Ruiz Víquez Cuevas, funcionario del IPN acusado por agresión sexual también está relacionado a presuntos delitos como corrupción y violación a derechos humanos.

Por Martín García | Reportero                                     

Carlos Ruiz Víquez Cuevas, coordinador del Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), será aprendido y presentado ante la autoridad capitalina para enfrentar acusaciones en su contra de índole sexual.

El funcionario del IPN está acusado de emitir video-grabaciones sexuales de una de sus parejas sentimentales y después hacerlas públicas, con lo que intentó chantajear a su víctima para seguir obteniendo favores de esta índole.

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de ciudad de México libró este jueves una orden de aprehensión en contra el coordinador del Centro Nacional de Cálculo del IPN, por la comisión del delito contra la intimidad sexual agravado, como parte de la carpeta judicial 005/221/2021.

Será presentado en el Reclusorio Norte

Cabe señalar que, en su carácter de funcionario público la pena que podría recibir Carlos Ruiz Víquez Cuevas será duplicada de manera inmediata por el juzgador radicado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, lugar donde será presentado.

Víquez Cuevas quedó vinculado a proceso, pero desatendió una comparecencia, por lo que, para la autoridad, el sujeto incumplió esta y desapareció, por lo que ahora se considera prófugo de la justicia.

Delincuencia organizada

Carlos Ruiz Víquez Cuevas, coordinador del Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), también esta relacionado a la presunta comisión de diversos actos de corrupción al interior del IPN

Alumnos, académicos, investigadores, a través del colectivo Justicia Transversal Mexicano (JTM) solicitaron la intervención del ministro Arturo Zaldívar Lelo Larrea, para hacer proceder un juicio de amparo en contra de él (Víquez Cuevas) y otros funcionarios ante posibles violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.

El abogado del colectivo Mauricio Santiago Eder afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga, además, una presunta acción fraudulenta en perjuicio de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en materia de conectividad en internet y telefonía digital.

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Según la carpeta de investigación, se trata, de una compra simulada, donde autoridades de esta institución desviaron 9 millones de pesos del erario en contra de empresas del sector tecnológico que realizan sus operaciones en México y en el mundo.

Pidieron «moche» para trabajos en el IPN

A decir de la autoridad ministerial, funcionarios de la dirección general de Cómputo y de Comunicaciones del IPN, encabezados por Carlos Ruiz Víquez Cuevas -ahora prófugo de la justicia- exigieron, en contubernio con Telecomunicaciones VG y Asociados, 6 millones de pesos a cambio de pagar 9 millones 257 mil pesos que se adeudan a firmas que ya realizaron los trabajos de mantenimiento.

Tras ganar el contrato IPN-PS-LICI-020-2021, funcionarios de la institución, que dirige Arturo Reyes Sandoval, se negaron a firmarlo, sin antes pactar una comisión que equivale a una tercera parte del monto total, es decir, una comisión de 6 millones de pesos.

Ante esta investigación por hechos que presumen acciones ilegales de corrupción en perjuicio de la Nación, el abogado Santiago Eder recordó que se interpuso un juicio de amparo que le tocó conocer a Dinorah Hernández Jiménez, jueza noveno de distrito en materia administrativa, quien llevó a cabo la audiencia constitucional el pasado 4 de abril de 2022 sin emitir sentencia.

Amparo detenido

«Los presuntos hechos de corrupción ya los investiga la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Función Pública, pero se necesita la pronta acción del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar dejar en el desamparo a las víctimas», expuso.

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Sostuvo que, dentro de la indagatoria ministerial, se detalla que quedó vulnerado el derecho de la conexión de internet y telefonía digital de la comunidad politécnica, al quedar comprometidos el servicio de mantenimiento, que hasta el momento no se ha liquidado.

«Las investigaciones señalan a funcionarios cercanos al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, como responsables de presuntos actos de corrupción donde aparecen los nombres de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, titular de la Coordinación Nacional de Cálculo y subalternos como David Eduardo Magaña Martínez y Francisco Javier Hernández Betancourt, de la dirección de Cómputo y Comunicaciones», recordó.

Violación a los derechos de la comunidad del IPN

Estos funcionarios públicos están acusados por afectar a la comunidad politécnica al vulnerar sus derechos humanos, sino también de obstaculizar el proceso de adjudicación de bienes y servicios del IPN y evitar firmar un contrato de servicios, tras un hecho ilegal y de corrupción.

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La indagatoria resalta que Gilberto Reyes, uno de los representantes de Telecomunicaciones VG, se identificó como primo del director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes, por lo que «debería acceder a la solicitud del cobro de dicha comisión de 6 millones de pesos, para lograr obtener su pago de 9 millones de pesos. –-sn–

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