Denuncias contra funerarias en México señalan cobros adicionales, contratos irregulares, falta de precios visibles e incumplimientos. Los registros citados involucran a empresas de distintos estados y exhiben los riesgos para familias en duelo.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
Más de 500 denuncias contra empresas funerarias en México exponen presuntas irregularidades en cobros, contratos y prestación de servicios. Los reclamos documentan problemas que afectan a familias durante el duelo, cuando deben resolver con urgencia la cremación, la inhumación o el traslado de sus seres queridos.
Una revisión de 503 registros de quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre 2019 y julio de 2026, citada por el medio EL CEO, describe prácticas como aumentos de precios, falta de contratos registrados y ausencia de tarifas visibles. Las cifras proceden de información obtenida mediante solicitudes de transparencia.
Los registros también incluyen señalamientos por incumplimiento de paquetes funerarios, intentos de vender ataúdes usados, retrasos en traslados y cobros adicionales por servicios que las familias consideraban incluidos. Las denuncias no equivalen, por sí mismas, a resoluciones que acrediten responsabilidad de las empresas señaladas.
Cobros adicionales en el duelo
En enero de 2022, una familia denunció que un paquete contratado en Funeraria Gayosso, en Félix Cuevas, Cdmx, no se cumplió en los términos esperados. Según el reclamo, el servicio contemplaba cremación, mausoleo y cementerio, pero al requerirlo se exigió un pago adicional que, de acuerdo con la persona denunciante, no figuraba en el contrato.
Otro caso ocurrió en febrero de 2026 en la funeraria Tomé, al sur de la capital. Los familiares de Emilia señalaron que el encargado les propuso adquirir un ataúd usado y que el establecimiento no exhibía los precios de urnas ni féretros. También afirmaron que el costo final fue superior al acordado y que tuvieron dificultades para recibir el contrato solicitado.
Los expedientes referidos incluyen acusaciones contra establecimientos que presuntamente cobraron por modificar servicios, gestionar correcciones de documentos o resolver problemas surgidos durante la prestación. La información disponible no permite atribuir las mismas prácticas a todas las empresas del sector.
Denuncias contra distintas empresas
En junio de 2020, una queja contra Gayosso, en la alcaldía Cuauhtémoc, señaló el supuesto incumplimiento de un contrato de cesión de derechos de uso mortuorio a perpetuidad y de servicios funerarios a futuro, celebrado el 27 de junio de 2011.
En enero de 2022, una familia denunció que una carroza llegó después de la hora pactada y que Funeraria Malagón atribuyó el retraso a una falla del crematorio. Según el relato, la alternativa consistía en trasladar la cremación a otra sede, con un cobro adicional de mil 500 pesos.
Nueve meses después, otra queja presentada en el municipio de La Paz, Estado de México, acusó a Agencia Funeraria La Municipal de reutilizar féretros sin informar previamente a los clientes. La denuncia también cuestionó las condiciones de higiene del establecimiento; se trata de señalamientos que requieren valoración de las autoridades competentes.
El medio citado refiere que el mercado funerario mexicano tiene un valor estimado de 12 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios (Comesef). La cifra dimensiona la actividad económica de un sector que atiende una necesidad inevitable para las familias.
Cdmx concentra más quejas
La distribución geográfica de los registros sitúa a la Cdmx en primer lugar, con 274 expedientes. El Estado de México aparece en segundo sitio, con 60, mientras que la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, acumula 46 y Torreón, Coahuila, registra 23.
Las quejas también abarcan entidades como Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora. La concentración de expedientes no demuestra por sí sola que exista una mayor incidencia de abusos, pues también depende de factores como la población, el número de proveedores y la disposición de los consumidores a denunciar.
De acuerdo con la información citada, la Profeco clasificó como confidenciales los nombres de 95 empresas denunciadas: 93 ubicadas en la capital y dos en el Estado de México. Entre las inconformidades atribuidas a esos registros aparecen la falta de precios visibles y la ausencia de contratos de adhesión registrados.
Grupo Gayosso y sus filiales acumularon 28 denuncias en los registros revisados, con casos reportados en Cdmx, Monterrey, Morelos, Tijuana y Torreón. Uno de los reclamos, presentado en noviembre de 2021 en la capital, señaló que se solicitaron más de 37 mil pesos adicionales por cambios en el paquete, incluidos servicios de cafetería, cremación, tipo de ataúd y una sala de mayor tamaño.
La cadena J. García López aparece con al menos 11 expedientes. Entre los señalamientos figura el aumento del precio al momento de pagar, sin una explicación satisfactoria para el cliente, además de inconformidades por la entrega de comprobantes y las condiciones de contratos para servicios futuros.
Por su parte, Velatorios Funeza registra ocho relatos de inconformidad relacionados con presuntos incumplimientos normativos y la falta de registro de contratos de adhesión. Las cifras corresponden a los expedientes descritos en la investigación citada y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial o administrativa de responsabilidad.
Qué obliga a cumplir la norma
La Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016, vigente para los servicios funerarios, establece requisitos de información comercial, contratación y protección al consumidor. Entre sus disposiciones se encuentran el registro obligatorio de los contratos de adhesión, la descripción de los servicios incluidos y la información de los precios y cobros adicionales.
Los proveedores deben respetar las condiciones ofrecidas, informar sobre los paquetes disponibles, exhibir los precios de productos y servicios y entregar comprobantes de la operación. Los contratos deben identificar al proveedor, especificar los servicios y sus costos, y establecer las condiciones aplicables.
La normativa también contempla derechos para cancelar o desistirse de la contratación conforme a las condiciones legales y contractuales aplicables. Por ello, las familias pueden revisar el número de registro del contrato, solicitar una copia y conservar presupuestos, recibos, facturas y comunicaciones que permitan documentar cualquier incumplimiento.
La información citada atribuye a la Profeco un registro de 3 mil 258 contratos de adhesión vigentes y mil 793 que no estaban vigentes. Estas cifras requieren distinguir entre contratos registrados y proveedores: un contrato no vigente no demuestra automáticamente que una empresa opere ilegalmente, pero sí hace necesario comprobar cuál es el documento aplicable a la contratación.
Sanciones y procedimientos
Los datos referidos en la investigación señalan que la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de la Profeco concentraba 155 procedimientos por presuntas infracciones a la legislación y 133 resoluciones con sanción impuesta, por un monto acumulado de 5.8 millones de pesos. La información citada no precisa el periodo correspondiente a esos registros.
Por separado, la Dirección General de Procedimientos habría localizado seis registros de procedimientos y resoluciones sancionadoras por un monto de 4.2 millones de pesos, entre 2007 y septiembre de 2026. Sin información adicional sobre el alcance de cada base, no es posible sumar ambas cifras como si correspondieran a expedientes distintos.
Los datos muestran actividad administrativa, pero también la necesidad de distinguir entre quejas, procedimientos abiertos y sanciones firmes. Cada categoría representa una etapa diferente y no debe interpretarse como equivalente a una infracción acreditada. –sn–
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