El Comité de la ONU pidió a Armenia, Belice, Gabón y Lesoto fortalecer la búsqueda de desaparecidos, mejorar investigaciones y registros, y proteger a víctimas y familiares.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) pidió a Armenia, Belice, Gabón y Lesoto fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, mejorar las investigaciones y adecuar sus marcos legales a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Las recomendaciones fueron emitidas tras la revisión de los cuatro países durante el 31 periodo de sesiones del CED, concluido el 24 de septiembre en Ginebra. El Comité examinó informes iniciales de Belice y Lesoto, así como información complementaria presentada por Armenia y Gabón. Las observaciones finales fueron publicadas el 25 de septiembre.
El organismo también reportó 181 nuevas solicitudes de acción urgente entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2026. Desde el inicio de este procedimiento, 574 personas desaparecidas han sido localizadas, incluidas 437 encontradas con vida. Durante el último periodo, 28 casos fueron cerrados después de localizar a las personas buscadas.
Armenia: acelerar búsquedas e investigaciones
En Armenia, el CED manifestó preocupación por el avance limitado en la búsqueda de personas desaparecidas, particularmente de aquellas cuyos casos no están comprendidos en la legislación relacionada con desapariciones derivadas de operaciones militares.
El Comité pidió desarrollar estrategias integrales para localizar a todas las personas desaparecidas, sin importar el momento, lugar o circunstancias de la desaparición. También recomendó investigar de manera eficaz y coordinada las denuncias, procesar a los responsables y garantizar a las víctimas información, participación en los procedimientos y reparación integral.
Las recomendaciones también abarcan los casos relacionados con el conflicto de Nagorno-Karabaj. El organismo pidió fortalecer la cooperación de Armenia con Azerbaiyán y otros países vecinos para facilitar la búsqueda, recuperación e identificación de cuerpos y restos humanos.
Belice: crear un registro nacional
En Belice, el CED reconoció el compromiso de incorporar el delito de desaparición forzada a la legislación nacional, pero recomendó que se establezca como delito autónomo y como crimen de lesa humanidad, con sanciones acordes con su gravedad y sin contemplar la pena de muerte.
El Comité también pidió acelerar la creación de un registro nacional de personas desaparecidas que permita diferenciar entre presuntas desapariciones forzadas, desapariciones atribuidas a actores no estatales y otros casos de personas desaparecidas.
El registro deberá contener información actualizada sobre las circunstancias de cada caso, las personas localizadas con vida o fallecidas y la posible participación de agentes estatales. También recomendó vincularlo con bases de datos de detención, migración, trata de personas, registros forenses y registro civil.
Gabón: atender desapariciones de menores
Respecto de Gabón, el CED reiteró preocupaciones sobre las deficiencias de su marco jurídico e institucional para garantizar investigaciones inmediatas, exhaustivas, imparciales y eficaces.
El organismo pidió fortalecer los mecanismos de búsqueda, investigación y protección de familiares, defensores de derechos humanos y otras personas involucradas en los casos. También solicitó procedimientos accesibles para pueblos indígenas, mujeres, menores y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Una de las principales preocupaciones se relaciona con denuncias sobre secuestros, particularmente de menores, presuntamente vinculados con la extracción de órganos o partes del cuerpo y posteriores desapariciones.
El Comité pidió a Gabón tipificar adecuadamente estos delitos, investigar sistemáticamente los casos, documentar su magnitud y garantizar protección para víctimas, familiares y testigos, además del derecho a la verdad, justicia y reparación.
Lesoto: proteger a menores migrantes
En Lesoto, el CED señaló deficiencias legales y administrativas relacionadas con las desapariciones forzadas, incluidos problemas sobre prescripción, responsabilidad penal y obediencia debida.
El Comité recomendó reconocer la desaparición forzada como un delito continuado, armonizar la legislación con la Convención y establecer un registro centralizado de personas desaparecidas que pueda cotejarse con registros de detención y migración.
También expresó preocupación por la protección insuficiente de menores frente a desapariciones relacionadas con trata, migración y reclutamiento forzoso, así como por denuncias de adopciones internacionales ilegales que no habrían sido investigadas de manera exhaustiva.
El organismo pidió reforzar los mecanismos para buscar e identificar a menores desaparecidos, establecer procedimientos coordinados para su búsqueda inmediata y crear un mecanismo especializado para prevenir e investigar desapariciones de menores no acompañados en contextos migratorios.
ONU adopta nuevas medidas sobre desapariciones
Durante el mismo periodo de sesiones, el CED adoptó su segundo comentario general sobre el impacto de las desapariciones forzadas en mujeres y niñas, después de dos años de investigación y consultas.
El documento aborda los efectos diferenciados de las desapariciones forzadas sobre mujeres y niñas y establece orientaciones para que los Estados cumplan sus obligaciones desde una perspectiva interseccional y de género. –sn–
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