Detienen a exgobernador por presunto lavado y enfrenta nuevas acusaciones.
Por Martín García | Reportero
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que agentes federales cumplimentaron la orden de aprehensión contra César Duarte, quien fue señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La institución explicó que la orden fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del estado de México. El mandato se ejecutó en Chihuahua, donde el exmandatario permanecía bajo procesos abiertos.
La FGR recordó que Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, tras una solicitud formal del gobierno federal. Señaló que el exgobernador fue extraditado a México el 2 de junio de 2022 para responder por peculado y asociación delictuosa investigados por autoridades estatales. Indicó que esos procedimientos continuaron bajo la supervisión de la Fiscalía de Chihuahua.
La dependencia federal informó que el 4 de octubre de 2024 solicitó al gobierno de Estados Unidos autorización para procesar a Duarte por delitos distintos a los imputados durante la extradición. Añadió que dicha autorización fue otorgada el 4 de diciembre del mismo año tras el análisis jurídico correspondiente. Explicó que esta resolución permitió ampliar el marco penal aplicable al exmandatario.
Investigación financiera federal
La FGR afirmó que Duarte fue investigado por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero realizado desde su cargo en Chihuahua. La institución asentó que el exgobernador habría utilizado estructuras financieras para ocultar recursos desviados de las arcas estatales. Señaló que dichas maniobras incluyeron movimientos a través del Sistema Financiero Mexicano para encubrir el origen ilícito de los fondos.
La autoridad federal indicó que la indagatoria integró documentación bancaria y registros de transferencias vinculadas al presunto desvío. Expuso que análisis contables permitieron reconstruir rutas financieras vinculadas al funcionario durante su administración. Detalló que estos elementos fueron incorporados al expediente judicial que sustentó la nueva orden.
La FGR explicó que el ministerio público federal reunió testimonios y dictámenes periciales que respaldaron la solicitud de aprehensión. Afirmó que las pruebas acreditaron el presunto uso de mecanismos diseñados para ocultar beneficiarios y montos. Indicó que dichos hallazgos se sumaron a investigaciones iniciadas años atrás en Chihuahua. –sn–
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