Vecinos del Estadio Azteca advierten que la empresa Televisa los dejará vulnerables con proyecto inmobiliario.
Rosa Martha Fernández y Lizbeth Álvarez Martínez | Reporteras
Especialistas advierten por desabasto de agua, aumento en tarifas de servicios y hará vulnerable el suelo de la zona.
Además de desabasto de agua, encarecimiento de servicios básicos y afectaciones a la movilidad, el proyecto «Conjunto Estadio Azteca» pondrá en vulnerabilidad el suelo, así lo advirtieron especialistas, personas defensoras de los derechos humanos y habitantes de esa zona al sur de la ciudad.
Durante el seminario «Megaproyecto Estado Azteca: impactos socioambientales» -organizado por la «Red de Mujeres Sindicalistas (RMS)», se puso en claro que, las medidas de mitigación que se proponen son insuficientes para abatir estos males.
Televisión Vía Satélite (Televisa), empresa propietaria del coloso, ha buscado —con la anuencia de las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum— trata de legitimar el desarrollo inmobiliario, mediante “consultas amañadas”.
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Explicaron que se intenta convencer de que este proyecto no perjudica, sino que beneficia y trae progreso, por lo que los vecinos y colectivos hicieron un llamado para organizarse e impulsar una consulta ciudadana tal y como lo marca la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para aquellas personas que integran pueblos originarios, cuyo resultado sea vinculante.
Por su parte, la RMS convocó a Natalia Lara Trejo, persona experta en megaproyectos e integrante de la Asamblea Tlalpan-Coyoacán contra el Proyecto Estadio Azteca; Miguel Soto, de la organización «PODER», y a Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, unir esfuerzos y detener esta obra que perjudicará la vida de los vecinos de esta la zona de la ciudad.
Violaciones graves a los derechos humanos
El proyecto «Conjunto Estado Azteca» contempla edificar un hotel, un estacionamiento de siete pisos y un centro comercial de cuatro niveles; según los expertos, esto elevará la demanda de productos y servicios, entre ellos, el agua, la energía eléctrica y predial, además, de que provocará un desplazo forzado a quienes menos tienen, proceso que se denomina gentrificación.
Natalia Lara alertó que las medidas de mitigación propuestas por la empresa Televisa son inviables e, incluso, riesgosas, que rayan en la violación de las garantías individuales consagrados en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Narró que la intención de perforar un pozo para extraer la cantidad de agua que requerirá el mega-desarrollo inmobiliario dejaría vulnerables a vecinos y pueblos aledaños que se verían sumamente afectados ante la imposibilidad de tener acceso al agua para consumo humano.
«Su profundidad sería mayor, en comparación con los que ya existen en las colonias, además de que está proyectado de los ya existentes», dijo.
«Más extracción significa más vulnerabilidad del suelo, más agrietamientos; con pozos tan cercanos estamos pensando que también podría haber daños a propiedades aledañas, y tenemos también muchísimas inmobiliarias alrededor que han hecho excavaciones profundas y que vulneran aún más el suelo», observó.
Presunta colusión con autoridades capitalinas
Natalia Lara Trejo afirmó que hasta ahora, ni la empresa, ni las autoridades han dado a conocer algún dictamen de las autoridades de protección civil, lo que mantiene en la incertidumbre a quienes habitan la zona, por el daño que las obras podrían causar a sus viviendas, incluso, los riesgos a los que serían sometidos los vecinos.
Agregó que, las medidas para atender los impactos al medio ambiente y a la movilidad también son inviables, ya que, por ejemplo, se plantea instalar corredores verdes y una ciclovía; sin embargo, se trata de una zona donde las calles son estrechas, por lo que implicaría reducir banquetas o complicar la movilidad vehicular y peatonal.
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En la mesa redonda, en la que participaron, al menos, 20 personas, Lara indicó que, si bien ya se llevó a cabo un proceso de consulta vecinal para grandes construcciones, este representa una confrontación directa, porque busca alinear el derechos de los habitantes con el interés de los empresarios.
«La consulta para pueblos y comunidades indígenas debe ser tal y como lo marca la autoridad internacional, el derecho a la consulta previa, libre e informada, la columna vertebral del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», recordó.
Para la especialista, esto no es viable, ya que los primeros ven el territorio como un espacio para el acceso a derechos y una vida digna, mientras que para los otros, sólo el interés de sus activos financieros.
Consulta amañada
Natalia Lara Trejo explicó que la supuesta «consulta» más que un ejercicio para conocer la opinión de las personas, se hizo énfasis en las medidas de mitigación propuestas, sin dar información sobre los riesgos que implica el proyecto.
El impacto que tendrá en el corto y mediano plazo y los diagnósticos de protección civil, «desde ahí vemos esta idea de mercadotecnia para que los vecinos puedan tener una visión agradable del proyecto y puedan aceptarlo», recalcó.
Puntualizó, a manera de ejemplo, que las mujeres que se dedican al trabajo del hogar “se tardarían más tiempo en llegar al hospital, a la escuela de sus hijos, al mercado, regresar a la casa, hacer la comida, hacer el supermercado; eso genera mucho más tiempo.
«Va a tener esa brecha de desigualdad para no tener un trabajo remunerado, dedicaría más horas al cuidado del hogar que en las horas del ambiente remunerado”, dijo.
Interés comercial, por encima del bien común
Miguel Soto manifestó que el proceso para elegir las ciudades que serían sede del Mundial de futbol 2026 —que se efectuará en Canadá, los Estados Unidos y México— tampoco fue una carrera por mejorar los derechos humanos.
Desde 2015, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) solicitó a las ciudades postulantes un informe en la materia, cómo requisito para ser consideradas. Las tres sedes en México: Guadalajara, Monterrey y ciudad de México fueron tomadas en cuenta desde el inicio, por lo que este requisito no representó el ofrecimiento de mejores condiciones y avances en materia de derechos humanos.
Como ejemplo, detalló que el informe entregado por las autoridades capitalinas omitió la remodelación de las instalaciones del «Estadio Azteca» y el mega centro comercial , así como la información sobre el impacto ambiental que generaría.
Advirtió que históricamente las copas mundiales han tenido efectos negativos en las comunidades y poblaciones vulnerables, por lo que en el marco del Mundial 2026, la protección de los derechos humanos no puede dejarse en manos de privados, y llamó al Estado mexicano a tener un papel más proactivo.
Recordó el caso de los 22 trabajadores que perdieron la vida en Rusia, tras ser contratados para la construcción de estadios para el Mundial de 2018, «evidencian que la FIFA, en su carácter de organización privada, ha demostrado que antes de anteponer los derechos humanos y el medio ambiente, prioriza el billete, sus interés económico», remarcó.
Por su parte, Francisco Cerezo detalló que cuando se construyen proyectos inmobiliarios tan grandes como el «Estadio Azteca», invariablemente se generan afectaciones en las inmediaciones, pero también a nivel ciudad. Un caso concreto es la escasez de agua, que cada día se agrava a nivel local.
El activista afirmó que el desplazo y despojo ha generado que se tenga un aparato legal que legítima a través de sus consultas amañadas y pagadas por los mismos inmobiliarios, además de permisos y supuestas medidas de mitigación.
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«Existiendo los mecanismos de democracia participativa, como es la consulta ciudadana, el gobierno de la ciudad de México se sacó de la manga este documento para aprobar los diferentes proyectos inmobiliarios neoliberales, sin consulta real a los pueblos y colonias afectadas», agregó.
Ante ello, lanzaron una iniciativa para crear comités populares, organizar el descontento de vecinos y realizar las acciones encaminadas a reunir las firmas necesarias para llevar una consulta ciudadana, cuyos resultados sean vinculantes.
«Para recabar este dos por ciento de las firmas necesarias para iniciar este proceso democrático en la ciudad de México, necesitamos el esfuerzo de todos los vecinos y gente solidaria, organizada en comités populares, cuya finalidad sea ser más eficientes en las tareas necesarias para lograr la consulta ciudadana», insistió.
De acuerdo con los expositores, se pretende que las autoridades de la ciudad de México pongan en práctica lo que en la Constitución se ha plasmado como un avance en materia de participación democrática ciudadana.
Respecto a actos que afectan a los habitantes de la capital del país así como buscar un servicio de agua potable regular, no por tandeo, con una tarifa justa, así como frenar las políticas neoliberales contra barrios, pueblos y colonias en todo México. –sn–
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