Funcionarios del IPN acusados por desviar más de 9 mdp del erario

Por Gabriela Díaz | Reportera

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) investigan una presunta acción fraudulenta en perjuicio de los derechos de la comunidad en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la conectividad en internet y telefonía digital.

Se trata de una supuesta compra simulada, donde autoridades de esta institución desviaron 9 millones de pesos del erario en contra de las empresas Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI) y Banana Technologies Group.

A decir de la autoridad ministerial, funcionarios de la dirección general de Cómputo y de Comunicaciones del IPN exigieron, en contubernio, con una tercera empresa Telecomunicaciones VG y Asociados, 6 millones de pesos a cambio de pagar 9 millones 257 mil pesos que se adeudan a las primeras dos firmas.

Los particulares fueron requeridos, a través de una licitación pública y tras ganarla, se emitió el contrato IPN-PS-LICI-020-2021, documento que funcionarios de la institución, dirigida por Arturo Reyes Sandoval, se negaron firmarlo, sin antes pactar con particulares por una comisión que equivale a una tercera parte del monto total, es decir, una comisión de 6 millones de pesos.

Los empresarios afectados se negaron a signar dicha «comisión», realizaron los trabajos comprometidos con el IPN y desde el lo pasado esperan a que la institución cumpla con el pago pactado, sin embargo, ante la falta de firmas en el contrato, la institución se ha negado liquidar el pago de los servicios.

Ante esta negativa y habiendo comprometido los servicios de comunicación en materia de internet y telefonía digital de la institución, la comunidad politécnica ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se respeten sus garantías en materia de «conectividad digital» y derechos a la educación.

Por su parte, las dos empresas afectadas decidieron presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), el órgano interno de control del IPN; la Secretaría de la Función Pública (SFP); y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para invocar su derecho a que el Estado mexicano cumpla con la garantía de trabajo y bien remunerado.

Ante la falta de firma en el contrario de los funcionarios del IPN, autoridades de la FGR y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) ya realiza las investigaciones ministeriales ante el presunto delito de uso indebido del ejercicio público y daños y perjuicios en contra de la comunidad politécnica y de las empresas.

La carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000816/2021 de la FGR, menciona que los funcionarios de Cómputo y Comunicaciones del IPN, particularmente Francisco Javier Hernández Betancourt –jefe de división–, están acusados de pedir dinero a PSI y Banana Technologies a cambio de cubrir el adeudo de nueve millones de pesos por trabajos ya realizados.

La indagatoria resalta que Gilberto Reyes, uno de los representantes de Telecomunicaciones VG, se identificó como primo del director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes, por lo que «debería acceder a la solicitud del cobro de dicha comisión de 6 millones de pesos, para lograr obtener su pago de 9 millones de pesos.

Aun cuando autoridades del IPN permitieron que las empresas ganadoras del contrato siguieran laborando en la mayor parte de las instalaciones del IPN acordadas en el contrato, en otras, se les negó el acceso como medida de presión, por lo que los servicios digitales en la institución quedaron comprometidos.

Las empresas PSI y Banana continuaron laborando para evitar que les fincaran responsabilidades por incumplimiento, sin embargo, en la parte final, fueron rechazados, incluso para ingresar a las instalaciones del IPN, donde operan estudiantes de nivel medio superior, superior, posgrado e investigadores.

Con base en la denuncia que se presentó en la FGR, el Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción giró el 21 de enero de 2022 un oficio a Federico Anaya Gallardo, abogado general del IPN para que presentara informes de manera urgente sobre el contrato IPN-PS-LICI-2021 y la licitación LA-011800001-E158-2021, como parte de la investigación por presuntas irregularidades por parte de funcionarios del instituto.

Más aún, las empresas afectadas han solicitado la intervención inmediata del Poder de la Judicatura de la Federación (PJF) al invocar un amparo a fin de que los responsables eviten evadir la acción de la justicia y los afectados logren recibir de manera inmediata los recursos económicos comprometidos.

Los afectados interpusieron un juicio de amparo que tocó conocer a Dinorah Hernández Jiménez, jueza noveno de distrito en materia administrativa, quien llevó a cabo la audiencia constitucional el 4 de abril de 2022 sin sentencia. –sn–

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