La alcaldía Tlalpan adjudicó 17.97 millones de pesos a K-Partners por vehículos de seguridad. Las diferencias entre precios comerciales y montos reportados por unidades equipadas abren cuestionamientos sobre los costos de adaptación y la transparencia del contrato.
Por Fausto Hernández | Reportero
La compra de vehículos para seguridad pública en Tlalpan, encabezada por Gabriela Osorio Hernández, implicó un gasto de 17 millones 970 mil pesos a favor de K-Partners, SAPI de CV, empresa seleccionada mediante adjudicación directa. Sin embargo, las diferencias entre los precios comerciales de algunas unidades y los montos reportados por vehículos convertidos en patrullas generan cuestionamientos sobre el costo del equipamiento y la transparencia del procedimiento.
El contrato AT-2025-007 ADQ, firmado el 24 de marzo de 2025, contempló la adquisición de 13 camionetas tipo pick-up, una motocicleta y una unidad tipo grúa, todas destinadas a tareas de seguridad. La operación fue realizada a petición de la Dirección de Seguridad Ciudadana Construcción de Paz de la demarcación.
La documentación disponible reporta un monto global de 17.97 millones de pesos, pero la información difundida no permite identificar con claridad cuánto correspondió a cada vehículo, cuánto se destinó a su adaptación y qué componentes integraron el equipamiento especializado.
Diferencias entre vehículos y patrullas equipadas
Entre las unidades señaladas en la información de la adquisición figuran camionetas Chevrolet S10, cuyo precio comercial de referencia se ubica alrededor de 646 mil 700 pesos.
De acuerdo con las cifras proporcionadas para esta investigación, cada unidad habría representado un desembolso de 904 mil 281 pesos una vez convertida en patrulla.
La diferencia asciende a 257 mil 581 pesos por camioneta, aproximadamente 40 por ciento adicional respecto del precio comercial de referencia.
Por las 10 unidades, el monto pagado habría alcanzado nueve millones 42 mil 810 pesos, mientras que la diferencia acumulada frente al valor comercial de referencia sería de aproximadamente 2.57 millones de pesos.
La adaptación de vehículos policiales puede incluir balizamiento, torretas, códigos luminosos, sirenas, radiocomunicación, estructuras de protección y otros componentes necesarios para las labores de vigilancia.
Sin embargo, para evaluar la razonabilidad del gasto resulta indispensable conocer las especificaciones técnicas, cantidades, marcas, costos individuales y condiciones de instalación de cada aditamento.
Motopatrulla: el equipamiento supera el precio del vehículo
Otra diferencia señalada corresponde a una motocicleta Bajaj Dominar de 400 centímetros cúbicos.
Su precio comercial de referencia se estima en aproximadamente 96 mil pesos, mientras que el monto reportado por la unidad convertida en patrulla asciende a 220 mil 579 pesos.
La diferencia es de 124 mil 579 pesos, equivalente a casi 130 por ciento del valor comercial de referencia.
Esto significa que el costo adicional atribuido a la adaptación supera el precio de la motocicleta sin equipamiento.
La comparación, por sí sola, no demuestra un sobreprecio: para establecerlo sería necesario conocer los componentes instalados, sus características, costos de adquisición y servicios de conversión.
No obstante, la ausencia de un desglose público suficientemente detallado impide evaluar si el gasto corresponde a las condiciones del mercado.
K-Partners y sus antecedentes en contratos públicos
La empresa K-Partners, SAPI de CV, beneficiaria del contrato en Tlalpan, aparece vinculada empresarialmente con Diego Gaspar Villarias.
El nombre de la compañía también figura en antecedentes de contratación pública en Guasave, Sinaloa, donde participó en un contrato relacionado con el arrendamiento de camiones recolectores de basura.
Una revisión de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa sobre el ejercicio fiscal 2019 identificó inconsistencias en la documentación contractual y en la acreditación de la disponibilidad de los vehículos. La fiscalización solicitó investigar a los funcionarios involucrados.
Estos antecedentes ameritan revisar los procedimientos de contratación y cumplimiento de obligaciones de la empresa, aunque no constituyen por sí mismos una sanción personal contra sus socios ni acreditan irregularidades en la operación de Tlalpan.
En el caso de la alcaldía capitalina, el procedimiento se realizó mediante adjudicación directa, por lo que resulta relevante conocer los argumentos técnicos, económicos y administrativos utilizados para seleccionar al proveedor. –sn–
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