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Discuten Ley de Rentas Justas para la Cdmx

La iniciativa de Ley de Rentas Justas en Cdmx abrió el debate sobre el acceso a vivienda asequible. Legisladores y activistas advierten que regular los alquileres debe acompañarse de mayor construcción, menos especulación y mejores condiciones para inquilinos.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La regulación de los alquileres en la ciudad de México será insuficiente para garantizar el derecho a la vivienda si no se acompaña de una política que incremente la construcción de inmuebles asequibles, reduzca la especulación inmobiliaria y acerque los centros de trabajo a las zonas habitacionales, advirtieron legisladores y especialistas durante un conversatorio sobre la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles.

Durante el encuentro El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), representantes políticos y organizaciones defensoras del derecho al hábitat expusieron distintas perspectivas sobre los alcances de la propuesta legislativa y los desafíos para evitar que más habitantes sean desplazados por el encarecimiento de las rentas.

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso capitalino, Royfid Torres, sostuvo que proteger a quienes actualmente alquilan una vivienda debe formar parte de una estrategia integral que también garantice nuevas opciones habitacionales, particularmente para jóvenes y familias que buscan permanecer cerca de sus empleos.

El legislador advirtió que la discusión de la iniciativa debe precisar cómo se atenderá la demanda de vivienda y cuáles serán las metas para reducir el rezago habitacional. A su juicio, establecer reglas para los arrendamientos sin incrementar la oferta podría generar nuevas dificultades para quienes intenten acceder a una vivienda en el futuro.

Ley de Rentas Justas: el desafío de construir más vivienda asequible

Torres señaló que la producción habitacional ronda las 10 mil viviendas públicas y las 5 mil privadas, frente a una necesidad estimada de 40 mil unidades. También mencionó un rezago de aproximadamente 800 mil viviendas en la capital, cifras que utilizó para cuestionar si la propuesta legislativa contempla mecanismos suficientes para responder a la demanda.

El diputado coincidió en la necesidad de proteger a las personas que actualmente rentan, aunque advirtió que las disposiciones de la iniciativa podrían repercutir en los precios del alquiler para quienes busquen vivienda posteriormente, si no se atienden las causas estructurales de la escasez.

Entre sus propuestas planteó reducir la especulación inmobiliaria, facilitar la construcción de nuevos desarrollos y promover que los centros de trabajo se ubiquen cerca de las zonas habitacionales. El propósito, explicó, es evitar la formación de alcaldías dormitorio y disminuir los desplazamientos cotidianos de la población.

Por su parte, María Silvia Emanuelli, representante de la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL), consideró que incrementar la construcción de viviendas es indispensable, pero no resolverá por sí solo las dificultades de acceso a un hogar si no se establecen mecanismos para regular el mercado de alquiler.

La especialista señaló que distintas experiencias europeas muestran que las políticas públicas destinadas a ampliar la oferta habitacional necesitan complementarse con medidas de regulación del arrendamiento.

“Pensar que lo vamos a resolver construyendo más vivienda es imposible”, afirmó.

Emanuelli consideró que el proceso de discusión legislativa representa una oportunidad para mejorar la iniciativa y atender las condiciones que obligan a numerosas personas a abandonar la capital porque sus ingresos ya no les permiten cubrir el costo de una renta.

De acuerdo con las cifras expuestas durante el conversatorio, alrededor de dos millones de personas alquilan una vivienda en la ciudad de México. Entre determinados sectores, como jóvenes y madres solteras, el gasto destinado al arrendamiento puede alcanzar 44% de sus ingresos.

Trámites inmobiliarios y costos encarecen la construcción

Otro de los puntos abordados fue el impacto de los trámites administrativos y los costos de construcción en el precio final de las viviendas.

Royfid Torres estimó que construir una vivienda pública puede costar alrededor de 900 mil pesos. En contraste, señaló que los desarrolladores privados enfrentan más de 200 ventanillas para gestionar autorizaciones y permisos, situación que, de acuerdo con su planteamiento, incrementa los costos de los proyectos y genera espacios para posibles actos de corrupción.

El legislador indicó que desarrollar un proyecto inmobiliario puede tomar en promedio cinco años en la ciudad de México, mientras que en otras entidades un proceso similar puede resolverse en aproximadamente dos años.

Explicó que los inversionistas buscan recuperar los recursos y riesgos asociados con los tiempos de construcción, por lo que consideró necesario revisar los procedimientos administrativos para reducir gastos y facilitar el desarrollo de vivienda. –sn–

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