexuales cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes, hasta por cinco minutos.
Adelante, senadora.
La Senadora Laura Esquivel Torres: Con su venia, presidenta.
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Adelante.
La Senadora Laura Esquivel Torres: Hay delitos que no dejan cicatrices visibles, pero destrozan vidas enteras.
Hay delitos que no admiten segundas oportunidades. Y el abuso sexual infantil es uno de ellos.
Cuando una niña o un niño es abusado, no solo le arrebatan su inocencia, le roban la tranquilidad, la confianza y su seguridad.
En México cada año existen casi cinco millones de víctimas de abuso sexual infantil, cinco millones.
Y detrás de ese número hay infancias destruidas, hay familias que nunca volvieron a ser las mismas, y heridas que ninguna sentencia podrá borrar.
Por eso presento esta iniciativa para que quienes cometan abuso sexual infantil reciban cadena perpetua.
Sí, cadena perpetua.
Porque mientras una víctima de abuso sexual a veces carga durante toda su vida con las consecuencias de una agresión, el responsable no puede recibir una sanción que minimice la gravedad de lo que hizo.
Durante mucho tiempo nos hemos preocupado más por los derechos de los delincuentes, que por los derechos de nuestros niños.
¡Ya basta! La libertad de un abusador jamás puede valer más que la vida de un niño.
Si las consecuencias del abuso sexual infantil duran toda la vida, pues el castigo también debe durar toda la vida.
Los abusadores sexuales de menores no son delincuentes comunes, son personas que destruyen deliberadamente la vida de quienes menos pueden defenderse.
Ya les hemos fallado a millones de niñas y niños. No les fallemos también en el momento de hacerles justicia.
Ningún abusador sexual de menores debe tener la oportunidad de destruir otra infancia.
Sé que ninguna pena devolverá la inocencia perdida, sé que ninguna sentencia borrará el dolor. Y que debemos de trabajar en la prevención.
Debemos evitar que estos agresores tengan la oportunidad de acercarse de nuevo a una niña o un niño, porque lo sabemos también, ningún abusador lo hace solamente una vez.
En México tenemos que mandar un mensaje claro, con las niñas y con los niños no.
La prioridad del Estado debe estar del lado de las víctimas, de su protección y de su derecho a crecer seguras y seguros. Y eso se logra, no con discursos, se logra con leyes y con acciones que pongan siempre su protección por encima de todo.
No podemos devolverles lo que un agresor les arrebató, pero sí podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no vuelva a hacerlo nunca más.
Así que ojalá, compañeras y compañeros senadores, que puedan apoyar esta iniciativa, cadena perpetua para los abusadores sexuales de menores.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senadora.
A continuación…
Perdón, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
La Senadora Amalia García, ¿con qué objeto?
La Senadora Amalia Dolores García Medina: (Desde su escaño) Si estuviera de acuerdo la proponente, para suscribirla también.
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: ¿Está de acuerdo la senadora Laura para suscribir su iniciativa la senadora Amalia?
Gracias.
La senadora Guadalupe Chavira.
Sonido en su escaño.
La Senadora María Guadalupe Chavira De la Rosa: (Desde su escaño) Gracias, presidenta.
Con el mismo interés, por favor, por el interés superior de las infancias.
Muchas gracias.
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias.
¿Alguien más desea suscribir la iniciativa de la senadora Laura Esquivel? Puede levantar la mano.
De lo contrario, podrán acercarse a esta Mesa Directiva o a servicios parlamentario para hacer lo correspondiente.
Muchas gracias, senadora.
Ahora tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos, en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos sobre sanciones a quienes utilicen a menores de edad en actos de mendicidad, hasta por cinco minutos.
Adelante, senador.
El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, presidenta.
Con tu permiso.
Estimados amigos, senadoras y senadores:
No tendremos que alejarnos mucho para verificar la hipótesis sobre la que se basa esta iniciativa, con solo alejarnos unos metros, muy cerca de este Senado, una niña les tocará la ventana del auto para pedir limosna.
Y seguramente nuestra respuesta será una de estas dos cosas, dar simplemente una limosna o muy probablemente alzar la vista y seguir adelante.
Esa niña no llegó sola a ese crucero, eso es absolutamente imposible que una niña de cinco años, de siete años, de 12 años, de 15 años haya llegado por su propio pie, por su propia iniciativa a pedir limosna en un crucero.
Ese crucero existe, incluso, hay tasas y tarifas para quienes deban ocupar ese lugar. Y muy cerca de ahí hay uno o varios adultos vigilando el comportamiento de la niña.
¿Por qué no están en la cárcel?
Es un asunto muy interesante que pretendo resolver con la iniciativa que les propongo el día de hoy, y que espero merezca una rápida respuesta por parte de este Senado.
Porque la dimos en el otro supuesto, todas estas conductas están reguladas en una ley, es la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas.
En el artículo 13, de esta ley, los señores senadores y senadoras con gran agilidad resolvimos que cuando se trate de trata sexual de menores no se tengan ninguna contemplación para pedir como prueba la demostración de la amenaza, la demostración de que la víctima sea la que pruebe efectivamente que lo hizo, no por su voluntad, sino amenazada.
En el artículo 13 para la trata sexual no lo pedimos, pero en el artículo 24, sí. Ésta es una enorme contradicción que necesitamos corregir.
El artículo 24, al día de hoy, solamente dice: “Será sancionado con prisión de cuatro a nueve años y de 500 a dos mil días de multa quien utilice una persona para realizar actos de mendicidad”.
Efectivamente, la tipificación de este delito recibe el nombre de explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave o al uso de la fuerza u otra forma de coacción.
Y dice que, si se utiliza en el caso de menores de 18 años o quienes no tengan la capacidad de comprender y pueblos indígenas afroamericanos, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidades, la pena aumenta.
Pero no dice nada más, o sea, la responsabilidad de demostrar que está actuando bajo amenaza o por el uso de la fuerza, sigue cayendo en la víctima.
Y la pregunta es.
¿Cómo una niña de nueve años o una niña de 15 va a poder demostrar que lo está haciendo bajo amenaza?
Muy campantemente, quienes son denunciados por personas responsables de esto, de esta situación ven con frustración salir a los culpables caminando muy felices y regresando a cometer el mismo tipo de delito, simple y sencillamente, porque el Ministerio Público, no tiene ningún elemento para probar que está actuando bajo amenaza o coacción, el menor que está siendo sujeto a estas conductas.
Lo que propongo, simple y sencillamente, estimados senadores, es que se agregue un párrafo y que le demos a estos menores el mismo tratamiento que le damos cuando se trata de delitos sexuales.
Hay 3.7 millones de niños y niños, niñas y niños y adolescentes el trabajo infantil.
Esa niña no vota, esa niña no sabe que existe el Senado, sólo nos tiene a nosotros para resolver esa situación.
Yo espero que podamos ser sensibles a esto, porque, estimados senadores, la infancia no se recupera, no hay reforma que le devuelva a nadie los años que pasó entre coches en lugar de pasarlo entre compañeros en la escuela.
Si actuamos rápido, la próxima vez no miraremos hacia adelante y a lo mejor tendremos motivos para mirar hacia los ojos de quien nos esté pidiendo limosna y pensar que sí hicimos algo para que deje de hacerlo y que su situación cambie.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias, senador.
La iniciativa se turna a Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Honorable Asamblea:
Hoy tenemos la presencia de Pouleth Estefanía Carbajal Cuero, ella es nadadora originaria de Manzanillo, Colima, se encuentra en la parte superior de este Pleno, en la primera de las gradas.
(Aplausos)
Quien ha hecho historia en convertirse en la primera persona colimense en cruzar a nado y en solitario el Canal de la Mancha, el pasado 16 de agosto del año en curso, en un desafío de la natación en aguas abiertas, cruzando desde Inglaterra hasta Francia.
Con 24 años, su participación ha llevado el nombre de su ciudad y de México a uno de los escenarios más emblemáticos de la natación internacional.
Viene acompañada de Sandra Venegas, quien es su entrenadora y pieza clave en su preparación.
(Aplausos)
Ambas acuden por invitación de la senadora Ana Karen Hernández Aceves, presidenta de la Comisión del Deporte, quien en su oportunidad hará entrega de un reconocimiento y al que estaremos seguros que estaremos todas y todos nosotros.
Le damos nuevamente la bienvenida y deseamos que sigan cosechando estos triunfos en este deporte que requiere tanto empeño y dedicación y que, por lo tanto, lleva el nombre de Manzanillo y de México por todo lo alto.
Muchísimas gracias.
Y nuestro entero reconocimiento una vez más.
Bienvenida.
(Aplausos)
Por otra parte, en el espacio del partido parlamentario, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Alma Carolina Viggiano Austria nos ha solicitado que su proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 366 Ter y se adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, en materia de tráfico de personas menores de edad y de reclutamiento y utilización de niñas y niños y adolescentes en hostilidades se integre al Diario de los Debates.
En consecuencia, se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Enseguida, se concede el uso de la tribuna a la senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación, en materia de educación dual para la reducción de desempleo en jóvenes, hasta por cinco minutos.
La Senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano: Gracias, presidenta.
Compañeras y compañeros:
Cuántas veces no hemos vivido o escuchado sobre jóvenes de nuestro círculo familiar o conocidos que en busca de su primer empleo se encuentran con que la gran mayoría de ofertas de trabajo piden contar con experiencia laboral para aplicar o conseguir su primer empleo.
¿No es esto una contradicción?
De qué sirve estudiar una carrera durante años, si al graduarse y tener un título en la mano y con ello salir a buscar una oportunidad, el primer obstáculo es el contar con experiencia.
Entonces nuestros jóvenes se preguntan, como recién egresada o egresado, que ha dedicado su tiempo al estudio, ¿cómo es que voy a contar con experiencia laboral?
Pues ese es uno de los retos a los que se enfrentan las y los jóvenes mexicanos al momento de terminar su carrera y toparse con la realidad.
Nadie les quiere dar una oportunidad.
Y, entonces, por qué no implementar planes de estudio y convenios que permitan a los estudiantes poder laborar a la par de sus estudios y así llevar a la práctica los conocimientos adquiridos y contar con herramientas para facilitar su ingreso y desarrollo laboral.
La educación superior constituye uno de los principales instrumentos para el desarrollo individual, la movilidad social, crecimiento económico y la construcción de capacidades científicas, técnicas y profesionales de una nación.
Su función, sin embargo, no puede entenderse, exclusivamente como la transmisión de conocimientos especializados ni agotarse con la obtención de un título profesional.
La formación universitaria debe procurar que las personas desarrollen las capacidades necesarias para comprender su disciplina, ejercerla responsablemente, adaptarse a sus transformaciones y trasladar los conocimientos adquiridos a la solución de problemas concretos de la sociedad y de los distintos sectores productivos.
Desde esta perspectiva, la experiencia laboral desarrollada durante la educación superior no debe concebirse como una actividad extracurricular, desvinculada de la formación universitaria, sino como un potencial, espacio de aprendizaje cuando se encuentra sujeta a objetivos educativos, supervisión, acompañamiento y evaluación.
La educación dual responde precisamente a esta concepción, se trata de un modelo de formación que articula sistemáticamente los procesos de enseñanza desarrollados en las instituciones educativas con experiencia de aprendizaje realizadas en entornos reales de trabajo.
Su elemento distintivo no radica simplemente en que la persona estudiante trabaje mientras cursa una carrera, sino en que ambas experiencias se encuentren vinculadas mediante una planeación educativa que permita aplicar, complementar y fortalecer los conocimientos y competencias previstos en el programa académico.
Por ello, la educación dual no debe confundirse con el servicio social, las prácticas profesionales convencionales, las pasantías o el empleo ordinario.
Su naturaleza exige una relación estructurada entre la institución educativa, la persona estudiante y la unidad económica, institución pública, organización social o espacio profesional en el que se desarrolla el componente práctico.
La iniciativa que hoy les presento parte de una premisa pedagógica fundamental, la formación teórica y la formación práctica no constituyen dimensiones antagónicas de la educación superior, por el contrario, ambas forman parte de un mismo proceso de aprendizaje.
Uno de los objetivos fundamentales consiste en modificar la concepción tradicional, según la cual estudiar y trabajar constituyen actividades necesariamente incompatibles durante la educación superior.
La flexibilidad educativa no debe de ser entendida como una reducción de contenidos, estándares o cargas académicas, debe concebirse como la capacidad institucional para organizar de manera distinta los tiempos, espacios y mecanismos mediante los cuales se alcanzan los resultados de aprendizaje establecidos.
La finalidad no consiste en que la persona estudiante dedique menos tiempo aprender, sino en reconocer que una parte de su aprendizaje profesional puede producirse también mediante la aplicación supervisada del conocimiento en escenarios reales.
En consecuencia, con esta iniciativa se propone adicionar el párrafo tercero y cuarto de la Ley General de Educación, en materia, fomento y aplicación de modelos de educación dual.
Buscamos fortalecer la legislación educativa, el fomento, aplicación y desarrollo de modelos de educación dual en el tipo superior.
Bajo criterios de pertinencia académica, flexibilidad curricular, vinculación institucional, protección de las personas estudiantes, evaluación, inclusión, igualdad de oportunidades y respeto a la autonomía universitaria.
Con el propósito de construir un sistema de educación superior en el que la excelencia académica y la experiencia profesional no sean objetivos contrapuestos, sino componentes complementarios de una misma formación.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senadora.
Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.
En la tercera ronda de presentación de iniciativas tiene la palabra la senadora Claudia Tello Espinosa, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de niñas, niñas y adolescentes en situación de calle, hasta por cinco minutos.
Adelante.
La Senadora Claudia Tello Espinosa: Con su permiso, señora presidenta.
Al pueblo de México.
La cuarta transformación o Movimiento de Regeneración Nacional plantea el atender, en primera instancia, a quien más lo necesita.
Por ello, mi mirada se dirige a niñas y niños en situación de calle, aquellos a quienes los adultos debemos cuidar.
Es terrible pensar que existan niños y niñas viviendo en las calles.
No podemos permitir que los derechos a la salud, a la educación y a la atención sean vulnerados y mucho menos para ellos, menores de edad.
Si nuestro objetivo es lograr la felicidad, crear una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, un mundo donde haya paz, armonía, cariño, cuidado y amor debemos atender a nuestra población más vulnerable.
No serán los únicos de quienes tengamos que hablar.
Esta sociedad, después de haber sido saqueada y abusada por gobiernos prianistas, tenemos mucho todavía que hacer.
Los programas sociales de adulto mayor, personas con discapacidad, las becas para las niñas y niños de educación básica, las becas para educación media superior y para la superior han avanzado muchísimo.
Ahora veamos aquellos que por diferentes circunstancias requieren atención, los niños y las niñas que viven en situación de calle.
Hablar hoy en día de personas en situación de calle es hablar de grupos vulnerables, de una población altamente en situación delicada, que carecen de vivienda, de una salud digna, de un empleo y, sobre todo, de un núcleo familiar que pueda dar estabilidad emocional y fomente valores sólidos para las y los integrantes.
También hay casos en donde la calle se convierte en ese espacio donde escapan de la violencia, del maltrato, de la disciplina rígida.
En ese nuevo hogar, sin delimitación clara, encuentran a otras y a otros en las mismas condiciones que les ofrecen el apoyo o el cariño que no encuentran en un seno familiar.
Estudios recientes de Naciones Unidas estiman que la población mundial oscila entre ocho mil 300 millones de habitantes, de los cuales informes de UNICEF mencionan que existen 100 millones de niñas y niños abandonados en el mundo; y 40 millones pertenecen precisamente a América Latina.
Ante ese panorama en México, miles de niñas y niños sobreviven en las calles, expuestos a condiciones de explotación que con frecuencia se perciben como actividades informales o de apoyo familiar.
Vender dulces, limpiar parabrisas, cargar mercancía o pedir limosna son acciones normalizadas que invisibilizan realidades profundamente marcadas por la violencia, por el abandono y diversos factores de riesgo, como la explotación laboral o incluso la esclavitud moderna.
Hoy desde esta tribuna alzo nuevamente la voz para seguir redoblando esfuerzos en materia de derechos fundamentales.
Sabemos que la Ley General de Desarrollo Social, en su espíritu, mandata el garantizar derechos consagrados en la Constitución, asegurando el acceso de toda la población al bienestar de manera integral para que exista una equidad y, sobre todo, una justicia social, valores impulsados por la cuarta transformación.
Por ello, la siguiente propuesta está encaminada a reformar la fracción III, del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social para visibilizar que los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza también contemplen a las personas en situación de calle.
Sigamos impulsando propuestas humanistas y sociales, garantistas de derechos, necesitamos seguir transitando a modelos de asistencia en donde el núcleo central sea el derecho universal, exigible y, sobre todo, permanente.
Es cuanto, señora presidenta.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias, senadora.
Se turna a las Comisiones Unidas de Bienestar; Derechos de la Niñez y de Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera.
Enseguida se concede el uso de la tribuna al senador José Máximo García López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de reforzamiento del principio de igualdad entre las partes dentro del sistema de justicia penal, hasta por cinco minutos.
Adelante, senador.
El Senador José Máximo García López: Gracias, presidenta.
El día de hoy, compañeras y compañeros senadores, senadoras, propongo a consideración de este Pleno dos iniciativas distintas de su materia, pero unidas por un mismo principio, que el ciudadano tenga reglas justas, claras y equitativas frente al Estado.
La primera iniciativa tiene que ver con diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, con un propósito muy concreto. Fortalecer el principio de igualdad entre las partes dentro del sistema de justicia penal.
La llamada igualdad de armas significa que ninguna de las partes debe enfrentar un proceso en condiciones de desventaja sustancial; se trata de garantizar que la defensa, la víctima y la acusación cuenten con oportunidades procesales efectivas para hacer valer sus derechos.
La propuesta plantea seis modificaciones principales.
Primero. Fortalecer las reglas de imparcialidad de jueces y magistrados, incorporando como causas de impedimento la amistad, la enemistad manifiesta y el compadrazgo, permitiendo acreditar determinados vínculos mediante fotografías, publicaciones en redes sociales u otros elementos digitales.
Segundo. Permitir que la defensa pueda desahogar medios de prueba desde la audiencia inicial, siempre que sean pertinentes para controvertir la vinculación a proceso o la necesidad de una medida cautelar.
Tercero. Ampliar de dos a cinco horas el receso que pueda decretar el juez en un asunto que extrema complejidad, antes de resolver la situación jurídica del imputado.
Cuarto. Fortalecer los derechos de las víctimas ampliando de tres a diez días hábiles el plazo para ejercer la coadyuvancia en la acusación.
Asimismo, se proponen plazos más razonables para la deliberación de los tribunales y para la presentación de recursos de apelación, buscando que las resoluciones sean producto de análisis suficientemente fundado y no de la premura procesal.
Quiero concluir con una mención especial significativa.
Esta iniciativa recoge el trabajo y la visión de un amigo, del senador Gustavo Sánchez Vásquez, que en paz descanse, quien fue uno de los principales impulsores, junto con integrantes de la comunidad jurídica de Mexicali.
Reconozco especialmente la aportación de su hijo Gustavo Sánchez Flores y de la licenciada Miriam López Ortega; así como de las abogadas y abogados que participan en su construcción.
Un abrazo hasta el cielo, amigo Gustavo.
Tu trabajo, tus ideas y tu compromiso con la justicia siguen dejando un legado en favor de nuestra nación.
Que esta iniciativa sea también testimonio de las buenas causas y el trabajo bien realizado puedan trascender, incluso, quienes las iniciaron.
La segunda iniciativa tiene que ver directamente con la economía de millones de mexicanos y mexicanas que vivimos y trabajamos en la frontera.
Proponemos dar permanencia legal al IVA del 8 % en la región fronteriza.
Quiero decirlo con claridad, no estamos pidiendo un privilegio para la frontera, estamos reconociendo su realidad económica.
Quienes vivimos en ciudades fronterizas sabemos que nuestra competencia no termina en los límites de nuestro municipio ni de nuestro estado, competimos todos los días por el mercado de Estados Unidos cuando de este lado tenemos una tasa al 16 % y del otro lado existe una tasa cercana al 8 % ocurre algo muy sencillo, el consumidor cruza la frontera, el comercio mexicano pierde ventas y los empleos locales se ponen en riesgo
El IVA al 8 % funciona en la frontera desde el 2019, sin embargo, continúa dependiendo de decretos presidenciales, temporales y la vigencia actual concluye el 31 de diciembre del 2026.
La frontera no puede estar preguntándose periódicamente si este esquema continuará o se va a desaparecer, los empresarios necesitan certeza para invertir, los comerciantes necesitan certeza para competir y los trabajadores necesitan certeza para conservar y generar empleos, por eso, proponemos llevar a este esquema a la ley.
No buscamos crear una excepción improvisada.
Buscamos darle certeza jurídica a una política económica que ya forma parte de la realidad de nuestra frontera por tratarse de una contribución.
Solicitamos que esta iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados para el trámite legislativo correspondiente.
Compañeras y compañeros senadores, senadoras:
Estas dos iniciativas parten de una convicción muy sencilla, el Estado debe dar certeza, no incertidumbre, certeza para quien enfrenta un proceso judicial, certeza para las víctimas que buscan justicia y certeza para las familias, los trabajadores y las empresas que todos los días hacen producir a nuestra frontera.
Es cuanto, señor presidente.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Informo a la Asamblea que el senador José Máximo García López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó dos iniciativas de las cuales daré trámite a cada una de ellas.
La que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
La que reforma los artículos 1-C, 2 y 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se remitirá a la Cámara de Diputados.
En la cuarta ronda de presentación de iniciativas, tiene el uso de la palabra el señor senador Juan Carlos Loera De la Rosa, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 133 de la Ley de Migración, en materia de armonización del régimen jurídico de protección migratoria para personas extranjeras víctimas del delito.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.
El Senador Juan Carlos Loera De la Rosa: Gracias, presidente. Con su venia.
Compañeras y compañeros:
Los saludo con mucho gusto.
Hoy…
Está apagado el micrófono, presidente.
¡Ah! Ya.
Sí.
Si pueden reiniciar el tiempo, presidente, por favor.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Senador, continúe.
El Senador Juan Carlos Loera De la Rosa: Con su venia, presidente.
Saludo con mucho gusto a mis compañeras senadoras y compañeros senadores.
Hoy presento ante esta soberanía una iniciativa que parte de una preocupación muy concreta para las personas migrantes extranjeras en nuestro país que hayan sido víctimas de un delito.
México ha construido durante las últimas décadas un marco constitucional ilegal que reconoce que los derechos humanos corresponden a todas las personas, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
La reforma constitucional de 2011 estableció, con toda claridad, que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Sin embargo, nuestra Ley de Migración mantiene una diferencia que debemos de atender.
El artículo 52, fracción V, permite otorgar la condición de visitante por razones humanitarias cuando una persona extranjera es identificada como víctima ofendida o testigo de algún delito cometido en territorio nacional.
Por otra parte, el artículo 133, fracción III, condiciona la regularización de su situación migratoria a que esa persona haya sido víctima o testigo de algún delito grave.
Entre delito y delito grave parece una situación de redacción legislativa únicamente, pero tiene consecuencias concretas.
Estamos hablando de personas que después de haber sido víctimas de un delito pueden encontrarse lejos de su país y de su familia y que, además, tienen que enfrentar un régimen migratorio que establece requisitos distintos para acceder a mecanismos de protección.
Las cifras muestran que no estamos frente a una situación excepcional. De acuerdo con los registros del mismo Instituto Nacional de Migración, durante el 2025, se gestionaron 64 mil 340 trámites de regularización por razones humanitarias, principalmente en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua y Tabasco, pero hay otro dato que debemos considerar.
Entre 2015 y 2025, los registros administrativos del mismo Instituto Nacional de Migración contabilizaron 6 mil 314 personas extranjeras víctimas de delito.
Debemos precisar que este registro es únicamente el de Instituto Nacional de Migración, a ello hay que sumar los delitos denunciados ante las fiscalías locales.
Por eso debemos preguntarnos si resulta congruente que nuestra legislación utilice el concepto de delito grave como condición para acceder a la regularización migratoria cuando nuestro propio sistema jurídico moderno ya no depende de esa clasificación.
El Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas reconoce derechos y mecanismos de protección a partir de la calidad de víctima ofendido o testigo de un hecho que la ley señale como un delito.
La categoría de delito grave dejó de tener el papel que tuvo bajo el anterior sistema penal. Mantenerla en la Ley de Migración genera, además, un problema de certeza jurídico porque la propia legislación migratoria no define qué se entiende por delito grave. Esa falta de claridad ya ha llegado a los tribunales.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un amparo relacionado con la expresión de delito grave, el mismo artículo 133 de la Ley de Migración. Posteriormente conoció de otro amparo.
En ambos casos existieron controversias respecto de la aplicación de esta disposición, aunque no existe actualmente una declaratoria general de invalidez de la porción normativa.
La propuesta es puntual.
Reformar la fracción III del artículo 133 para establecer que la persona extranjera pueda acceder a la regularización cuando sea identificada por el Instituto Nacional de Migración o por la autoridad competente como víctima ofendida o testigo de un hecho que la ley señale como delito únicamente cometido en territorio nacional.
Es una modificación puntual, pero tiene un propósito muy concreto que frente a una persona víctima el Estado mexicano responda con protección, con justicia y con certeza jurídica.
Es cuanto, presidente.
(Aplausos)
El President Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias, senador.
Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.
Senadoras y senadores:
La Junta de Coordinación Política acordó, con la anuencia de esta Mesa Directiva, otorgar el uso de la tribuna a la senadora Amalia García Medina, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para referirse al Aniversario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora Amalia García Medina.
Adelante.
Adelante, senadora Margarita, dígame.
La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: (Desde su escaño) Quiero solicitarle, de la manera más atenta, se dé un minuto de silencio por la memoria de cinco criaturitas fallecidas en el estado de Durango.
Por diferentes circunstancias, causas, lo importante es que se esclarezca por qué fallecieron.
Pero desde el Senado quiero enviar, que todos enviemos nuestras condolencias a los familiares y, sobre todo, a las mamás.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias, senadora.
Senador Alejandro González Yáñez.
El Senador Alejandro González Yáñez: (Desde su escaño) Gracias, senador presidente Higinio Martínez.
Para sumarnos a la propuesta que hace nuestra querida senadora Margarita Valdez.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Si no tienen inconveniente, me permiten que termine la senadora Amalia García y con gusto obsequiamos el minuto de silencio que están planteando la senadora Margarita y el senador González.
Por favor, adelante, senadora Amalia.
La Senadora Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor presidente.
Compañeras y compañeros:
Hemos solicitado la posibilidad de hacer uso de esta tribuna porque la Organización de Naciones Unidas, junto con los gobiernos de prácticamente todo el planeta, tomaron la determinación hace 16 años de emitir una hoja de ruta, diría un mapa de navegación formidable, pensando en el planeta, en este planeta, nuestra casa común, en donde se debe garantizar sostenibilidad.
Y hoy este aniversario sobre la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe convocarnos a avanzar permanentemente en su cumplimiento.
Quiero decir que resulta positivo que en buena parte de las iniciativas que han sido presentadas se hace referencia a alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Lo que está en juego es la viabilidad de nuestro planeta y, como se ha dicho en diversas ocasiones, no hay planeta B, éste es el único que tenemos.
Y las acciones que desarrollemos deben estar concebidas con ese concepto que se acuñó hace ya varios años de desarrollo sostenible por Gro Harlem Brundtland.
¿Y qué significó desarrollo sostenible?
Significó que las medidas que tomara cada gobierno en el planeta deben garantizar todos los derechos para la generación actual y para las generaciones futuras. De eso se trata. Y de garantizar derechos plenos en todos los ámbitos.
Son 17 objetivos y una obligación.
Un compromiso que se ha adoptado, entre otros gobiernos, por el de México y por nuestro país, es avanzar en su cumplimiento.
Estamos en 2006, faltan tres años y medio para el año 2030 y todo el planeta está en rezago.
El cumplimiento del que se da cuenta es de aproximadamente 18 %, pero la emergencia, el requerimiento y la necesidad de avanzar en los mismos, en cada uno de estos objetivos, sigue siendo esencial.
Es por eso que esto, más que una efeméride, resulta un llamado de alerta y de atención para que avancemos.
Y a ustedes, mis compañeras y compañeros, para que en cada una de las iniciativas y de las propuestas que presentemos, lo vinculemos con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y que hagamos, con responsabilidad y con compromiso, un esfuerzo para avanzar en mejorar las condiciones de vida del planeta, y en este caso de México, en estos 17 objetivos.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
(Aplausos)
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias, senadora Amalia García.
Honorable Asamblea:
Como ha sido solicitado por la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, y al cual se ha sumado el senador González Yáñez, guardaremos…
El doctor…
A ver, sonido al senador José Manuel Cruz.
El Senador José Manuel Cruz Castellanos: (Desde su escaño) Senador presidente, muchas gracias.
Sólo quiero adherirme a la petición que hace la senadora Margarita, con mucho respeto.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Bien, planteado por la senadora Margarita Valdez Martínez, y respaldado por los senadores González Yáñez y José Manuel Cruz, les solicito que guardemos un minuto de silencio en memoria de los menores fallecidos en el Hospital General de Zona Número 1 de Durango.
Lamentamos esta irreparable pérdida y enviamos nuestras condolencias a sus familiares, esperando que encuentren pronta resignación.
Les pido ponernos de pie.
(Todos de pie)
(Se guarda un minuto de silencio)
Muchas gracias.
Favor de tomar asiento.
Honorable Asamblea:
Les informo que tenemos la visita de miembros de la delegación europea y delegación mexicana, quienes acuden por invitación de la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez y del senador Alejandro Murat, para llevar a cabo los trabajos de la trigésima segunda reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
Sean bienvenidas y bienvenidos al recinto parlamentario del Senado de la República.
Y les invitamos para que se tomen la foto.
(Aplausos)
(Toma de fotografía)
A efecto de esperar un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Economía; y de Estudios Legislativos, Primera, que reforma el Código Penal, y a petición de la propia senadora vamos a darle la palabra a la senadora Mely Romero Celis, para que se refiera a la Agenda 2030 y posteriormente continuaremos con la ronda de iniciativas.
Adelante, senadora Mely Romero, para el tema referido.
La Senadora Mely Romero Celis: Gracias, presidente.
Con su permiso.
Honorable Asamblea de senadoras y senadores:
Acudo a esta tribuna, con la responsabilidad y el compromiso ético que exige mi condición de integrante de la Comisión para la Implementación de la Agenda 2030 de este Senado de la República.
Nos convoca hoy una efeméride trascendente, la adoptación, en septiembre del 2015 de la Agenda 2030, precisamente aquél histórico pacto global marcó la transición desde los objetivos de desarrollo del milenio, hacia una hoja de ruta universal, transformadora e indivisible.
La comunidad internacional comprendió que no es posible alcanzar la paz ni el bienestar, si no equilibramos de manera integral tres dimensiones fundamentales: la inclusión social, el crecimiento económico sostenible y la protección ambiental.
Para el Poder Ejecutivo de México esta efeméride no debe constituir un acto meramente protocolario, sino un espacio indispensable para la rendición de cuentas y, sobre todo, la autocrítica.
Los parlamentarios desempeñamos un rol neurálgico en la consecución de las metas globales, nos corresponde promulgar leyes, adecuar ordenamientos, aprobar presupuestos sustentables y fiscalizar el actuar del Ejecutivo, para garantizar que la premisa universal de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera se convierta en realidad.
En este Senado hemos dado pasos institucionales de gran valía. Sí, desde la formalización del mecanismo especializado, elevado a comisión en el Senado, hasta reformas al Reglamento mismo de esta Cámara.
Sin embargo, la brecha entre el diseño normativo y la realidad cotidiana de las familias mexicanas nos exige un esfuerzo cualitativamente superior.
Estimadas, estimados colegas:
A nivel internacional, el diagnóstico sobre la Agenda 2030 a mitad del camino, nos coloca en un escenario crítico. Según informes de la ONU y del Pacto Mundial, únicamente el 17 % de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible avanza a un ritmo deseado.
Para, específicamente para América Latina y el Caribe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha advertido que solo el 25 % de los indicadores evaluados permiten prever su cumplimiento para el año 2030.
El 48 % marcha en una dirección insuficiente y el 27 % exhibe un claro retroceso. Este es un panorama complejo, hay que preguntarnos cuál es el estado real de México frente a la Agenda 2030.
Las evaluaciones disponibles reflejan una realidad de agudos contrastes. Según el Informe de Desarrollo Sostenible México alcanza un porcentaje global de cumplimiento del 70 %, situándose en el lugar 72 de 167 países evaluados; se reconocen avances, sí, pero evidentemente todavía queda muchísimo por hacer.
Avances en cuanto a la erradicación de la pobreza extrema. Avances en materia de igualdad de género, recuperación de ingresos laborales, sí, pero desde la perspectiva de las políticas públicas y el enfoque integral de derechos humanos la evaluación parlamentaria no puede detenerse en promedios y avances inerciales.
En México persisten aún 46.8 millones de personas en condición de pobreza multidimensional, existen severas privaciones en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales afectando el acceso a servicios de salud, sobre todo, de salud de calidad, educación inclusiva y seguridad social.
La medición multidimensional demuestra que la pobreza es una privación de derechos que no se resuelve únicamente con apoyos monetarios o transferencias monetarias de corto plazo.
Hoy enfrentamos una grave trampa de inmovilidad social, 74 de cada 100 personas nacidas en los estratos económicos más bajos no logran superar la condición de pobreza, una trágica realidad que se profundiza en las entidades del sur en las mujeres, las poblaciones indígenas y los grupos vulnerables.
Por eso, necesitamos seguir trabajando desde el Senado cada una, cada uno en nuestra responsabilidad.
Proponemos, desde el grupo parlamentario del PRI actuar desde cuatro ejes.
Primero. Transitar debidamente hacia un sistema de protección social universal.
Segundo. Desarrollar una reforma integral del marco normativo federal, basada en el diagnóstico y en las áreas de oportunidad.
Tercero. Impulsar la transición energética y resiliencia climática.
Cuarto. Fortalecer la gobernanza territorial y el federalismo.
No podemos permitir que quede un solo mexicano, mexicana fuera de la Agenda 2030, es nuestro compromiso.
Para eso, senadoras y senadores fuimos electos.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias, senadora Mely Romero.
Ahora, en una quinta ronda de presentación de iniciativas, le daremos el uso de la palabra a la senadora Edith López Hernández, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I del artículo 21 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de acreditación de la posesión de tierras de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, hasta por cinco minutos.
Adelante, senadora Edith.
La Senadora Edith López Hernández: (Habló en su lengua originaria)
Con su permiso, presidente.
Compañeros y compañeras senadoras y senadores:
Hoy presento una iniciativa que tiene como propósito muy sencillo, seguir armonizando nuestras leyes y nuestros procedimientos con el nuevo reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
México ha dado pasos muy importantes en esta materia.
La reforma al artículo 2 constitucional, publicada el 30 de septiembre del 2024, reconoció a nuestros pueblos y comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y fortaleció su derecho a la libre determinación y a la autonomía.
Este reconocimiento nos plantea ahora una tarea de seguir avanzando nuestras leyes para que estos derechos también se reflejen en la vida cotidiana de las comunidades.
Esto es justamente lo que busca esta iniciativa, cuando una comunidad solicita a la Comisión Nacional de Aguas una concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales, por ejemplo, un pozo destinado al consumo de las familias o algún proyecto productivo comunitario debe acreditar la propiedad o posesión del terreno donde se realiza la obra.
La Ley de Aguas Nacionales establece la obligación, sin embargo, muchas comunidades todavía no cuentan con documentos agrarios formalizados ante el Registro Agrario Nacional.
Y en estos casos uno de los mecanismos administrativos disponibles ha sido presentar una constancia expedida por la autoridad municipal.
Por lo que proponemos es ampliar y fortalecer las alternativas para acreditar esta posesión, reconociendo también a las propias instituciones y autoridades comunitarias.
Y tenemos un antecedente muy importante, el Estado mexicano cuenta ya con el Catálogo Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a cargo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Este catálogo permite identificar a los pueblos y comunidades y los lugares donde se encuentran asentados.
Es un instrumento que reconoce una realidad, que existe; nuestras comunidades tienen identidad, tienen autoridades, tienen organización y mantienen una relación histórica con su territorio.
El catálogo no sustituye los documentos necesarios para acreditar la posesión de un predio específico. Y esta iniciativa tampoco propone que así sea.
Lo que estamos diciendo es algo distinto, si el Estado mexicano ya reconoce a las comunidades, nuestra Constitución reconoce sus autoridades, sus asambleas, sus sistemas normativos; nuestras leyes también pueden reconocer los actos de estas autoridades para realizar determinados trámites.
Por eso, proponemos adicionar al artículo 21 Bis de la Ley de Aguas Nacionales para que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o sus integrantes puedan acreditar la propiedad o posesión mediante una constancia o certificado de derechos de registro de agrario nacional mediante un acta de asamblea de la comunidad o del núcleo agrario o mediante una certificación de sus autoridades tradicionales o representativas conforme a sus sistemas normativos, sin necesidad de contar con el aval de una autoridad municipal.
Y esto es importante, no estamos quitando requisitos ni dejando de acreditar la posesión de la tierra. Estamos reconociendo más caminos para cumplirlos, y al mismo tiempo dándole el valor de las asambleas y a las autoridades comunitarias y las formas de organización que nuestra propia Constitución ya reconoce.
Así una comunidad que pueda acreditar la posesión a través de estos mecanismos no tendrá que depender adicionalmente a una constancia o firma de una autoridad municipal para continuar con su trámite.
De eso se trata esta iniciativa, de seguir avanzando en la implementación efectiva de la reforma constitucional y hacer el reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades; se traduzcan también en procedimientos administrativos acordes a la realidad, porque nuestra autonomía no solamente debe estar escrita en una Constitución, debe reflejarse, que el Estado se relaciona todos los días con los pueblos y comunidades.
Esta iniciativa busca contribuir a este proceso y facilitar que las comunidades puedan realizar sus trámites para acceder al agua, respetando sus autoridades, sus asambleas y sus formas de organización.
Estoy convencida de que podemos seguir construyendo instituciones cada vez más cercanas a nuestros pueblos y comunidades y procedimientos que reconozcan plenamente la diversidad de nuestro país.
Por eso propongo a esta propuesta a consideración de esta Asamblea, y espero contar con el acompañamiento de todas y todos ustedes.
Con los pueblos indígenas todo, sin los pueblos indígenas nada.
Muchas gracias.
(Habló en su lengua originaria)
(Aplausos)
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Muchas gracias, senadora.
Ahora tiene el uso de la palabra el senador Mario Humberto Vázquez Robles.
Perdón, antes la iniciativa de la senadora Edith López se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica; de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; y de Estudios Legislativos.
El senador Mario Humberto Vázquez para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Seguridad Pública, en materia de profesionalización de la policía municipal, mejorar sus condiciones y protección para policías municipales que denuncian infiltración del crimen organizado en los municipios.
Adelante, senador, hasta por cinco minutos.
El Senador Mario Humberto Vázquez Robles: Gracias, presidente.
Compañeras y compañeros senadores:
Cuando una familia en México llama a emergencias el primero que llega no es un general o un fiscal o un secretario de Estado, el primero que llega es una patrulla municipal, llega una policía que conoce la colonia, sus calles, sus problemas y a su gente. La policía municipal es el rostro más cercano del Estado mexicano.
Y por esa cercanía es también una de las más expuestas, y muchas veces una de las más abandonadas que ocurre en México.
México tiene un momento crítico hoy en día, desde Estados Unidos se vuelve a señalar, una vez más, a nuestro país como el epicentro de la violencia generada por los grupos criminales.
Podemos rechazar cualquier pretensión de intervención, pero no podemos ignorar nuestra propia realidad; el crimen organizado busca controlar territorios, intimidar autoridades, corromper corporaciones y penetrar gobiernos locales.
Y la mejor respuesta de nuestro país es fortalecer a nuestras instituciones desde el territorio.
Por eso presenté esta iniciativa para reformar el artículo 61 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su propósito es muy sencillo, cuidar a quien nos cuida, cuidar a quienes nos cuidan.
Veamos la realidad, en los trabajan cerca de 140 mil policías preventivos, tres de cada 10 integrantes del personal municipal de seguridad pública perciben solamente entre 10 y 15 mil pesos brutos mensuales.
La última encuesta nacional especializada sobre policía reportó jornadas promedio de 70 horas semanales, que ocho de cada 10 policías habían comprado su propio equipo que necesitaban, y que más de un tercio había sido víctima de algún delito o conducta antisocial en el ejercicio de sus funciones.
Entonces, pregunto.
¿Cómo exigimos a un policía resistir la amenaza o el dinero del crimen organizado si el Estado no le da condiciones suficientes para protegerse él y su familia?
Pero, además, existe otro problema, hoy la ley establece que un policía que conoce actos indebidos o posibles delitos dentro de su institución debe informar a su superior jerárquico.
Y, ¿qué pasa cuando, precisamente, su superior jerárquico es el problema?
¿Qué hace cuando el crimen organizado ya penetró la cadena de mando o, incluso, parte del gobierno en el que trabaja?
Denunciar el crimen no puede convertirse en una sentencia para un policía honesto.
Por eso proponemos tres cosas.
Primero, fortalecer su seguridad social y la protección de sus familias, particularmente cuando un policía fallezca o cuando quede incapacitado en el cumplimiento de su deber.
Segundo, facilitar el acceso a vivienda digna, permitiendo que los ayuntamientos celebren convenios con los estados y la Federación, y
Tercero, que es el corazón de esta iniciativa, proteger al policía municipal que denuncia la infiltración del crimen organizado.
Quien de buena fe denuncia o aporta información tendrá derecho a ser confidencial, a guardar su identidad y a una evaluación inmediata del riesgo que conlleva esa denuncia para él y para su familia, protección física, resguardo del domicilio, reubicación, asistencia jurídica, atención médica y psicológica y cambio temporal de adscripción y algo fundamental, sin perder salario, sin perder prestaciones ni derechos.
Esta iniciativa no crea privilegios ni inmunidades, tampoco sustituye al Ministerio Público, busca que el Estado proteja a quien decide ponerse del lado de la ley, cuando hacerlo significa enfrentarse al propio crimen desde su propia institución.
Compañeras y compañeros:
La seguridad también se construye desde abajo, desde la comunidad, desde el municipio, desde la patrulla que recorre nuestras calles.
Cada policía que se atreve a denunciar puede permitirnos descubrir una red de corrupción, impedir la captura de una corporación y recuperar instituciones para el Estado mexicano.
Termino.
No podemos exigir valentía a nuestros policías, ni dejarlos solos cuando la demuestran.
Por eso, queremos enviarles un mensaje claro, si tienes el valor de denunciar el crimen al Estado mexicano, debes tener el valor, el Estado mexicano debe tener el valor de protegerlo.
Dignificar a nuestras policías es fortalecer a nuestro municipio y fortalecer a nuestro municipio es fortalecer, sin duda, a nuestro país.
Muchas gracias.
Gracias, presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias, senador Vázquez Robles.
Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, Segunda, su iniciativa.
Ahora, se le concede el uso de la palabra a la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Aguas, en materia de infiltración de agua pluvial, hasta por cinco minutos.
Adelante, senadora.
La Senadora María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, presidente.
Con las lluvias, las zonas urbanas han padecido inundaciones, curiosamente en los mismos puntos de siempre.
Con esta iniciativa se establecen jardines de lluvia para aminorar este problema.
Tenemos un problema grave en las ciudades, porque no tenemos filtración de agua, es decir, hay exceso de asfalto, de pavimento.
El jardín de lluvia está hecho para captar, filtrar y absorber el agua de lluvia que cae y con eso evitar que se pueda crear problemas de inundación en las calles.
Controlar el exceso de agua cuando hay lluvias abundantes, provoca situaciones de conflicto y que, demás, nosotros tenemos que buscar mecanismos o estrategias para evitarlo.
Las grandes ciudades, este ha sido un tema reiterado en el temporal de lluvias que, cuando es abundante ocasiona caos y una situación donde lamentablemente ni el mismo drenaje tiene la capacidad para poderlo resolver.
Esta iniciativa, ese es su propósito, poder tener jardines de lluvia para poder aminorar esta situación.
Esta iniciativa busca que un parte del agua de lluvia que hoy corre por las calles, patios y estacionamientos pueda regresar al subsuelo en vez de perderse de inmediato en el drenaje.
Para lograrlo, propongo que la Ley General de Aguas reconozca y promueva los sistemas de infiltración de agua pluvial, entre ellos los jardines de lluvia.
Pensemos en una calle, durante una tormenta, el agua cae sobre el pavimento, corre hacia las coladeras y cuando el drenaje no tiene capacidad suficiente, comienza a acumularse.
En poco tiempo tenemos encharcamientos, tránsito detenido y viviendas afectadas.
Un jardín de lluvia cambia parte de este recorrido.
Es un espacio construido a un nivel más bajo que el suelo con plantas y materiales permeables que permiten su absorción, recibe el agua, la retiene durante un tiempo y permite que se infiltre poco a poco cuando el terreno reúne las condiciones necesarias.
No es una obra de ornato, es infraestructura para el manejo del agua.
Durante muchos años construimos nuestras ciudades pensando en sacar la lluvia lo más rápido posible, cubrimos el suelo con cemento, banquetas, calles y estacionamientos.
Así, impedimos que una parte del agua siga su camino natural hacia la tierra.
El resultado es una contradicción que todas y todos conocemos.
Durante las lluvias tenemos calles inundadas y meses después colonias enteras padecen falta de agua.
Una ciudad no puede expulsar la lluvia en junio y buscarla desesperadamente en abril.
Siempre dijimos “agua que no has de beber déjala correr”.
Pero ahora entendemos que el agua no utilizamos de inmediato no tiene por qué desperdiciarse.
Cuando sea técnica y ambientalmente posible, podemos ayudar a que regrese al subsuelo.
Los acuíferos son formaciones subterráneas en las que el agua se almacena y circula.
De ellos obtenemos una parte importante del agua que utilizamos en los hogares, en el campo y en distintas actividades económicas.
De acuerdo con la información oficial, 114 de los 653 acuíferos del país se encuentran sobreexplotados, en esos lugares extrayendo más agua de la que logra recuperarse de manera natural.
La Ley General de Aguas ya contempla la captación pluvial para uso doméstico, reconoce la posibilidad de recolectar la lluvia y utilizarla en la limpieza, el riego y otras actividades.
Esta iniciativa propone dar seguimiento para dar un paso más, además de captar agua, para utilizarla ahora, debemos promover obras que permitan devolverla una parte al subsuelo.
No todos los sistemas tienen que ser jardines de lluvia, también pueden construirse canales, zanjas, balsas, pozos, etcétera.
Pero estamos seguros que estas obras pueden apoyar y disminuir y reducir la presión sobre el drenaje y prevenir algunos encharcamientos.
Es cuanto.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias, senadora.
Ahora el senador.
Perdón, hay que turnar la iniciativa de la senadora Rocío a las Comisiones Unidas de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica y de Estudios Legislativos, Primera.
Ahora sí, se concede el uso de la palabra al senador Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar a nombre propio y de senadoras y senadores de su grupo parlamentario un proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en materia de eliminación del servicio social obligatorio como requisito de titulación universitaria.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, senador coordinador Añorve.
El Senador Manuel Añorve Baños: Con la venia de la presidencia.
Compañeros y compañeras:
Terminar una carrera debe de abrir oportunidades, pero cuando una familia ya hizo todo el esfuerzo para sostener los estudios de sus hijos, todavía puede encontrarse con una última barrera. No tener dinero para pagar la titulación.
Eso es profundamente injusto.
Hablamos de jóvenes que aprobaron sus materias, cumplieron su servicio social y acreditaron los requisitos académicos.
Hablamos también de madres y padres que ajustaron el gasto de su casa para que sus hijos, mientras ellos trabajaban, pudieran estudiar y, por supuesto, apostaron como familia a la educación de ellos.
Después de ese esfuerzo su futuro no debería quedar detenido frente a una ventanilla de cobro.
Por eso, a nombre del grupo parlamentario del PRI, presentamos una iniciativa para establecer la gratuidad de los servicios indispensables de titulación en las instituciones públicas de educación superior y crean un mecanismo de cobertura del Estado para quienes egresan de instituciones particulares.
Que se escuche fuerte y claro, el mérito académico debe reconocerse sin que la falta de recursos se convierta en un castigo.
En Guerrero esta causa tiene un sentido especial, pensemos en lo que representa para una familia de la montaña, de la costa chica, de la tierra caliente, de la costa grande, sostener a una hija o a un hijo durante sus estudios; hay que pagar transporte, alimentación, materiales y muchas veces alojamiento fuera de su comunidad.
El título representa la culminación de ese esfuerzo familiar y una herramienta para buscar mejores oportunidades.
A quienes desde el gobierno hablan todos los días de bienestar les decimos. Aquí tienen una oportunidad concreta para demostrarlo.
Respaldemos una reforma que se sienta en el bolsillo y en el futuro de las familias, porque los discursos sobre educación gratuita pierden fuerza cuando al terminar los estudios aparece una cuenta que el egresado no puede pagar.
Sólo para que tengan un parámetro de referencia.
En este país se paga entre universidades públicas y/o privadas, entre cinco y 40 y 50 mil pesos para titularse.
Por eso esto es imposible para alguien que hizo un gran esfuerzo en todos los estudios de sus hijos y como familia no se pueden titular al no pagar estas cantidades que lastiman la economía de estas mismas familias.
Nuestra propuesta establece que en las instituciones públicas sean gratuitos los trámites indispensables de la primera titulación de cada programa concluido, incluidos el examen cuando corresponda la expedición de título y las gestiones necesarias para su registro.
Además, plantea exentar los derechos federales correspondientes al primer registro del título y a la primera expedición de la cédula profesional, y lo hacemos con responsabilidad.
Las universidades públicas deberán de recibir recursos adicionales y compensatorios.
La gratuidad debe contar con financiamiento suficiente y respetar la autonomía universitaria.
Para las instituciones particulares proponemos un programa que cubra la modalidad ordinaria de titulación de menor costo en programas con reconocimiento oficial.
Su aplicación será progresiva conforme al presupuesto, dando prioridades a quienes enfrentan mayores barreras económicas y sociales.
Estudiar en una institución privada tampoco significa automáticamente tener dinero de sobra.
Hay familias que hacen enormes sacrificios para pagar una colegiatura, como ya lo he dicho.
También exigimos transparencia en los costos y prohibimos condicionar la titulación a contratar paquetes de graduación, fotografías o servicios a accesorios, como desgraciadamente así sucede.
Ningún estudiante debe verse obligado a comprar una celebración para recibir el documento que acredita sus estudios.
Los requisitos académicos se mantienen, la calidad se debe de respetar y lo que queremos eliminar es el obstáculo económico.
Compañeras y compañeros:
Esta iniciativa merece discutirse con seriedad y respaldarse con presupuesto.
Le pedimos a la mayoría que valore su contenido y el beneficio que puede representar para las familias mexicanas.
El PRI seguirá presentando soluciones para que la educación permita salir adelante.
Esa es nuestra responsabilidad como oposición y nuestro compromiso con México.
A las y los jóvenes les decimos:
Su esfuerzo merece llegar al final. Queremos que puedan recibir su título, ejercer su profesión y construir su futuro, y que ninguna familia tenga que endeudarse una vez más para acreditar lo que sus hijos ya demostraron en las aulas.
Es cuanto, presidente.
Y muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias, senador Añorve.
Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.
Ahora corresponde el turno, para participar, a la senadora Geovanna Bañuelos De la Torre, para presentar, a nombre propio del senador Alberto Anaya Gutiérrez y de las senadoras del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 283, 283 Ter, 284 Bis y 997-A, de la Ley Federal del Trabajo, en materia de protección de las mujeres trabajadoras del campo durante la gestión, el puerperio y la lactancia frente a la exposición a plaguicidas, agroquímicos y sustancias químicas peligrosas, hasta por cinco minutos.
Senadora Geovanna, tiene el uso de la palabra.
La Senadora Geovanna Bañuelos De la Torre: Que amable, presidente.
Con su permiso.
Saludando con respeto a mis compañeras y compañeros senadores.
El desarrollo del campo no puede medirse solamente en hectáreas sembradas, toneladas cosechadas o productos exportados. También debe medirse por las condiciones en las que viven y trabajan las personas que hacen posible esta riqueza.
Mientras una mujer tenga que poner en riesgo su salud para conservar su jornal, seguiremos teniendo una deuda con quienes sostienen la alimentación de nuestro país.
Las mujeres participan en todas las etapas de la producción agrícola; siembran, cortan, cargan, limpian, seleccionan y empacan los alimentos que llegan hasta nuestros hogares.
Sin embargo, su trabajo se desarrolla muchas veces entre jornadas extenuantes, altas temperaturas, cargas pesadas y contacto con plaguicidas, agroquímicos y otras sustancias peligrosas.
Pensemos en una mujer trabajadora embarazada que entra a un campo fumigado unas horas antes; nadie le informa qué producto fue utilizado, cuánto tiempo debe esperar para ingresar ni cuáles pueden ser sus efectos.
Mientras realiza su jornada respira el polvo que se levanta de las plantas, toca hojas con residuos y utiliza herramientas contaminadas, aun cuando percibe el riesgo continúa trabajando, porque de ese ingreso dependen ella y su familia.
No se trata de una falta de precaución individual.
Una trabajadora no puede protegerse de aquello que desconoce, ni decidir libremente cuándo negarse a realizar una labor, porque eso sabemos puede significar que pierda su salario, el empleo o la contratación de la siguiente temporada.
Por eso la responsabilidad de prevenir estos riesgos debe recaer en quienes organizan el trabajo y obtienen los beneficios de la producción.
Esta es la razón de la iniciativa que ponemos a su consideración, convertir la prevención en una obligación patronal y evitar que una mujer del campo tenga que elegir entre su salud y su sustento.
La reforma establece que quienes empleen plaguicidas, agroquímicos o sustancias peligrosas deben identificar los productos, informar de sus riesgos, registrar las exposiciones y comunicar con claridad las medidas de protección.
También deberán garantizar evaluaciones médicas gratuitas de ingreso y periódicas dentro de la jornada laboral. Cada trabajadora conocerá sus resultados y podrá recibir copia.
La protección alcanzará a las trabajadoras del campo, ya sean permanentes, temporales, estacionales, jornaleras y jornaleras migrantes.
Durante la gestación, el puerperio y la lactancia no podrán ser obligadas a realizar actividades que impliquen exposición directa o indirecta a sustancias tóxicas.
Cuando exista el riesgo deberán ser reasignadas a labores seguras, sin reducción de su salario, prestaciones, categoría, antigüedad ni derechos.
Si no existe una actividad segura, serán excusadas de prestar sus servicios conservando su salario y prestaciones. Además, podrán negarse a efectuar una labor prohibida sin que ello se considere desobediencia, abandono de trabajo o causa de despido.
Nadie podrá castigarla, reducirles el trabajo, el salario o negarles una contratación posterior por proteger su salud y la de sus criaturas.
La iniciativa fortalece la inspección laboral y establece sanciones para quienes incumplan.
No queremos derechos escritos que se pierdan entre surcos.
Queremos garantías que lleguen hasta el campo y protejan a cada mujer trabajadora.
Como zacatecana conozco la fuerza de las mujeres que trabajan la tierra, no piden privilegios, exigen que su vida, su embarazo, su trabajo, sean tratados con dignidad.
Es por eso que en el Partido del Trabajo sabemos que el progreso no puede construirse sacrificando a quienes menos tienen.
Proteger a las mujeres del campo es reconocer su aportación, defender a sus familias y hacer justicia desde la raíz.
Que ninguna cosecha vuelva a tener como precio la salud de una mujer.
Muchísimas gracias, senador presidente.
Y gracias por su atención, compañeras y compañeros senadores.
(Aplausos)
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias, senadora Geovanna.
Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.
Ahora, para terminar la ronda de iniciativas, se concede el uso de la palabra al señor senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios en materia de financiamiento subnacional con organismos internacionales de desarrollo.
Hasta por cinco minutos, señor senador.
El Senador Luis Donaldo Colosio Riojas: Muchas gracias, presidente.
Compañeras y compañeros:
A la puerta de un ayuntamiento llegan nada más todo desde la fuga de agua hasta una calle que no tiene luz, pasando por el drenaje desbordándose.
La gente toca la puerta a donde más cerca siente a su gobierno, a su municipio.
Y quien abre esa puerta tiene que responder con un presupuesto que seguido llega muy tarde, a veces con facultades que no tiene y con un marco jurídico, perdón que lo digo, pero que prácticamente está diseñado para dejarlo solo.
Por eso el día de hoy presento ante ustedes dos iniciativas para poder corregir una parte importante de ese marco jurídico deficiente.
La parte que decide dónde puede conseguir un municipio dinero para construir la obra que su gente requiere y le exige.
Empiezo primero por la necesidad.
El artículo 115 de nuestra Constitución asigna al municipio mexicano el agua potable, el drenaje, el tratamiento de aguas residuales, el alumbrado, las calles y todo eso, todo eso es infraestructura y, sin embargo, la inversión física cayó de 18 % de gasto público en el 2014 a 9.5 % este año, es decir, cada vez hay menos inversión pública directa en infraestructura.
De cada diez pesos que gasta el gobierno, menos de un peso es destinado a obra pública productiva.
En agua, por ejemplo, México invierte alrededor del 0.08 % del PIB cuando la Cepal recomienda al menos 1.3 %.
Continúo con el crédito.
En México hay más de 2 mil 400 municipios y menos de una tercera parte tiene alguna deuda inscrita en Hacienda, todos los municipios juntos cargan apenas el 4.4 % de la deuda de estados y municipios.
Y en la medición más reciente del sistema de alertas, 609 de los 629 municipios evaluados salieron en semáforo verde.
Estos números nos describen a gobiernos locales que cuidan de su deuda, pero que a la vez tienen muy pocas ventanillas a donde acudir y en la práctica un municipio puede pedir prestado a la Banca Comercial Nacional o a Banobras, pero nada más.
La razón está en el artículo 117 constitucional que prohíbe a estados y municipios contratar con cualquier acreedor extranjero, sin embargo, por desgracia, esto también excluye a los organismos de desarrollo de los que México es socio.
Por eso, lo primero que debemos de hacer es reconocer que esa regla se pensó para un sistema financiero internacional que el día de hoy ya no existe.
Hoy, la Banca Interamericana de Desarrollo ofrece hasta mil millones de dólares para que ciudades y regiones enteras de América Latina contraten crédito directamente.
La CAF destina una tercera parte de su capital a gobiernos subnacionales.
Y estos organismos prestan con tasas más bajas, con períodos de gracia durante la construcción y desembolsos que dependen sí o sí de avances reales en el proyecto, todo específicamente pensado en la realidad del gobierno subnacional: Brasil, Colombia, Argentina, Perú, todos ellos permiten ya, cada uno con sus reglas, que sus gobiernos locales puedan acceder a estos recursos.
Por eso, la primera iniciativa reforma el artículo 117 constitucional para abrir una excepción, aunque acotada, para que estados y municipios puedan contratar con organismos multilaterales e instituciones oficiales de fomento únicamente para obra pública de infraestructura y con el voto de dos terceras partes de su congreso local o bien, en el caso de los municipios, dos terceras partes de su cabildo.
Y la primera pregunta legítima es la siguiente.
¿Vamos entonces a endeudar a los municipios en dólares?
Y le respondemos con la segunda iniciativa que reforma la Ley de Disciplina Financiera que sólo podrá contratar un crédito de esta naturaleza quien se encuentre en semáforo verde.
Este es un requisito mucho más estricto que el que hoy aplica para cualquier crédito.
El plazo máximo será de 15 años y ninguna restructura podrá alargarlo.
Nadie podrá contratar en su último año de gobierno y antes de firmar el ayuntamiento tendrá que pedir al menos una oferta de la Banca Nacional, compararla con la del organismo internacional, calcular el riesgo cambiario y publicar ese análisis.
Todo crédito deberá de quedar inscrito en el Registro Público Único.
Y la lista de acreedores permitidos la publicará Hacienda cada año de modo que la banca comercial extranjera queda fuera.
Con estas reglas…
Ya me apuro a terminar, presidente.
Con estas reglas un municipio sólo va a tomar este crédito cuando con todo y el tipo de cambio le cueste menos que el que ya tiene disponible en territorio nacional, y lo va a tener que demostrar previamente en público.
Un gobierno municipal dura tres años, uno para recibir, uno para hacer, uno para entregar. Y en ese tiempo quien quiere construir una planta tratadora de agua o bien renovar la red de agua, o bien renovar el sistema de alumbrado, de cableado, tiene dos caminos nada más: esperar un convenio que depende de la voluntad de otros o pagar el crédito que le ofrecen.
Estas iniciativas que hoy presento frente a ustedes, compañeras y compañeros, les abren un tercer camino a nuestros estados y municipios, con reglas claras, vigilados por su congreso o su cabildo y, por supuesto, por su gente.
La reforma legal sólo puede entrar en vigor después de la constitucional, por lo que solicito que se dictaminen en conjunto.
La gran mayoría de los municipios de nuestro país ya demostraron que saben administrar su deuda.
Démosles la oportunidad de construir su futuro.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias, senador Colosio.
Se turnan las iniciativas del senador Colosio a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos.
Y la segunda iniciativa relativa, que reforma la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Honorable Asamblea:
La Junta de Coordinación Política nos ha hecho llegar un acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora Claudia Tello Espinosa: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al Orden del Día de hoy el acuerdo referido por la presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Si hay abstenciones, levantar la mano, por favor.
Sí, se autoriza su incorporación, señor presidente.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: En consecuencia, procedamos a su trámite.
Y en virtud de que el acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños, solicito a la secretaria dé lectura a su parte resolutiva únicamente.
La Secretaria Senadora Claudia Tello Espinosa: Doy lectura, señor presidente.
La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, del grupo parlamentario de Morena, se da de alta como presidenta en la Comisión de Derechos Humanos, así como integrante de las Comisiones de Juventud; Deporte; de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México; y de Jurisdiccional.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI, se da de alta como secretaria en la Comisión de Puntos Constitucionales.
La senadora Carolina Viggiano Austria, del grupo parlamentario del PRI, se da de baja como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se solicita que las designaciones anteriores se pongan a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.
Atentamente, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Señor presidente.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Está a discusión el acuerdo.
En virtud de no haber personas oradoras registradas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
La Secretaria Senadora Claudia Tello Espinosa: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Gracias.
Quienes estén por rechazar este acuerdo, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Abstenciones.
Aprobado el acuerdo, señor presidente.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.
Comuníquese.
Permítame, a nombre de esta presidencia, hacer una felicitación con motivo de su cumpleaños este día a la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista.
Y adelantándonos de que el día de mañana no hay sesión, también felicitar al senador Adán Augusto López Hernández, que va a celebrar el día de mañana su cumpleaños. Y estamos enterados.
Felicidades a la senadora y al senador.
(Aplausos)
Honorable Asamblea:
Hago de su conocimiento que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen para su primera lectura.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con él e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora Claudia Tello Espinosa: Doy cuenta.
Recibimos, para primera lectura, el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Economía; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en materia de protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al Orden del Día de hoy.
Quienes estén por la afirma, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Abstenciones, si existieran, favor de levantar la mano.
Sí, se autoriza, señor presidenta, esta incorporación.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: El dictamen y toda la documentación relativa se encuentran publicados en la Gaceta y están disponibles en el monitor de sus escaños.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.
Honorable Asamblea:
Hago de su conocimiento que la Mesa Directiva, a petición de la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, autorizó la rectificación de turno de 21 iniciativas en materia de bienestar animal.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellas, por favor.
La Secretaria Senadora Claudia Tello Espinosa: Doy cuenta, señor presidente.
Las iniciativas son.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Bienestar Animal y el Control Ético Poblacional de Perros y Gatos, y la Protección de la Salud Pública, Humana, Animal y Ambiental.
Seis proyectos de decreto por los que se reforma el artículo 87 Bis, dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 87 Bis 3 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Bienestar y Cuidado de Animales Domésticos Comunitarios.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley General de Vida Silvestre.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, Código Civil Federal y del Código Penal Federal.
Tres proyectos de decreto por los que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley de Protección al Ambiente.
Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el Código Penal Federal.
Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 22 Bis, 22 Ter, 22 Quáter y 22 Quinquies de la Ley Federal de Sanidad Animal.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Sexto al Título Décimo de la Ley Federal de Sanidad Animal, se reforma la fracción XVIII del artículo 3 y se adiciona un artículo 87 Bis 3 y 87 Bis 4 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y a la Protección al Ambiente.
Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley de Infraestructura de la Calidad.
Y dos proyectos de decreto por los que se expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.
Es todo, señor presidente.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Gracias, senadora.
El turno para todas ellas es a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos, Primera.
Informo a ustedes que la lista de las iniciativas con el nombre de sus autores y fecha de presentación se publicará en la Gaceta.
También informo a la Asamblea que se rectifica el turno a la iniciativa presentada por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar en las Comisiones Unidas de Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria Senadora Claudia Tello Espinosa: Se han agotado los asuntos de la agenda, señor presidente.
El Presidente Senador Higinio Martínez Miranda: Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes, 29 de septiembre, a las 09:00 horas.
Repito: Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes, 29 de septiembre, a las 09:00 horas.
A todas y todos ustedes aquí los esperamos.
Se levanta la sesión.
Muchas gracias.
Se levantó la sesión a las 14:52 horas.
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