El informe de la CIDH y las declaraciones de familiares colocaron nuevamente en debate nacional la dimensión de la crisis de desapariciones en México y la respuesta institucional frente al problema.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la desaparición de personas representa una grave crisis de derechos humanos en México. El organismo internacional reportó más de 128 mil personas desaparecidas y alrededor de 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado.

Durante la exposición del documento, la vicepresidente de la CIDH, Andrea Pochak, sostuvo que numerosas desapariciones atribuidas al crimen organizado ocurrieron con presunta connivencia y coordinación de agentes estatales. Explicó que en esos casos podría configurarse el delito de desaparición forzada.

Informe sobre desapariciones

La CIDH planteó que el elevado número de desapariciones registradas en distintos territorios del país impidió descartar conocimiento estatal sobre actividades del crimen organizado. El organismo sostuvo que las autoridades debieron atender y esclarecer posibles niveles de tolerancia o colaboración institucional. También consideró necesario neutralizar las estructuras que facilitaron esos hechos en determinadas regiones.

El informe de la CIDH de 238 cuartillas, documenta múltiples aspectos relacionados con la crisis de desapariciones en México. El organismo incluyó apartados específicos sobre mujeres, personas migrantes y población LGBTIQ+, además de capítulos vinculados con reclutamiento forzado de jóvenes. También abordó la impunidad en investigaciones y el aumento de señalamientos sobre desapariciones cometidas por agentes estatales en contextos de militarización de la seguridad pública.

La CIDH coincidió parcialmente con diagnósticos presentados anteriormente por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, el organismo interamericano evitó clasificar las desapariciones forzadas en México como crímenes de lesa humanidad. El documento también reconoció avances recientes en algunas políticas públicas relacionadas con derechos humanos y búsqueda de personas.

Respuesta del gobierno federal

La reacción del gobierno federal ante el informe de la CIDH contrastó con la postura adoptada frente al documento emitido anteriormente por el CED. Mientras autoridades mexicanas rechazaron el informe de la ONU por mencionar crímenes de lesa humanidad, la respuesta al documento de la CIDH se realizó bajo términos institucionales distintos. La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que recibieron el informe con respeto institucional.

Las dependencias federales enviaron a funcionarios de derechos humanos para participar en la presentación del informe realizada en Cdmx. Por parte de la Segob acudió Arturo Medina Padilla, mientras que la Cancillería estuvo representada por Enrique Ochoa. Ambos funcionarios participaron en el acto donde la CIDH reiteró preocupaciones relacionadas con desapariciones forzadas y presunta colusión entre autoridades y grupos criminales. –sn–

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