La Secretaría Anticorrupción identificó seis empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, señaladas por obtener contratos electorales por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025 mediante presunta simulación de competencia.
Por Paola Ramírez | Reportera
El gobierno federal identificó seis empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, que entre 2015 y 2025 obtuvieron contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos de organismos electorales estatales, mediante un presunto esquema de simulación de competencia en licitaciones públicas.
La investigación, presentada este jueves por Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, señala que las compañías habrían coordinado sus propuestas económicas para aparentar que competían entre sí y favorecer la adjudicación de contratos para suministrar materiales electorales.
Los señalamientos abarcan operaciones realizadas durante distintas administraciones electorales y forman parte de las investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en una crisis que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo.
Seis empresas acumularon contratos por 2 mil 740 millones de pesos
De acuerdo con la información presentada por Buenrostro, entre 2015 y 2023, un total de 23 de los 32 organismos electorales estatales adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a las compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
La revisión identificó otras adjudicaciones por 646.3 millones de pesos durante 2024 y 2025, correspondientes a 15 organismos electorales estatales.
En conjunto, los contratos documentados suman 2 mil 740.3 millones de pesos en una década.
Las seis compañías identificadas en la investigación son:
- Formas Finas y Materiales.
- Cajas Graf.
- Seriplast de México.
- Comercializadora JVLY.
- Corporativo ZEG.
- Formas Finas Fernando Fernández.
Entre 2015 y 2023, Formas Finas y Materiales concentró 825.6 millones de pesos; Cajas Graf, 751.2 millones; Seriplast de México, 380.5 millones; Corporativo ZEG, 101.2 millones, y Formas Finas Fernando Fernández, 35.5 millones.
En el periodo 2024-2025, Comercializadora JVLY recibió contratos por 234.7 millones de pesos; Cajas Graf, 181.9 millones; Corporativo ZEG, 123.7 millones, y Formas Finas y Materiales, 105.9 millones.
La dependencia elaboró su investigación con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sistema histórico CompraNet y registros empresariales.
Veracruz encabezó las contrataciones electorales
La distribución territorial de los contratos entre 2015 y 2023 muestra que Veracruz concentró el mayor monto, con 570.4 millones de pesos.
Le siguieron Nuevo León, con 314.2 millones; Hidalgo, con 203.6 millones; Oaxaca, con 200.4 millones, y Coahuila, con 139.6 millones de pesos.
En Sonora, entidad donde Guadalupe Taddei encabezó el organismo electoral local, las contrataciones atribuidas a las empresas señaladas alcanzaron 110.7 millones de pesos.
Para 2024 y 2025, Puebla registró el mayor monto, con 129.7 millones de pesos; seguida de Jalisco, con 102.2 millones; Baja California, con 76.6 millones; Oaxaca, con 64.9 millones, y Sinaloa, con 46.4 millones.
La investigación sostiene que la presencia de las compañías se mantuvo durante diferentes administraciones y procesos electorales, lo que permitió su participación recurrente en el suministro de materiales para los comicios estatales.
Los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas en Gobernación y el CISEN
La reconstrucción presentada por la Secretaría Anticorrupción sitúa los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas en la década de los ochenta, cuando ambos trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación.
Entre 1983 y 1988, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del Registro Nacional de Población.
Su hermano Raymundo Francisco ingresó en 1987 al área de Recursos Financieros y Materiales de la misma dependencia.
En 1988 se constituyó Cartonera Plástica, identificada como uno de los antecedentes empresariales relacionados con la posterior actividad de los hermanos en el mercado de materiales electorales.
Un año después, en 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). En esa etapa, José Alfredo Hernández Casillas se incorporó como secretario particular, mientras Raymundo Francisco ingresó al área de Investigaciones.
La presentación también reconstruye la trayectoria de Padilla Aguilar en el servicio público y sus posteriores responsabilidades en el Estado de México y la administración federal.
Estos antecedentes permiten identificar las relaciones profesionales y empresariales documentadas por el gobierno, pero no constituyen por sí mismos pruebas de responsabilidad penal de los exfuncionarios mencionados.
El antecedente electoral del Estado de México
La investigación identifica al Estado de México como uno de los primeros escenarios donde las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas participaron en contrataciones electorales.
En 1992 se constituyó Formas Finas Fernando Fernández, vinculada por la investigación con Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Para 1999, Cartonera Plástica, relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, ya participaba como proveedora del sector electoral.
En 2005, esta última compañía obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México para suministrar material electoral.
De acuerdo con la reconstrucción gubernamental, las denuncias por presuntas irregularidades y sobornos en la adjudicación provocaron una crisis institucional que culminó con la renuncia de los siete consejeros electorales del organismo.
Posteriormente, entre 2012 y 2013, las empresas ampliaron su presencia en contrataciones con organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
La reforma político-electoral de 2014 modificó el mecanismo de integración de los organismos locales, al transferir al Consejo General del INE la facultad de designar a sus consejeros electorales.
En septiembre de ese año, el Consejo General designó a Guadalupe Taddei Zavala como presidente del organismo electoral de Sonora.
La documentación presentada también cuestiona las condiciones de ese nombramiento y las calificaciones obtenidas por los aspirantes. Sin embargo, no acredita que el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova, hubiera ordenado adjudicaciones a las empresas investigadas ni que las designaciones de consejeros determinaran directamente las contrataciones posteriores.
Presunta simulación de competencia en las licitaciones
Uno de los principales señalamientos de la Secretaría Anticorrupción se refiere al mecanismo mediante el cual las compañías habrían participado en los procedimientos de contratación pública.
Según la investigación, empresas relacionadas entre sí presentaban propuestas económicas aparentemente independientes dentro de una misma licitación.
La hipótesis gubernamental sostiene que las ofertas se coordinaban para simular competencia y favorecer que una de las compañías obtuviera el contrato, mientras las demás participaban con propuestas destinadas a influir en el resultado.
El documento también identifica posibles vínculos entre proveedores y servidores públicos, así como compañías que presuntamente carecían de infraestructura, empleados y capacidad operativa suficiente para cumplir con los contratos adjudicados.
Otro de los señalamientos involucra el supuesto uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales de las operaciones empresariales. Entre los casos expuestos aparece el de una mujer de 96 años, cuya identidad y participación específica no fueron detalladas públicamente en la presentación.
La dependencia también señaló posibles operaciones de lavado de dinero y utilización de empresas factureras, con información relacionada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Para reconstruir las relaciones entre las compañías, la investigación utilizó información del Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía, que permite identificar socios, representantes legales, apoderados y vínculos societarios.
Los señalamientos corresponden a hipótesis de investigación y deberán acreditarse mediante las pruebas documentales, financieras y legales correspondientes.
ASF revisará 25 años de contratos electorales
La presentación de la Secretaría Anticorrupción ocurre un día después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciara una investigación de oficio sobre las contrataciones realizadas por el INE, su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos electorales estatales.
La revisión comprenderá adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar posibles irregularidades, concentración de proveedores y responsabilidades en el ejercicio de recursos públicos.
La ASF estableció tres líneas de trabajo: investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE, además de la revisión del gasto federalizado ejercido por los organismos locales.
La fiscalización permitirá ampliar el periodo de revisión más allá de los contratos identificados por la Secretaría Anticorrupción y examinar posibles patrones de contratación durante diferentes administraciones.
La investigación ocurre tras la salida de Guadalupe Taddei
Los señalamientos contra las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas se conocen en medio de la crisis institucional del INE por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.
Guadalupe Taddei Zavala presentó su renuncia a la presidencia del organismo el 26 de octubre, después de anunciar públicamente su decisión un día antes.
El Consejo General designó por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para cubrir definitivamente la vacante. –sn–
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