Casos sacuden seguridad nacional. Rosa Icela confirma los hechos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordó los homicidios de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, y del juez federal Everardo Maya Arias. Confirmó que ambos casos fueron analizados por el gabinete de seguridad.

La funcionaria explicó que las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República realizarán las investigaciones correspondientes. Aseguró que el gobierno federal dará seguimiento puntual a estos crímenes de alto impacto.

“Sí se trataron en el gabinete de seguridad que acabamos de concluir; hubo reportes de la Secretaría de Seguridad y de otras instancias”, declaró Rodríguez ante los medios, tras finalizar la reunión con autoridades federales.

Añadió que la administración actual mantendrá coordinación con los gobiernos locales para garantizar el esclarecimiento de ambos hechos violentos y dar con los responsables.

Ataque en Oaxaca

La presidenta municipal de San Mateo Piñas, Claudia García Soto, fue asesinada el 15 de junio dentro del edificio de la presidencia municipal. Sujetos armados ingresaron al lugar y dispararon contra los presentes.

Durante el ataque también fue asesinado el síndico municipal. Además, dos policías locales resultaron heridos por los agresores, quienes escaparon sin ser detenidos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca atrajo el caso.

Se implementó un operativo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades informaron que los agresores ya están identificados.

García Soto y denuncias previas

La edil había sido señalada por presuntos actos de corrupción relacionados con la venta de bienes municipales. Organizaciones locales acusaron que no existió consulta ciudadana para dichas transacciones.

En 2021, García Soto denunció públicamente la desaparición de 50 millones de pesos que se destinarían a la rehabilitación de infraestructura tras el paso del huracán Agatha. La investigación por ese caso sigue abierta.

En meses recientes, también recibió amenazas de muerte. Las autoridades investigan si estos antecedentes se relacionan con el ataque. No se ha confirmado si contaba con protección policial.

El crimen se suma a una ola de violencia contra funcionarios municipales en Oaxaca. Tan solo en el primer semestre de 2025, se han registrado cuatro asesinatos de ediles en esa entidad.

Muerte de Everardo Maya

El juez federal Everardo Maya Arias fue hallado sin vida el domingo 15 de junio en Zinacantepec, Estado de México. Su cuerpo se encontró dentro de una camioneta con un disparo en la cabeza.

Junto al cadáver se localizó un arma de fuego. Las autoridades no han determinado si fue un suicidio o un homicidio. Todas las líneas de investigación siguen abiertas, según reportaron fuentes oficiales.

Maya Arias laboraba en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con sede en Toluca. Su muerte fue confirmada por el Consejo de la Judicatura Federal, que lamentó el hecho.

El juez participó en casos relevantes como Ayotzinapa y el proceso contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Actualmente se encontraba en proceso de retiro.

Controversias judiciales previas

Durante su carrera, Maya Arias enfrentó críticas por conceder amparos polémicos. Uno de ellos favoreció a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

También emitió una suspensión provisional en favor de Ovidio Guzmán López, lo que frenó su extradición. Organizaciones de víctimas y sectores políticos cuestionaron sus resoluciones.

El gobierno federal lo señaló en 2022 como presunto integrante de una red judicial que beneficiaba a acusados de delitos graves. El juez negó esa acusación y calificó la imputación como infundada.

Su muerte ha generado inquietud entre jueces federales, quienes han pedido reforzar medidas de seguridad y respeto a su labor jurisdiccional. Hasta ahora, no se ha emitido un posicionamiento oficial sobre esas solicitudes. –sn–

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