Organizaciones civiles denunciaron ante la CIDH la impunidad en homicidios y desapariciones de personas defensoras en México. Exigieron investigaciones efectivas y un protocolo nacional; el gobierno federal asumió seis compromisos para atender los casos.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La impunidad en los asesinatos y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos en México fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde organizaciones civiles exigieron investigaciones efectivas y medidas para garantizar el acceso a la justicia.
Durante una audiencia pública celebrada en Panamá, representantes de 120 organizaciones sociales expusieron que, entre enero de 2022 y septiembre de 2026, documentaron 113 homicidios y desapariciones de personas defensoras, con apenas cuatro casos que cuentan con sentencia condenatoria, según los datos presentados.
La denuncia también exhibió las consecuencias de la violencia contra activistas y periodistas, entre ellas amenazas, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos, que afectan la defensa de los territorios, los recursos naturales y la libertad de expresión.
Denuncian impunidad estructural
La activista y periodista indígena ñomndaa (amuzga) Marcela de Jesús Natalia, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, sostuvo que las agresiones contra personas defensoras no reciben respuestas judiciales efectivas, permanecen impunes y permiten la continuidad de la violencia.
La comunicadora expuso su propia experiencia como sobreviviente de un atentado armado ocurrido el 3 de junio de 2017 en Ometepec. También denunció que permaneció encarcelada durante más de cinco años y que enfrenta las consecuencias del desplazamiento forzado interno relacionado con su labor de defensa de los derechos humanos y comunicación.
Señaló que quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo enfrentan amenazas y agresiones que pueden obligarlos a abandonar sus comunidades o limitar sus actividades, mientras los procedimientos para obtener justicia implican desgaste físico, económico y emocional.
Por su parte, Saulo Loya Valenzuela, coordinador del Área de Incidencia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que México enfrenta dos problemas simultáneos: los elevados niveles de violencia contra personas defensoras y la insuficiencia de las medidas estatales para protegerlas, investigar los delitos y sancionar a los responsables.
Loya Valenzuela advirtió que la falta de resultados judiciales prolonga la incertidumbre y el miedo entre las víctimas, además de favorecer nuevas agresiones y el desplazamiento de quienes defienden derechos fundamentales.
El Estado reconoce desafíos y ofrece medidas
En respuesta a los señalamientos, el embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que la protección de personas defensoras de derechos humanos constituye una prioridad transversal para las instituciones federales y estatales.
El representante del gobierno federal sostuvo que existe coordinación con organismos defensores y organizaciones sociales para atender los riesgos que enfrenta este sector.
Sin embargo, las organizaciones presentaron cifras que muestran la distancia entre las acciones institucionales y los resultados judiciales: de los 113 casos documentados, 20 habían sido judicializados y únicamente cuatro contaban con sentencia condenatoria.
La diferencia entre ambos indicadores evidencia que la judicialización de una investigación no garantiza que los responsables reciban una sentencia. Las organizaciones calcularon que 96.5 por ciento de los casos carecía de una resolución condenatoria.
Exigen protocolo en fiscalías
Ante este panorama, Saulo Loya Valenzuela solicitó que el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos se implemente en todas las fiscalías del país.
La petición contempla que la Fiscalía General de la República (FGR) establezca un plan público y verificable, con responsables, plazos, recursos, capacitación y mecanismos de seguimiento para garantizar su aplicación.
Las organizaciones también solicitaron una estrategia nacional de investigación y persecución penal que permita esclarecer los homicidios y desapariciones, identificar a los responsables materiales e intelectuales y asegurar la participación y protección de las víctimas.
El documento entregado ante la CIDH advirtió que la falta de justicia prolonga el daño a las víctimas, sus familias y comunidades, además de generar condiciones para nuevas agresiones y obligar a algunas personas defensoras a limitar o abandonar su trabajo.
CIDH advierte violencia estructural
La comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, señaló que México continúa entre los países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos y sostuvo que las agresiones y el hostigamiento tienen un carácter estructural.
Advirtió que los riesgos aumentan cuando las actividades de las personas defensoras afectan intereses políticos y económicos, por lo que consideró necesario atender las condiciones que permiten la continuidad de la violencia.
A su vez, el comisionado Edgar Stuardo Ralón expresó durante la audiencia: «Quien defiende los derechos de los demás, no debería tener que defender su propia vida».
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, recomendó implementar el protocolo mediante un plan de acción con calendario definido, capacitación de autoridades, mecanismos de supervisión y participación efectiva de las organizaciones civiles.
También pidió establecer responsabilidades institucionales claras para evitar que el instrumento quede limitado a una disposición administrativa sin resultados concretos en las investigaciones. –sn–
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