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Opinión | Que no le digan… | Peña y sus colaboradores juntos en Almoloya

Por Mario A. Medina                                                            

Cuando apenas la Fiscalía General de la República (FGR) informaba que se estaban desarrollando “procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales de carácter electoral y patrimonial, así como por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito” en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. De inmediato en las redes sociales, muchos mexicanos se dieron vuelo publicando montones de “memes” burlándose de Peña. Los más socorridos, eran fotos del priísta secándose el sudor, nervioso, preocupado.

Antes y durante su mandato también fue objeto de chistes. Se dice que los “memes” se usan para “describir una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento” o, mejor, es un mecanismo que la población lo utilizamos para burlarnos de otro; de plano, para cobrárselas a quienes (políticos) le han hecho daño a la sociedad y al país mismo.

En el imaginario social hay la idea que luego de ganar la elección  presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Peña Nieto en Palacio Nacional para acordar los términos de la transición, adquirió un compromiso, que durante su mandato no lo tocaría, supuestamente en “agradecimiento” porque EPN había reconocido el triunfo del candidato morenista. 

Desde aquel momento fueron muchos los reclamos que se le hacían al presidente, pues no había ninguna señal que hiciera pensar que su gobierno iba sobre Peña Nieto.

López Obrador repetía que su fuerte no era la venganza, que el asunto estaba en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), incluso recordaba cómo había actuado el expresidente Carlos Salinas de Gortari contra el líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia, a quien llevó a la cárcel por “homicidio y tráfico de armas”, delitos que tiempo después, se aseguraba, fueron falsos, todo eso para que Salinas pudiera legitimarse.

El presidente López Obrador no tenía por qué  recurrir a ese mecanismo. Su triunfo se lo dieron más de 30 millones de mexicanos con su voto y ningún reclamo. El de Salinas de Gortari estaba manchado por un fraude electoral contra el candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Los primeros días de julio pasado, en la conferencia mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita, provenientes de un familiar de un expresidente de la República, era claro que se refería a EPN.

Quienes estaban preocupados porque el presidente López Obrador presuntamente había decidido no tocar a Peña Nieto, parece que entienden ahora por qué no había dado ese paso, es decir, no seguir el mismo camino que Salinas, el de un “golpe espectacular”. Sí hubiera actuado de inmediato para llevar a EPN a la justicia, políticos y “analistas cercanos al expresidente hubieran repetido hasta el cansancio que dicha acción era una “venganza”, incluso se corría el peligro que el expresidente no hubiera llegado nunca a la cárcel gracias al contubernio de jueces,  “amigos” que aún están ahí, quienes le deben su cargo al mexiquense, y que hubieran hecho todo para dejarlo libre sin culpa alguna. Seguramente algunos están en esto, pero cuatro años después no les será fácil su encomienda.

Durante todo este tiempo, López Obrador ha tejido fino para evitar descalabros, boicots contra su gobierno por parte de la “mafia del poder”, que si bien ha hecho hasta lo imposible para descarrilar a la administración de la 4T, no ha sido suficiente para que la “locomotora” se accidente.

El presidente, al menos mediáticamente, ha evitado ser directo y que cualquier cosa que diga, por su investidura como Jefe de Estado, tenga un efecto para bien o para mal en este proceso judicial. El miércoles pasado señaló que no le puede pedir a la FGR que actué. Dijo que el caso debe seguir su curso y que es obligación de la dependencia proceder porque hay una acusación de por medio.

Efectivamente sigue habiendo reclamos de quienes nunca podrían perdonar a Peña y a sus colaboradores por lo  que hicieron del país, un gran botín, y que durante seis años perpetraron un gran golpe a México. 

La FGR ha iniciado una investigación que muestra que sí existe interés del gobierno de actuar contra personajes de gobiernos anteriores. Un aspecto importante que hay que destacar aquí, es que se evitó  llevar a la cárcel a probables culpables sólo para ganar simpatías y reconocimientos o por represalias, digamos, venganzas. Las pruebas se han presentado.

Sin embargo, como señalaba arriba, habríamos de escuchar que las acusaciones son producto de una “venganza”, un buen ejemplo de ello son las declaraciones hechas en estos días por politólogos y abogados  entrevistados por el diario El Universal donde “coincidieron en que el anuncio de la FGR sobre las tres carpetas de investigación abiertas contra el expresidente Enrique Peña Nieto responden a un discurso mediático con fines electorales”.

Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, consideró que “lejos de ser un acto de transparencia, la difusión de esas investigaciones es un acto mediático que busca la especulación”. O sea, que Peña es “inocente” y que las acusaciones contra éste es una “gran mentira”.

Esto fue lo que al inicio de su gobierno López Obrador quiso evitar. Entendió que no era el momento de actuar, que había de madurar su administración, fortalecerse y seguirse ganando el respaldo de la población y continuar tejiendo fino, porque la “mafia del poder” contaba con un gran poder y con un montón de intereses de por medio. Lo sigue teniendo, pero las circunstancias hoy, al menos, se han empezado a transformar.

En fin, aún faltan otros muchos a quienes se les debe llamar a cuentas, como a Luis Videgaray, a José Murillo Karam, a Aurelio Nuño, a Enrique Ochoa Reza, a Manlio Fabio Beltrones, a Miguel Ángel Osorio Chong, por mencionar a algunos, que han sido señalados de ser parte de esa “mafia del poder”, de haber hecho del país el gran negocio de su vida.

Mientras tanto a la población no nos queda de otra que caricaturizar la “desgracia –momentánea-  bien merecida” de Enrique Peña Nieto; ya repararemos en nuevos memes para ese entonces. ¿Será la venganza monera en fotos, caricaturas y chistes?

No nos queda más que esperar que el Poder Judicial, y no el Ejecutivo Federal haga su trabajo de forma clara, limpia, sin sesgos, sin favoritismos, y lleve a la cárcel a quien tenga que llevar.

Será entonces cuando a Enrique Peña Nieto y sus excolaboradores, sus cómplices, se vuelvan a ver, se vuelvan a juntar en Almoloya. ¡No por favor, juntos, noooo!

Que no le cuenten…

Sí, efectivamente, fueron pocos los eventos, las  “irregularidades” en la elección de consejeros de Morena con relación al número de lugares donde se votó. También es verdad que muchos expriístas estuvieron detrás del acarreo y desmanes denunciados. La filtración de panistas y priístas en las filas de Morena está siendo muy peligrosa. Allí está el caso de Marina Vitela que fue candidata morenista a la gubernatura en Durango. Perdió.

Por ejemplo, varios cercanos a Marina, ahora consejeros morenistas, fueron Luis Alberto Bañuelos Castro quien fue diputado local priísta; Estrella Soledad Bernal Padilla, directora del DIF en Lerdo e Ignacio Iván Cisneros. De los asiduos veteranos al restaurant del hotel Casa Blanca de la capital duranguense, que van todos los días a comentar noticias ahí, recordaba cómo éstos, todavía siendo priístas, echaban pestes contra el ya presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Vitela ha sido priísta de toda la vida. Perteneció al grupo del exgobernador Ismael  Hernández Deras, que luego de tener fricciones con éste, pasó a formar parte del grupo del también exgobernador Jorge Herrera Caldera, a quien recientemente, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo nombró secretario de asuntos religiosos del tricolor.

Sobre él recaen varias acusaciones, una de ellas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 4 mil 500 millones de pesos. Igual, en la comarca lagunera, en los cafés, en los corrillos políticos, en voz baja, después de la elección de Morena, se reconoce que es evidente que quien actuó a través de Vitela fue el PRI de “Alito” para descalificar a militantes de izquierda de muchos años y quitarlos de en medio porque “le estorban al PRI morenista”. Casos como éste, se repitieron en muchas partes del país.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: Ricardo Monreal y el “síndrome de la Chimoltrufia”

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