La Suprema Corte analizará este 29 de septiembre la reforma electoral de Chihuahua, impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad, mientras la gobernadora Maru Campos pide mantener las disposiciones sobre intervención criminal en elecciones.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este martes 29 de septiembre la reforma electoral de Chihuahua, impugnada mediante cuatro acciones de inconstitucionalidad, entre ellas una promovida por Morena.
El asunto se encuentra en la lista del Pleno y contempla el análisis de diversas disposiciones de la legislación electoral estatal, entre ellas normas relacionadas con sanciones y participación en procesos electorales.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió a la Corte mantener las disposiciones que, de acuerdo con su postura, buscan impedir que grupos delictivos intervengan en las elecciones y que personas con vínculos con organizaciones criminales puedan contender.
Morena impugnó la reforma
La reforma electoral fue publicada el 30 de junio de 2026 mediante diversos decretos que modificaron la Constitución local, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y el Código Municipal. Posteriormente se promovieron cuatro acciones de inconstitucionalidad, identificadas como 96/2026, 97/2026, 99/2026 y 103/2026.
La documentación disponible señala que una de esas acciones fue promovida por Morena, mientras que otras fueron presentadas por integrantes del Congreso de Chihuahua y por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Las demandas fueron acumuladas para su análisis conjunto.
La existencia de la impugnación de Morena está documentada en el expediente 99/2026. Sin embargo, atribuirle como propósito “proteger al crimen organizado” corresponde a una interpretación política de sus adversarios y no a una conclusión establecida por la Corte.
Qué analizará la Suprema Corte
El proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propone declarar parcialmente procedentes y fundadas las acciones de inconstitucionalidad.
Entre los aspectos planteados se encuentra la posible invalidez de disposiciones que restringen las facultades de interpretación y control constitucional de los órganos jurisdiccionales, así como normas relacionadas con las facultades reglamentarias de la autoridad electoral, acciones afirmativas y el régimen sancionador.
El proyecto también plantea considerar fundada una omisión legislativa relacionada con la armonización de la legislación de Chihuahua con una reforma federal que incorporó la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.
Campos pide mantener las disposiciones
En su mensaje difundido este 28 de septiembre, Campos sostuvo que Chihuahua estableció mecanismos para anular una elección cuando existiera intervención del crimen organizado y para impedir la participación de candidatos vinculados con actividades delictivas.
La gobernadora afirmó que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso estatal respaldaron la reforma, con excepción de los diputados locales de Morena, y cuestionó que ese partido haya acudido a la Suprema Corte para impugnar diversas disposiciones. –sn–
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