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Opinión | Que no le digan… | El cuento que nos quieren contar

Por Mario A. Medina                                                            

Siempre es bienvenida una crítica, un análisis que aporte y no por el contrario; es válido defender puntos de vista, pero es lamentable descalificar a partir de una argumentación fullera.

Esto han hecho desde su papel como oposición los dirigentes del PRI, PAN y PRD, también hizo lo mismo el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz con argumentaciones jurídicas que pueden ser ciertas.

En tonos distintos han reprobado el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de un decreto asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN).

Argumentan que con esta decisión se estarían violando varios artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes, pues dicen -es cierto-, se requiere que la iniciativa debe tener el visto bueno de las dos terceras partes en el Congreso federal y en los congresos locales para que nuestra carta magna se reforme.  

En las argumentaciones de éstos, el presidente López Obrador coincide de alguna manera, y sabe que Morena no cuenta en esta legislatura con esas dos terceras partes que le permitirían, sin dificultad alguna, que la GN pase a la esfera de la Sedena, y por ello, como en cualquier gobierno lo hubiera hecho. Ha decidido ensayar otras salidas legales como enviar iniciativas de reforma de ley, como lo hizo con la eléctrica, sin renunciar a enviar una reforma constitucional.

Igual, ha planteado de manera destacada que quienes están en desacuerdo con esto, “están en su derecho” en ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a impugnar, a señalar la posible inconstitucional  de las reformas que presentaría él al Congreso, y es allí en el Poder Judicial donde se resolvería la suerte de la iniciativa del Presidente, por lo que por ningún motivo se puede hablar de que estamos ante una imposición.

Entiendo que la oposición frente a la necesidad de querer hacer perder adeptos al Presidente, busca, de todas las maneras, descalificar cualquiera de sus iniciativas y por eso lanza descalificativos, frases llamativas, golpeadoras, mediáticas que suponen provocarán que pierda seguidores bajo el argumento de que “sí es un peligro para México”.  

Por ejemplo, el diputado federal panista Jorge Triana calificó a López Obrador de un “simulacro de dictador” que pretende “pasar por encima” de las Cámaras de Diputados y Senadores para hacer realidad su iniciativa; mientras que Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD consideró esta acción es una muestra de que López Obrador se está “convirtiendo en un dictador que pisotea la Constitución”. En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha dicho que el anuncio del gobierno federal “es una muestra más de su desprecio a las leyes y a las instituciones”.

En el fondo, ¿cuál es la intención de los dirigentes de la alianza “Va por México”?, rescatar, como ya señalaba antes, el discurso del “peligro para México”, de que estamos frente a un gobernante que no respeta las leyes, que “pisotea” la Constitución. 

En estos cuatro años de gobierno ha habido diferencias en esta materia; se ha debatido y en los casos donde ha habido diferencias, ha correspondido a SCJN resolver, lo mismo en lo relativo a temas electorales, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado la última palabra. Es decir, el Ejecutivo federal no ha impuesto, ha opinado sí, pero no ha resuelto porque no le corresponde. Los canales de ley, los que la Constitución señala, son los que han sido recurridos por los inconformes; y los tribunales han dado su fallo.    

Un ejemplo de esto lo expuso el mismo presidente en su conferencia mañanera cuando recordó que la oposición rechazó su reforma eléctrica, por lo que recurrió en su momento a la SCJN, institución que al final avaló su constitucionalidad. Es decir, el Presidente no impuso su voluntad, no pasó sobre la ley máxima del país, correspondió a otro Poder, el Judicial, decidir la suerte de dicha reforma, de tal manera que si, en el caso que nos ocupa, la Suprema Corte determina que sus decretos son anticonstitucionales, él cumplirá lo que la Corte determine.

Es claro que estamos viviendo en un Estado de derecho, pero también es transparente lo que vemos de la oposición, particularmente de la alianza “Va por México” que busca generar una narrativa, la que ya han practicado, de que López Obrador pretende “abolir la letra constitucional vigente” para imponer un “capricho”.  

Lo que busca el presidente es que la GN pase a la Sedena, porque dice estar convencido de que es una salida necesaria para enfrentar el principal problema de México, el de la inseguridad, pero no es cierto que se quiera imponer como en Nicaragua lo hace Daniel Ortega, por ejemplo.

Bien dice el periodista Jorge Zepeda Patterson, es necesario dejar a un lado “hipocresías” y reconocer que al menos los últimos tres gobiernos federales habían buscado dar este paso que está plantando López Obrador; incluso muchos de los exgobernadores priístas y panistas aprobaban esta misma posibilidad y la misma población clama la presencia de las fuerzas armadas “ante el enorme desafío que representa el crimen organizado”.

AMLO ha dicho que turnará su iniciativa de reforma constitucional  a los legisladores y, si no se aprueba, propondrá una reforma legal para que, quienes objeten su constitucionalidad, “acudan a la Corte para impugnarla”, pero que serán los ministros quienes determinen la procedencia de ese recurso, como ocurrió con la ley eléctrica.

Insisto, es falso el cuento de la imposición, de la violación a la Constitución, peor aún, lo del “dictador”, un invento que han querido construir que no corresponde en nada a la realidad. Que sus “formas” no gusten, eso es una cosa, y otra es que sea un “autócrata”.

Tenemos un presidente polémico, que replica, sí, que expresa sus diferencias de manera directa a sus opositores, sí, pero no recurre a los viejos métodos con los que se acallaban con quienes se tenían diferencias, me refiero al “chayo” o a la exigencia a los dueños de los medios para que corrieran a quienes los incomodaban.

Insisto, lo que hay detrás de estas declaraciones y “análisis”, es crear una narrativa tramposa que acusa al presidente de violar la Constitución, de ser un opresor, cuando estamos muy lejos de eso: Kilómetros de textos, horas y horas de audios e imágenes en TV y en radio, de críticas durísimas, de fake news en redes sociales  que dan cuenta que es puro choro eso del “déspota”. Este es el cuento que nos quieren contar, que quieren que nos lo traguemos.

Que no le cuenten…

Luego de que en una “mañanera” el presidente López Obrador afirmó que los hermanos de Margarita Zavala estuvieron detrás del fraude electoral en su contra en el 2006 que favoreció a Felipe Calderón, el @INEMexico, respondió con un “FALSO”, que el entonces IFE haya contratado a la empresa Hildebrando. “No existen registros de ninguna relación contractual de 1990 a 2022”, publicó en su twitter el INE.

En 2006, el semanario Proceso publicó: “El IFE rechazó exista o haya existido vínculo alguno entre la empresa Hildebrando SA., propiedad de Diego Zavala Gómez del Campo –el «cuñado incómodo» de Felipe Calderón–, y los sistemas informáticos del instituto, pero reconoció que hasta el 2000 existió una relación comercial con Metadata SA, propiedad también de Zavala, para la utilización del software del padrón electoral”.

O sea que el INE no dice toda la verdad. Después de aquella elección donde muchos especialistas en informática, matemáticos y expertos en materia electoral, estuvieron convencidos que la empresa de Diego Zavala metió la mano al PREP a través del diseño de un software para que los resultados favorecieran a Calderón.

El 14 de julio, en La Jornada, Jorge Camil, tituló su colaboración: “¡Hildebrando!: el arte de repetir el 88 en 2006”. Escribió que era sabido que no todas las elecciones se ganan en las urnas, que había quienes “compran el voto”; “hay quien dejó caer el sistema» y “quien pudo haber adquirido un programa informático que permitiera modificar el resultado (con) el algoritmo matemático y la matriz cibernética para ajustar los resultados”.

Seguramente el INE ya no tenía ninguna relación contractual con Hildebrando SA como tal, pero sí con otra razón social, donde siempre hubo la sospecha que algunos informáticos que habían trabajado con Diego Zavala laboraban para esa empresa, es decir, seguían colaborando para él en aquel 2006 y al interior de aquel IFE. Entonces, deberás, ¿FALSO o VERDADERO?  

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: Peña y sus colaboradores juntos en Almoloya

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