Claudia Sheinbaum negó intervenir en las decisiones de la Suprema Corte. Sus llamados sobre prestaciones de ministros, revisión de juzgadores y litigios fiscales forman parte de los antecedentes del debate sobre la autonomía judicial.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo negó dar instrucciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y afirmó que hacerlo sería ilegal, al rechazar que su administración intervenga en las decisiones del máximo tribunal del país.

“No, pero no le doy instrucciones yo a la Corte. Pues estaría muy mal, sería ilegal”, respondió durante su conferencia matutina, en la que defendió la autonomía del Poder Judicial y sostuvo que la coordinación entre poderes no implica controlar sus resoluciones.

Sin embargo, sus declaraciones se producen en un contexto de pronunciamientos públicos sobre las prestaciones de los ministros, la actuación de jueces y la revisión de resoluciones judiciales, asuntos que mantienen abierto el debate sobre los límites entre la posición política del Ejecutivo y la independencia de los órganos jurisdiccionales.

Sheinbaum pide reducir prestaciones de ministros

El 8 de septiembre de 2026, Sheinbaum planteó que los integrantes de la nueva SCJN todavía podrían reducir algunas de sus prestaciones, entre ellas los beneficios relacionados con la telefonía celular.

Durante esa conferencia, presentó una comparación entre las percepciones y prestaciones de los ministros anteriores y los actuales, que incluyó salarios, seguros, vehículos y gastos de telefonía.

“Teléfonos celulares, había varios, un equipo por Ministro. Todavía le podrían bajar un poquito, eh. Yo pago mi teléfono celular, por ejemplo”, expresó.

La mandataria ha sostenido que la reducción de privilegios y el principio de austeridad deben orientar el uso de recursos públicos en las instituciones del Estado.

El 19 de agosto también cuestionó la posibilidad de que los ministros recuperaran seguros de gastos médicos mayores con cargo al presupuesto público.

“No está bien, esa es mi opinión. No a los privilegios”, afirmó, al plantear que los funcionarios podían recurrir a las instituciones públicas de salud o cubrir sus pólizas privadas con recursos propios.

Los llamados al Tribunal de Disciplina Judicial

Otro antecedente corresponde a las solicitudes públicas de la presidente para que el Tribunal de Disciplina Judicial, creado a partir de la reforma judicial de 2024, revise la actuación de juzgadores ante posibles irregularidades.

El 16 de julio, Sheinbaum pidió a ese órgano revisar un caso relacionado con el desempeño de un juez.

“Y lo tercero, un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial para que revise el caso de este juez”, manifestó.

Seis días después, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, sostuvo que el tribunal debía intervenir ante posibles irregularidades en la concesión de suspensiones relacionadas con asuntos de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.

“Claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el Tribunal de Disciplina”, señaló la funcionaria, quien también reconoció que desconocía si existían investigaciones abiertas sobre los casos mencionados.

Estos pronunciamientos se refieren a la revisión de conductas judiciales por el órgano competente. Por sí mismos, no acreditan que el Ejecutivo haya impartido instrucciones a la SCJN sobre el sentido de sus sentencias. –sn–

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