La violencia en Cuautla, Morelos, genera preocupación tras la liberación de José David V, alias “El Güero Gym”. Una caminata por la paz está convocada para el 28 de octubre, mientras persisten cuestionamientos sobre las investigaciones y la estrategia de seguridad.
Por Julián Nájera | Corresponsal
La liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, tras un operativo en Totolapan, reavivó la preocupación por la inseguridad en la región oriente de Morelos, donde transportistas y habitantes enfrentan nuevos episodios de violencia.
El caso ocurrió el 12 de octubre, cuando autoridades estatales detuvieron al presunto integrante de Pueblos Unidos. Horas después, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó que lo entregó para conseguir la liberación de tres colaboradores de la institución que habían sido retenidos.
La tensión también alcanza a Cuautla, donde fue convocada una caminata por la paz para el miércoles 28 de octubre. La movilización busca visibilizar a las víctimas de delitos y exigir respuestas ante la inseguridad que afecta a la población.
Liberación desata cuestionamientos
La detención de “El Güero Gym” se produjo durante acciones contra la extorsión en Totolapan, realizadas por personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos.
De acuerdo con la versión oficial, tras la captura, presuntos integrantes de Pueblos Unidos retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente. La institución informó que activó un protocolo para proteger su integridad y que los trabajadores recuperaron su libertad después de la entrega del detenido.
Uno de los colaboradores recibió una herida de arma de fuego y fue hospitalizado. La Fiscalía reportó que su estado de salud era estable, mientras aseguró que investigaría los hechos.
El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, defendió la decisión y sostuvo que se tomó conforme a derecho. Durante la explicación pública, funcionarios indicaron que el detenido no tenía una orden de aprehensión vigente en ese momento y que la investigación continuaría.
Convocan a caminata por la paz
La convocatoria ciudadana plantea partir del zócalo de Cuautla hacia la Fiscalía Oriente el 28 de octubre. Los organizadores solicitaron a los asistentes llevar el número de la carpeta de investigación de su caso, una fotografía de alguna víctima de delito y una veladora.
La movilización ocurre después del asesinato de un operador de la ruta 85, quien se dirigía de Cuautla a la ciudad de México el sábado 24 de octubre, según la información proporcionada para esta nota.
Una de las líneas de investigación mencionadas en los reportes apunta a una posible extorsión, aunque esa hipótesis requiere confirmación oficial. La víctima era conocida en Tetelcingo, localidad de Cuautla, de acuerdo con la información difundida.
Investigan presuntas redes criminales
Las investigaciones sobre la operación de Pueblos Unidos también han puesto bajo escrutinio a Totolapan, Yecapixtla y Cuautla. En el caso de Totolapan, los reportes relacionan a Júpiter Araujo Bernard, conocido como “El Barbas” o “El Apá”, con la estructura criminal que opera en la zona.
En febrero de 2026 fue detenida Cristina Marlén “N”, excandidata a la alcaldía y regidora de Totolapan, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. La información proporcionada señala que, después de esa detención, autoridades anunciaron otras órdenes de aprehensión pendientes de cumplimiento.
También existen referencias a un operativo realizado en 2025, cuando agentes de la Fiscalía estatal aseguraron tres vehículos de lujo con reporte de robo. Una fuente policial citada en los reportes sostuvo que habitantes de la zona intervinieron para impedir el traslado de detenidos y que fue necesario desplegar un operativo para recuperar al personal ministerial.
Las versiones sobre posibles filtraciones de información desde la Fiscalía y la actuación de funcionarios estatales constituyen señalamientos que deben investigarse. Hasta contar con evidencia verificable, no pueden presentarse como hechos acreditados ni como prueba de complicidad institucional. –sn–
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